Prohibido elegir

El Nacional

LUIS UGALDE (Rector UCAB)

Soy uno de los 20 millones de venezolanos que nunca ha militado en partidos políticos.

En mi caso como sacerdote nunca lo haré, por razones obvias. Pero sí soy militante de la democracia y de la justicia social, donde se juegan los derechos y la dignidad humana y no entiendo cómo demócratas, del lado del gobierno y de la oposición, dejan pasar los graves atentados de estos días contra la democracia.

¿Por qué los venezolanos, seis meses después del referéndum de diciembre de 2007, no tenemos el resultado definitivo? ¿En qué democracia puede continuar en el cargo un ministro de la Defensa que llama cobardes y burros a la mayoría de sus colegas militares por identificarse con la institucionalidad de la Fuerza Armada exigida por la Constitución bolivariana? ¿Cómo puede ser demócrata sincero quien desde la Presidencia afirma y exige a sus seguidores: 'Repitan que quien vote por la oposición quiere la guerra'? Tan mentira, como 'el que vote por la oposición lo hará por el plan de partir a Venezuela en pedazos' y regalárselo a Colombia o al imperio. Son esfuerzos desesperados para polarizar al país con irresponsables inventos calumniosos.

Más grave es la decisión del contralor que prohibió ser elegidos y elegir a unas 400 personas, violando expresamente el artículo 42 de la Constitución que dice: 'El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley'.

Si el contralor está ocioso y no sabe qué hacer, ahí tiene decenas de miles de millones de dólares que el Gobierno ha dispuesto y gastado contra la ley e incluso contra la Constitución, dentro y fuera del país.

¿A quién obedece el contralor al violar así la Constitución? ¿Por qué callan el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE? ¿Dónde se esconden los demócratas de la oposición y del Gobierno? Nos informan que en Bielorrusia (Irán también tiene sus métodos) inhabilitaciones análogas han sido la vía para apuntalar la dictadura.

Ante esta canallada, sorprende el silencio en los lados del Gobierno, e indigna en la oposición; pareciera que algunos torpes y sin visión están haciendo cálculos mezquinos para ver cómo se pueden beneficiar de la inhabilitación anticonstitucional que afecta a compañeros suyos. Así estaban algunos partidos de la oposición en septiembre del año pasado ante la terrible amenaza de aprobación de una Constitución totalitaria.

Nos pareció cínica, pero muy probable, la explicación que entonces nos dieron: ninguno de ellos se la juega contra esa Constitución autoritaria que acabará con la democracia, porque no quieren pagar el precio de la derrota de diciembre. Como los estudiantes no temían pagar el precio, y sí perder la democracia y la libertad, dieron la batalla a la que luego se sumaron todos para lograr el triunfo.

La mayoría de los demócratas venezolanos no se entusiasma con ciertos líderes opositores porque no los ve revolverse contra flagrantes violaciones de la Constitución, sino haciendo cálculos indignos. Parece que el árbol de la pequeña elección les impide ver el bosque de la democracia. Los venezolanos quieren ver líderes decididos contra la mala gestión y la corrupción, e identificados con los temas de justicia social en democracia. Venezuela tiene esperanza y futuro, pero le falta un sólido proyecto democrático, con organizaciones y partidos decididos a dar la cara.

No importa de qué color político sean los inhabilitados; se trata de un principio innegociable. Si el dedo supremo logra paralizar todas las instancias legales, la democracia tendrá que ser defendida en la calle. No esperen los demócratas ganar la confianza del país sin coraje ni unidad para defender la Constitución en este asunto de los inhabilitados.

No hay 'sentencia firme' de ningún juez contra estos 400, y, de acuerdo con la Constitución, ellos no están inhabilitados. Además, los que violan la Constitución, impidiendo su elección, 'incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos'.

Grave torpeza política si los partidos, movimientos ciudadanos y estudiantiles permitimos que a un buen número de candidatos se les arrebate el triunfo electoral porque, irresponsablemente, un señor contralor mandó a violar la Constitución.

Ser Opositor tiene su precio

"Los que firmen contra Chávez están firmando contra la patria, y quedarán registrados para la historia". Esta advertencia del presidente Hugo Chávez, lanzada el 16 de octubre de 2003, pasó, efectivamente, a la posteridad. Se la recuerda como emblema del proceso de discriminación y exclusión sistemática que comenzó a aplicarse en Venezuela a partir de los operativos de recolección de firmas para activar la convocatoria al referéndum revocatorio de agosto de 2004.

Desde entonces, los medios de comunicación comenzaron a difundir numerosas evidencias de que el Gobierno utilizó las listas de firmantes para tomar represalias contra quienes se identificaron en contra del proyecto chavista y a favor de que el Presidente abandonara el cargo.

Investigadores como Ana Julia Jatar, autora de El apartheid del Siglo XXI, comenzaron a estudiar y denunciar la situación de manera sistemática. Así quedaron registrados casos como el de Rocío San Miguel, ex consultora jurídica del Consejo Nacional de Fronteras, quien fue despedida de la administración pública por aparecer como firmante en la denominada "lista de Luis Tascón". Su caso llegó después a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También el de Benjamín Rausseo, "el conde del Guácharo", cuyas empresas en Margarita fueron cerradas por el Seniat después de lanzarse como candidato presidencial opositor.

Los hechos evidenciaron que asumir un papel en contra del Gobierno entraña pagar uno o varios costos. Podría tratarse, por ejemplo, de un daño moral, como el de ser sometido al desprecio público desde las más altas esferas del Poder.

"Traidores", fue uno de los muchos epítetos utilizados por el Presidente contra quienes piensan diferente.

Pero, más concretamente, exponerse como opositor puede implicar un perjuicio económico, o una causa de empobrecimiento personal o empresarial, como acaba de demostrar una investigación de los economistas Francisco Rodríguez, de la Universidad de Wesleyan; Daniel Ortega, del IESA, Chang-Tai Hsieh, de la Universidad de Berkeley, en California y Edward Miguel, también de Berkeley.

Factura política.
"Este trabajo demuestra que los ciudadanos deben pagar un costo sustancial por expresar sus posiciones políticas. Nuestros cálculos indican que los firmantes de la solicitud de referéndum revocatorio sufrieron, en promedio, una caída de 4% en sus ingresos, como consecuencia de hacer pública su preferencia política", señalan los resultados del estudio El precio de la oposición política: la evidencia de la lista Maisanta, de los autores mencionados.

"Se refleja que los firmantes tienen posibilidades muy reducidas de ser empleados por el sector público, y mucho mayores de terminar en la economía informal. Las empresas cuya directiva firmó en contra del Presidente registraron menos beneficios que las que tenían un directorio neutral o prochavista, sufrieron una presión tributaria mucho mayor, y recibieron menos dólares de Cadivi", continúa el informe.

"A pesar de que nuestros resultados indican que firmar en contra del Gobierno fue indiscutiblemente peor que no firmar, no quedó igualmente claro el hecho de que firmar a favor de Chávez –para activar los revocatorios contra diputados de oposiciónfue una buena estrategia económica", indica la investigación. "No hay evidencia de que los firmantes pro-Chávez tuvieron un desempeño laboral mejor, e incluso en algunos casos estos trabajadores sufrieron también una reducción de sus ingresos".

Curiosamente, el estudio encontró que, si bien los asalariados chavistas no obtuvieron una compensación económica verificable por demostrar su fidelidad al Gobierno, sí la disfrutaron los directivos o dueños de empresas que se identificaron como progobierno. "Estas compañías generaron mayores beneficios para sus accionistas, hallazgo que resulta consistente con el argumento de que en Venezuela emerge una nueva élite empresarial a favor del Gobierno", sostiene el reporte.

Patrón sistemático.
"Me sorprendió que encontráramos resultados tan fuertemente concluyentes", apunta el economista Francisco Rodríguez, uno de los autores del trabajo, que ha comenzado a ser difundido en universidades de Estados Unidos y Europa, y que luego será propuesto para publicación en una revista de divulgación económica.

"Lo que hicimos fue determinar si los casos de discriminación política eran aislados o si se trataba de un patrón sistemático. Además, medimos cuál era la magnitud del problema, cuánto perdía una persona que firmaba contra el Gobierno", explica Rodríguez.

"El promedio de 4% de caída en los ingresos de los trabajadores que firmaron, por supuesto, está muy desigualmente repartido, hubo personas en las que la pérdida fue mucho mayor, y otras que no experimentaron ninguna. Hubo un grupo grande de trabajadores que perdió su empleo en el sector público y, por lo general, pasaron al sector informal.

Los desempleados reflejaron muy pocas posibilidades de ingresar al sector público".

En el sector empresarial los hallazgos fueron aún más significativos. "Las compañías con directivos que firmaron recibieron menos beneficios que las que no firmaron por dos razones: Por un lado pagaron 33% más en impuestos, lo que representa en promedio unos 76.640 dólares más en tributos que las que no firmaron.

Por otra parte, las empresas con una directiva identificada como de oposición recibieron 51% menos divisas de Cadivi, mientras que las que firmaron a favor del Gobierno recibieron 55% más divisas oficiales.

Al comparar los dos números quiere decir que las compañías identificadas con el Gobierno obtuvieron 3,2 veces más divisas que las de oposición".

El método de investigación, sin embargo, no permitió confirmar un patrón sistemático en otros tipos de discriminación política ampliamente denunciados, como la negación de acceso a contratación con el Estado, la negación de documentos de identidad expedidos por oficinas públicas o la exclusión de servicios o programas sociales. El tema merecerá ser estudiado durante mucho tiempo más.