LUNES 10 de Enero de 2005
TalCual
Caso Anderson
Jesse emplaza al Fiscal
Debe ser el letargo que sigue a las festividades decembrinas, pero es llamativa la indiferencia que acompañó las declaraciones del ministro del Interior, Jesse Chacón, pocos días después de Año Nuevo, sobre el caso Anderson. No fueron conchas de ajo las que tiró Chacón y por mucho que temas como el del “canciller” de las FARC y el de las tierras de Cojedes convoquen la atención pública, no vamos a dejar pasar por alto aquellas declaraciones.
Chacón no solamente señaló la existencia de dos grupos de abogados, uno de los cuales “estaba vinculado con el fiscal Anderson” (Jesse dixit), que habrían tratado de extorsionar a varios de los imputados por el caso 11A, sino que incluso hizo público el nombre de un banquero chantajeado, que “mucho antes de que ocurriera el atentado contra Anderson” (nuevamente Chacón dixit) fue a la Fiscalía y a la Defensoría “para plantear que lo estaban extorsionando” (Jesse re-dixit).
Se trata, siempre según el ministro, de Arístides Maza Tirado, quien no es un banquero cualquiera, porque además de su condición de presidente del Banco Caroní es al mismo tiempo presidente de la Asociación Bancaria Nacional. Pero aquí surge una pregunta cajonera: ¿Qué hicieron tanto la Fiscalía como la Defensoría, pero en particular la primera, con tamaña denuncia? Es probable que Maza Tirado haya hablado con el propio Isaías Rodríguez, pero de no haber sido así, se cae de maduro que éste tiene que haber sido informado de lo que Maza Tirado dijo.
Ningún fiscal subalterno se habría guardado tan escandalosa información, de modo que el Fiscal General, ya sea directamente o a través de alguno de sus subalternos, tiene que haber tenido conocimiento de la papa caliente que el banquero dejaba en manos de la Fiscalía.
¿Qué hizo Isaías? Que se sepa, nada y, peor aún, al día siguiente de la declaración del ministro del Interior, Isaías dijo a la prensa que efectivamente en el organismo que dirige habían tenido conocimiento de que algunos de los posibles imputados trataron de “arreglar” su asunto buscando pagar para que los sacaran de la lista.
Que tal hecho sea verdad es posible porque en este país esas cosas no son raras, pero no fue a eso a lo que se había referido Jesse Chacón sino exactamente a lo contrario; es decir a que un banquero, con nombre y apellido, había denunciado ante la Fiscalía que a él se le quería cobrar por ponerlo a salvo. Jesse no habló de “adinerados” (otra vez Jesse dixit) que querían sobornar sino de “adinerados” a quienes se quería chantajear.
Maza no dijo que él quería pagar sino que le querían cobrar. Y sobre esto Isaías Rodríguez hizo mutis. De hecho, se hizo el pendejo. ¿Va a continuar mudo?
Porque, de acuerdo con todo esto, Isaías Rodríguez está emplazado. Está en la obligación de informarle al país sobre el destino que dio la Fiscalía a la denuncia de Maza Tirado y está en la obligación de informar porque tras tamaña revelación el ente que dirige no tomó medidas para averiguar la relación entre Anderson y los abogados extorsionadores y tomar las providencias aconsejables, si es que hubiere habido lugar a ellas, en particular las atinentes al tratamiento bombástico que se dio al caso.
Ahora si es verdad que Isaías Rodríguez tiene que quitarse la “camisa de fuerza” de la cual habló el día del entierro de Anderson. Hay mucho que explicar.
Pero, hay algo más. Conocemos de vista, trato y comunicación a un empresario a quien le fueron pedidos 400 mil dólares para “exculparlo”. El dijo que no pagaba. Pero eso no es suficiente.
Pensamos que este empresario y cualquier otro que haya sido objeto de la misma tentativa de chantaje tiene la obligación moral y ética de declarar públicamente sobre el caso y revelar los nombres de los chantajistas. Tal como hiciera Arístides Maza. Sólo así se podría avanzar en el esclarecimiento definitivo del asesinato de Anderson, y poner al desnudo toda la turbia trama que lo rodea.
Friday, January 07, 2005
Editorial of El Nacional from Januray 6, 2005
Spanish version
El Charcote y sus problemas
La forma como el régimen bolivariano viene enfocando los problemas de la tierra se ha prestado a innumerables equívocos desde los primeros momentos de la revolución. Hace más de cinco años el Gobierno prometió llevar a cabo los estudios sobre la propiedad de la tierra indispensables para saber dónde están y cuáles son las públicas y las privadas. Una cuestión de orden, de legitimidad, de que el Estado hable con autoridad y confiabilidad. Eso no se ha hecho. La regularización de la tenencia de la tierra es un antiguo y dramático problema venezolano. A todos los gobiernos les sucede lo mismo: prometen el censo, y a poco lo van abandonando, nunca concluyen en nada. No estamos, por lo tanto, ante una excepción sino ante un fracaso conocido.
De acuerdo con fuentes oficiales, el régimen bolivariano ha repartido millones de hectáreas entre los campesinos. ¿Puede informar alguien cómo las están administrando, cuáles son sus resultados y sus perspectivas? Por lo pronto, y lo que ha trascendido, es un gran fracaso en Guárico, trasmitido y visto en televisión, donde los campesinos acusan a entidades públicas de haberlos engañado vendiéndoles semillas de maíz contaminada por hongos. Las cosechas se perdieron, con ellas los créditos y, naturalmente, las esperazas que pusieron en su trabajo.
No se necesita ser un sabio para comprender que pocos asuntos son tan complejos y dependen de tantos factores impredecibles como los trabajos agrícolas. Que se necesita preparación especial para dirigir entidades como el Instituto Nacional de Tierras. Que no basta haber comido arepas para saber las complicaciones que tiene el cultivo del maíz. El problema de la nación es que el Presidente de la República considera que sus capitanes todo lo saben y todo lo pueden hacer.
De ahí a dar palos de ciego no hay más que un paso.
De pronto aparecieron los actos espasmódicos con las iniciativas del gobernador de Cojedes “interviniendo”, fue la palabra del decreto inicial, un número muy considerable de haciendas, el famoso hato Piñero entre ellas, y también el fundo El Charcote, propiedad de una compañía inglesa que está en plena producción, según sus voceros. El gobernador Yánez Rangel convocó a una reunión de gobernadores, marginando al INTI, para pedirles no sólo solidaridad, sino también emulación, o sea, que siguieran sus pasos.
Luego de esos episodios se han involucrado el vicepresidente Rangel, el ministro de Agricultura y Tierras, el presidente del INTI, quienes anunciaron a una la reactivación del “Comando contra el latifundio”, como si se tratara de librar una gran batalla. Quizás tanto heroísmo sea innecesario. Lo que se requiere es cordura, sensatez y conocimiento.
Nadie quiere que se queden con los brazos cruzados, pero que tampoco actúen como epilépticos. Que sepan lo que hacen porque gobernar no es burlarse de todo el mundo y menos desconocer sus derechos. El gobernador de Cojedes anunció la creación de una comisión que determinaría en tantos días la situación de los hatos intervenidos. No han esperado. Fue ordenada, por ejemplo, la inmediata intervención de El Charcote, un complejo agrícola, que se le conoce como “la compañía inglesa”.
Según un comunicado de la Agropecuaria Flora, razón jurídica de El Charcote, la cadena de la titularidad se remonta hasta el año de 1830, es decir, hasta la fundación de la República de Venezuela. Los portavoces alegan que han entregado copias de esos títulos tanto al INTI en Cojedes como en Caracas. O sea, que demuestran la propiedad “ininterrumpida y muy clara”. Con el flemático estilo que los ha consagrado, un portavoz de la embajada británica expresó que “lo importante es que se respete la ley de manera imparcial”. Es lo que todo el mundo desea.
El Charcote será objeto de la intervención final por parte del gobernador de Cojedes. La noticia divulgada por la prensa parece un parte de guerra: “El sábado 8, a las 10 de la mañana, toda la maquinaria del Estado, toda la fuerza armada acantonada dentro del estado Cojedes y la fuerza policial estaremos haciendo presencia en las instalaciones del hato El Charcote para implementar la primera avanzada de la misión Tierra y hombres libres”. Ni Zamora habló así.
El gobernador Yánez Rangel prometió que no se detendría el proceso productivo en El Charcote. Dijo: “Se establecerá lo necesario para garantizar la seguridad jurídica y salvaguardar el derecho a la propiedad y al debido proceso que le corresponde a los justiciables, tal como lo preceptúa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. ¿Yánez o Cantinflas?
Spanish version
El Charcote y sus problemas
La forma como el régimen bolivariano viene enfocando los problemas de la tierra se ha prestado a innumerables equívocos desde los primeros momentos de la revolución. Hace más de cinco años el Gobierno prometió llevar a cabo los estudios sobre la propiedad de la tierra indispensables para saber dónde están y cuáles son las públicas y las privadas. Una cuestión de orden, de legitimidad, de que el Estado hable con autoridad y confiabilidad. Eso no se ha hecho. La regularización de la tenencia de la tierra es un antiguo y dramático problema venezolano. A todos los gobiernos les sucede lo mismo: prometen el censo, y a poco lo van abandonando, nunca concluyen en nada. No estamos, por lo tanto, ante una excepción sino ante un fracaso conocido.
De acuerdo con fuentes oficiales, el régimen bolivariano ha repartido millones de hectáreas entre los campesinos. ¿Puede informar alguien cómo las están administrando, cuáles son sus resultados y sus perspectivas? Por lo pronto, y lo que ha trascendido, es un gran fracaso en Guárico, trasmitido y visto en televisión, donde los campesinos acusan a entidades públicas de haberlos engañado vendiéndoles semillas de maíz contaminada por hongos. Las cosechas se perdieron, con ellas los créditos y, naturalmente, las esperazas que pusieron en su trabajo.
No se necesita ser un sabio para comprender que pocos asuntos son tan complejos y dependen de tantos factores impredecibles como los trabajos agrícolas. Que se necesita preparación especial para dirigir entidades como el Instituto Nacional de Tierras. Que no basta haber comido arepas para saber las complicaciones que tiene el cultivo del maíz. El problema de la nación es que el Presidente de la República considera que sus capitanes todo lo saben y todo lo pueden hacer.
De ahí a dar palos de ciego no hay más que un paso.
De pronto aparecieron los actos espasmódicos con las iniciativas del gobernador de Cojedes “interviniendo”, fue la palabra del decreto inicial, un número muy considerable de haciendas, el famoso hato Piñero entre ellas, y también el fundo El Charcote, propiedad de una compañía inglesa que está en plena producción, según sus voceros. El gobernador Yánez Rangel convocó a una reunión de gobernadores, marginando al INTI, para pedirles no sólo solidaridad, sino también emulación, o sea, que siguieran sus pasos.
Luego de esos episodios se han involucrado el vicepresidente Rangel, el ministro de Agricultura y Tierras, el presidente del INTI, quienes anunciaron a una la reactivación del “Comando contra el latifundio”, como si se tratara de librar una gran batalla. Quizás tanto heroísmo sea innecesario. Lo que se requiere es cordura, sensatez y conocimiento.
Nadie quiere que se queden con los brazos cruzados, pero que tampoco actúen como epilépticos. Que sepan lo que hacen porque gobernar no es burlarse de todo el mundo y menos desconocer sus derechos. El gobernador de Cojedes anunció la creación de una comisión que determinaría en tantos días la situación de los hatos intervenidos. No han esperado. Fue ordenada, por ejemplo, la inmediata intervención de El Charcote, un complejo agrícola, que se le conoce como “la compañía inglesa”.
Según un comunicado de la Agropecuaria Flora, razón jurídica de El Charcote, la cadena de la titularidad se remonta hasta el año de 1830, es decir, hasta la fundación de la República de Venezuela. Los portavoces alegan que han entregado copias de esos títulos tanto al INTI en Cojedes como en Caracas. O sea, que demuestran la propiedad “ininterrumpida y muy clara”. Con el flemático estilo que los ha consagrado, un portavoz de la embajada británica expresó que “lo importante es que se respete la ley de manera imparcial”. Es lo que todo el mundo desea.
El Charcote será objeto de la intervención final por parte del gobernador de Cojedes. La noticia divulgada por la prensa parece un parte de guerra: “El sábado 8, a las 10 de la mañana, toda la maquinaria del Estado, toda la fuerza armada acantonada dentro del estado Cojedes y la fuerza policial estaremos haciendo presencia en las instalaciones del hato El Charcote para implementar la primera avanzada de la misión Tierra y hombres libres”. Ni Zamora habló así.
El gobernador Yánez Rangel prometió que no se detendría el proceso productivo en El Charcote. Dijo: “Se establecerá lo necesario para garantizar la seguridad jurídica y salvaguardar el derecho a la propiedad y al debido proceso que le corresponde a los justiciables, tal como lo preceptúa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. ¿Yánez o Cantinflas?
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