Tal Cual editorial, Monday 28 april 2008
By Alejandro Botía
Por donde quiera que se mire la mal llamada "revolución" de Hugo Chávez se observa un monumento a la ineficiencia, rebosante de corruptelas, desgobierno y concusión.
¿Dónde está el parque de La Carlota, o la Universidad de Miraflores? ¿Qué pasó con las 200 fábricas socialistas, las 20 plantas industriales del proyecto iraní, o la ciudad del acero? ¿En que quedó el motor Moral y Luces? ¿Qué fue de las comisiones presidenciales de Alimentación, Empleo Masivo, Seguridad Ciudadana o la Constituyente Económica? Pues nada. Todo se quedó en promesas, en habladera de pistoladas desde Aló Presidente, mientras el saqueo del erario público incrementa cada día un vergonzoso expediente con casos como el del Central Azucarero Ezequiel Zamora (Caeez), Fondafa, Fondur, Mercal y una larga e inagotable lista de etcéteras.
El Gobierno, pretende verle cara de bolsa a los venezolanos y sigue acudiendo a los mismos pretextos bufonescos para justificar su incompetencia: Que si el desabastecimiento es culpa de una conspiración de la oligarquía apátrida. Que si la inseguridad es responsabilidad de los paramilitares colombianos.
Que si las protestas sociales son parte de un nefasto plan del FBI y la CIA para derrocarlo.
Hay un área, sin embargo, en la que el fracaso de Chávez es notorio y en extremo lamentable: el llamado Poder Popular. Ya nadie se acuerda de la Ley de los Consejos Locales de Planificación aprobada en 2002 para incorporar a los ciudadanos en la elaboración, ejecución y fiscalización de los presupuestos municipales.
La iniciativa fue tempranamente abandonada y nunca se aplicó en rigor. Las Salas Técnicas contempladas para asesorar a las comunidades en el diseño de proyectos jamás se crearon y cuando se venció el periodo de los primeros delegados populares no se efectuó ninguna elección.
Hoy por hoy están disueltas.
La estocada final vino en 2006 con la Ley de los Consejos Comunales (CC), que rompió el nexo entre los municipios y las comunidades para hacerlas depender directamente del poder central. Desde su inicio, Miraflores se fijó como meta crear 50 mil CC y el año pasado anunció con bombos y platillos recursos por 3,7 billones de bolívares viejos para financiarlos.
Al cierre de 2007 se había conformado la nada despreciable cantidad de 33.549 CC, pero sólo 9.736 (o sea, menos de 30%) recibieron financiamiento, según cifras oficiales. De los fondos aprobados, apenas Bs. 761 millardos , equivalentes a 20% del total, fueron asignados y el resto (Bs. 2,8 billones) se transfirió a un fideicomiso en el Banco del Tesoro.
Este año el gobierno ha anunciado dos nuevas entregas de recursos por Bs.F.
842 millones (millardos de los viejos) para financiar 4.348 proyectos más. Pero ¿qué harán los 19 mil CC que no han recibido aún plata? En el marco de la Misión 13 de Abril, Chávez pretende ahora escoger 74 municipios y 381 parroquias "en especial estado de crisis" para dirigir la ayuda estatal.
En conclusión, se acabó la cobertura universal y sin condicionamientos políticos para los programas sociales. Lejos de dar solución a las necesidades en las comunidades, el Gobierno ha creado una suerte de mendicidad en las barriadas y una nueva falsa ilusión en los sectores populares, con el agravante de que pretende politizar la asistencia social.
Monday, April 28, 2008
Monday, April 21, 2008
STALINISMO TROPICAL
Teodoro Petkoff
Tal Cual editorial, April 21 2008
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La celebración oficialista de los sucesos de abril de 2002 tuvo este año un objetivo preciso: destruir la figura del general Raúl Baduel. Las toneladas de paja vertidas durante esos días, las ripiosas cadenas de YoEl-Supremo, la liturgia de Puente Llaguno y la intervención del general García Carneiro, tuvieron todas un hilo conductor: demostrar que Baduel no tuvo nada que ver con el retorno del presidente a Miraflores y que ese "Héroe de la Revolución" en verdad no es más que un traidor.
El procedimiento recuerda las manipulaciones de la historia que tuvieron lugar en la Unión Soviética durante la era de Stalin y que terminaban, después de un tiempo, no sólo con la muerte sino también con la desaparición del relato histórico de la gente que Stalin condenaba. La cosa comenzaba con una campaña de denuestos contra los "enemigos", que los cubría de fango, para luego, suficientemente destruidos política y moralmente ante los ojos de la población, no sólo fusilarlos sino borrarlos también, impunemente, de la historia.
Stalin puso especial dedicación en destruir de esa manera a toda la élite bolchevique que dirigió la revolución de 1917. Así fueron borrados de la historia, entre otros miles de viejos luchadores revolucionarios, los grandes jefes del asalto bolchevique al poder: Kamenev, Zinoviev, Bujarin y finalmente el mismísimo León Trotsky. La degollina tenía un aspecto que podría resultar cómico de no haber sido tan trágico: cada vez que Stalin liquidaba a un miembro de la dirección comunista de 1917, este era eliminado de las fotografías donde figuraba como tal dirigente. Cada año, pues, las fotografias oficiales debían ser retocadas. El fidelismo también ha sido dado a esta clase de ejercicios, aunque sin la amplitud que alcanzaron en la URSS. Hay una famosa fotografía de Fidel Castro con Carlos Franqui, director de Radio Rebelde en la Sierra Maestra y luego uno de los primeros disidentes, colocado a su derecha. Después que Franqui se fue de Cuba, también lo sacaron de la foto.
Esta constituye una de las profundas diferencias entre una concepción democrática de la vida y una totalitaria. Una visión democrática de la historia asume las contradicciones. A nadie se le ocurriría borrar de nuestra historia al general Piar. Un régimen totalitario, en cambio se esmera en proyectar una imagen de monolitismo. Tanto la parte de la historia pasada, de la cual se dice heredero, como de la suya propia, no deben presentar fisuras ni contradicciones y mucho menos contraposiciones con el líder.
No deja de producir perplejidad el empeño en copiar prácticas no sólo aberrantes sino francamente estúpidas, como estas de escribir la historia para complacer al jefe. Pero, por otro lado, si algo demuestra esta campaña staliniana contra él, es la importancia de llamarse Raúl Baduel.
Tal Cual editorial, April 21 2008
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La celebración oficialista de los sucesos de abril de 2002 tuvo este año un objetivo preciso: destruir la figura del general Raúl Baduel. Las toneladas de paja vertidas durante esos días, las ripiosas cadenas de YoEl-Supremo, la liturgia de Puente Llaguno y la intervención del general García Carneiro, tuvieron todas un hilo conductor: demostrar que Baduel no tuvo nada que ver con el retorno del presidente a Miraflores y que ese "Héroe de la Revolución" en verdad no es más que un traidor.
El procedimiento recuerda las manipulaciones de la historia que tuvieron lugar en la Unión Soviética durante la era de Stalin y que terminaban, después de un tiempo, no sólo con la muerte sino también con la desaparición del relato histórico de la gente que Stalin condenaba. La cosa comenzaba con una campaña de denuestos contra los "enemigos", que los cubría de fango, para luego, suficientemente destruidos política y moralmente ante los ojos de la población, no sólo fusilarlos sino borrarlos también, impunemente, de la historia.
Stalin puso especial dedicación en destruir de esa manera a toda la élite bolchevique que dirigió la revolución de 1917. Así fueron borrados de la historia, entre otros miles de viejos luchadores revolucionarios, los grandes jefes del asalto bolchevique al poder: Kamenev, Zinoviev, Bujarin y finalmente el mismísimo León Trotsky. La degollina tenía un aspecto que podría resultar cómico de no haber sido tan trágico: cada vez que Stalin liquidaba a un miembro de la dirección comunista de 1917, este era eliminado de las fotografías donde figuraba como tal dirigente. Cada año, pues, las fotografias oficiales debían ser retocadas. El fidelismo también ha sido dado a esta clase de ejercicios, aunque sin la amplitud que alcanzaron en la URSS. Hay una famosa fotografía de Fidel Castro con Carlos Franqui, director de Radio Rebelde en la Sierra Maestra y luego uno de los primeros disidentes, colocado a su derecha. Después que Franqui se fue de Cuba, también lo sacaron de la foto.
Esta constituye una de las profundas diferencias entre una concepción democrática de la vida y una totalitaria. Una visión democrática de la historia asume las contradicciones. A nadie se le ocurriría borrar de nuestra historia al general Piar. Un régimen totalitario, en cambio se esmera en proyectar una imagen de monolitismo. Tanto la parte de la historia pasada, de la cual se dice heredero, como de la suya propia, no deben presentar fisuras ni contradicciones y mucho menos contraposiciones con el líder.
No deja de producir perplejidad el empeño en copiar prácticas no sólo aberrantes sino francamente estúpidas, como estas de escribir la historia para complacer al jefe. Pero, por otro lado, si algo demuestra esta campaña staliniana contra él, es la importancia de llamarse Raúl Baduel.
Wednesday, April 16, 2008
La crisis será económica y política
Entrevista a Francisco Rodriguez, parte 2
Para el ex jefe de la oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, la caída en la popularidad de Hugo Chávez, combinada con la crisis económica en ciernes, resquebraja la coalición oficialista
Patricia Torres Uribe
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Francisco Rodríguez no ve al imperio detrás de todos los problemas de Venezuela y América Latina. Sin embargo, cree que en el mundo desarrollado mucha gente concibe la región exclusivamente "como unas sociedades en las cuales hay unas elites ricas, blancas que controlan el dinero y el poder; y unas clases oprimidas".
Esta concepción "no es muy distinta de la visión de Chávez. Entonces Chávez te parece muy bueno, porque está en contra de esas elites, favoreciendo a los oprimidos o al menos es lo que dice que está haciendo".
Lo más grave para el ex profesor de la Universidad de Wesleyan, no es que este esteriotipo le gane apoyos a Chávez. El problema real es que se convierte en un argumento muy conveniente para que las naciones ricas no hagan nada para ayudar y revisar asuntos críticos como los subsidios agrícolas: "por qué vamos a hacer algo si al final los ricos se van a quedar con el dinero".
–¿Cómo ve Pdvsa?
–Está muy claro que Venezuela en estos momentos no está en capacidad de producir su cuota OPEP (...) y eso evidencia que sí hay problemas graves en la industria petrolera. Hay un daño del cual la industria no se ha recuperado y es la decisión de despedir a 17 mil trabajadores. Eso tenía que tener y tuvo efectos duraderos sobre la industria. Lo otro es la decisión de convertir a PDVSA en una entidad que no tiene una finalidad clara.
–Pero Pdvsa ahora es del pueblo...
–Lo lógico en un país como Venezuela, en el que el Estado es el dueño de la industria petrolera, es que éste se beneficie de los ingresos y los utilice para llevar a cabo el gasto público. Aquí; sin embargo, esas responsabilidades no están claras. Entonces el Estado gasta, pero al mismo tiempo Pdvsa gasta en todo: le da dinero al Fondem, al Fondespa, gasta directamente en una serie de programas sociales, de infraestructura; y al final lo que encuentras es a una empresa que antes hacía una cosa que era producir petróleo -y lo hacía bienahora le estás pidiendo que haga muchísimas cosas, y eso tiene un costo sobre la capacidad gerencial-organizativa de la empresa.
–¿Cómo definir entonces las políticas socioeconómicas del gobierno de Chávez? – Cómo una revolución vacía...
Creo que este gobierno cabe dentro de la definición, bastante estudiada en los campos de la economía y las ciencias políticas, del populismo económico, y en ese sentido se parece mucho a los gobiernos de Perón y el primero de Alan García.
–¿Cuáles son las características de estos gobiernos?
–Son gobiernos que tratan de utilizar la política fiscal y monetaria para generar expansiones económicas muy fuertes, combinadas con controles de precio que terminan generando crisis económicas, cuyo ajuste perjudica mucho más a los sectores pobres. Creo que es lo que estamos viendo ahora. Claro que en el caso de Venezuela con unas ineficiencias que son escondidas por los altísimos precios del petróleo. Si no fuera por eso hace tiempo se habría entrado en una crisis económica fuerte, pero ya se está entrando.
CRISIS MOLOTOV
–¿Cuáles serían las consecuencias de la crisis económica que comienza?
–Hay un fenómeno que está ocurriendo, que revelan todas las encuestas, y es una caída significativa de la popularidad del Presidente a niveles que no habían estado tan bajos desde 2003. (...).
Entonces creo que estamos en un momento en que la crisis económica se está combinando con una crisis política.Y esa crisis política tiene que ver con el hecho de que cuando Chávez no tiene una popularidad tan alta, entonces su coalición interna comienza a resquebrajarse y mucho más después que se demostró que pueden perder una elección.
–¿Qué implica que el chavismo puede perder?
–El (resultado) del 2 de diciembre es vital porque si el gobierno no hubiese perdido tal vez habría mucha gente en el campo oficialista que diría: bueno, aunque Chávez sea impopular nosotros no vamos a perder elecciones. Pero se demostró que el gobierno puede perder elecciones. Entonces se generan las condiciones para que en el oficialismo muchos sectores comiencen a pensar dos veces sobre cuánto tiempo van a estar con Chávez, sobre todo cuando hay una situación de deterioro de la popularidad del Presidente y una crisis económica que apenas comienza.
–¿En qué puede terminar esta crisis?
–Cómo esta crisis se puede desenvolver, es difícil saberlo. Tal vez se desenvuelva en una transición democrática; tal vez se desenvuelva en un golpe autoritario, sea en contra de Chávez o sea un golpe autoritario del mismo Chávez o de los chavistas, por ejemplo, suspendiendo elecciones. Todas son posibilidades que no puedo predecir, pero sí creo que vamos hacia una crisis que va a tener características económicas y políticas.
–¿Cuáles son las opciones para evitar salidas de fuerza?
–Es un tema muy complejo. Me gustaría decir que lo ideal para que hubiese paz es que hubiera una transición política y en el momento que al gobierno le toque entregar el poder pase a ser oposición y tengamos una evolución, por ejemplo, como la de los nicaragüenses.
Los sandinistas fueron gobierno, luego pasaron a ser parte de la oposición y ahora están el en poder otra vez. Allí hay un sistema político que se convierte en un sistema estable y que termina estando por encima de los partidos. Sin embargo, eso es difícil visualizarlo en Venezuela.
–¿Por qué?
–Creo que con muchísima razón en estos momentos se van a plantear temas relativos a violaciones de derechos humanos y políticos, problemas de malversación y corrupción que la sociedad va a exigir que se castiguen y que van a dificultar una transición estable.
–¿Quién tiene la responsabilidad de esta crisis? ¿El chavismo?
–No, creo que Chávez y el chavismo son expresiones de la sociedad venezolana. Por su puesto que tienen responsabilidad, pero hay razones por las cuales existía la demanda política por ese discurso y esas razones tienen que ver con problemas reales. A mí lo que me gustaría ver es un gobierno que de verdad le diera prioridad a los pobres, un gobierno que efectivamente reorientase el gasto hacia programas sociales efectivos, porque la ineficiencia de eso es lo que ha generado los grandes conflictos en Venezuela.
–¿Y hacia el futuro quiénes tienen la responsabilidad?
–La responsabilidad es de todos, y la responsabilidad, viendo hacia el futuro, es reformar las grandes inequidades y reformar el sistema institucional venezolano para que puedan expresarse y atenderse las grandes desigualdades que existen.
Para el ex jefe de la oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, la caída en la popularidad de Hugo Chávez, combinada con la crisis económica en ciernes, resquebraja la coalición oficialista
Patricia Torres Uribe
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Francisco Rodríguez no ve al imperio detrás de todos los problemas de Venezuela y América Latina. Sin embargo, cree que en el mundo desarrollado mucha gente concibe la región exclusivamente "como unas sociedades en las cuales hay unas elites ricas, blancas que controlan el dinero y el poder; y unas clases oprimidas".
Esta concepción "no es muy distinta de la visión de Chávez. Entonces Chávez te parece muy bueno, porque está en contra de esas elites, favoreciendo a los oprimidos o al menos es lo que dice que está haciendo".
Lo más grave para el ex profesor de la Universidad de Wesleyan, no es que este esteriotipo le gane apoyos a Chávez. El problema real es que se convierte en un argumento muy conveniente para que las naciones ricas no hagan nada para ayudar y revisar asuntos críticos como los subsidios agrícolas: "por qué vamos a hacer algo si al final los ricos se van a quedar con el dinero".
–¿Cómo ve Pdvsa?
–Está muy claro que Venezuela en estos momentos no está en capacidad de producir su cuota OPEP (...) y eso evidencia que sí hay problemas graves en la industria petrolera. Hay un daño del cual la industria no se ha recuperado y es la decisión de despedir a 17 mil trabajadores. Eso tenía que tener y tuvo efectos duraderos sobre la industria. Lo otro es la decisión de convertir a PDVSA en una entidad que no tiene una finalidad clara.
–Pero Pdvsa ahora es del pueblo...
–Lo lógico en un país como Venezuela, en el que el Estado es el dueño de la industria petrolera, es que éste se beneficie de los ingresos y los utilice para llevar a cabo el gasto público. Aquí; sin embargo, esas responsabilidades no están claras. Entonces el Estado gasta, pero al mismo tiempo Pdvsa gasta en todo: le da dinero al Fondem, al Fondespa, gasta directamente en una serie de programas sociales, de infraestructura; y al final lo que encuentras es a una empresa que antes hacía una cosa que era producir petróleo -y lo hacía bienahora le estás pidiendo que haga muchísimas cosas, y eso tiene un costo sobre la capacidad gerencial-organizativa de la empresa.
–¿Cómo definir entonces las políticas socioeconómicas del gobierno de Chávez? – Cómo una revolución vacía...
Creo que este gobierno cabe dentro de la definición, bastante estudiada en los campos de la economía y las ciencias políticas, del populismo económico, y en ese sentido se parece mucho a los gobiernos de Perón y el primero de Alan García.
–¿Cuáles son las características de estos gobiernos?
–Son gobiernos que tratan de utilizar la política fiscal y monetaria para generar expansiones económicas muy fuertes, combinadas con controles de precio que terminan generando crisis económicas, cuyo ajuste perjudica mucho más a los sectores pobres. Creo que es lo que estamos viendo ahora. Claro que en el caso de Venezuela con unas ineficiencias que son escondidas por los altísimos precios del petróleo. Si no fuera por eso hace tiempo se habría entrado en una crisis económica fuerte, pero ya se está entrando.
CRISIS MOLOTOV
–¿Cuáles serían las consecuencias de la crisis económica que comienza?
–Hay un fenómeno que está ocurriendo, que revelan todas las encuestas, y es una caída significativa de la popularidad del Presidente a niveles que no habían estado tan bajos desde 2003. (...).
Entonces creo que estamos en un momento en que la crisis económica se está combinando con una crisis política.Y esa crisis política tiene que ver con el hecho de que cuando Chávez no tiene una popularidad tan alta, entonces su coalición interna comienza a resquebrajarse y mucho más después que se demostró que pueden perder una elección.
–¿Qué implica que el chavismo puede perder?
–El (resultado) del 2 de diciembre es vital porque si el gobierno no hubiese perdido tal vez habría mucha gente en el campo oficialista que diría: bueno, aunque Chávez sea impopular nosotros no vamos a perder elecciones. Pero se demostró que el gobierno puede perder elecciones. Entonces se generan las condiciones para que en el oficialismo muchos sectores comiencen a pensar dos veces sobre cuánto tiempo van a estar con Chávez, sobre todo cuando hay una situación de deterioro de la popularidad del Presidente y una crisis económica que apenas comienza.
–¿En qué puede terminar esta crisis?
–Cómo esta crisis se puede desenvolver, es difícil saberlo. Tal vez se desenvuelva en una transición democrática; tal vez se desenvuelva en un golpe autoritario, sea en contra de Chávez o sea un golpe autoritario del mismo Chávez o de los chavistas, por ejemplo, suspendiendo elecciones. Todas son posibilidades que no puedo predecir, pero sí creo que vamos hacia una crisis que va a tener características económicas y políticas.
–¿Cuáles son las opciones para evitar salidas de fuerza?
–Es un tema muy complejo. Me gustaría decir que lo ideal para que hubiese paz es que hubiera una transición política y en el momento que al gobierno le toque entregar el poder pase a ser oposición y tengamos una evolución, por ejemplo, como la de los nicaragüenses.
Los sandinistas fueron gobierno, luego pasaron a ser parte de la oposición y ahora están el en poder otra vez. Allí hay un sistema político que se convierte en un sistema estable y que termina estando por encima de los partidos. Sin embargo, eso es difícil visualizarlo en Venezuela.
–¿Por qué?
–Creo que con muchísima razón en estos momentos se van a plantear temas relativos a violaciones de derechos humanos y políticos, problemas de malversación y corrupción que la sociedad va a exigir que se castiguen y que van a dificultar una transición estable.
–¿Quién tiene la responsabilidad de esta crisis? ¿El chavismo?
–No, creo que Chávez y el chavismo son expresiones de la sociedad venezolana. Por su puesto que tienen responsabilidad, pero hay razones por las cuales existía la demanda política por ese discurso y esas razones tienen que ver con problemas reales. A mí lo que me gustaría ver es un gobierno que de verdad le diera prioridad a los pobres, un gobierno que efectivamente reorientase el gasto hacia programas sociales efectivos, porque la ineficiencia de eso es lo que ha generado los grandes conflictos en Venezuela.
–¿Y hacia el futuro quiénes tienen la responsabilidad?
–La responsabilidad es de todos, y la responsabilidad, viendo hacia el futuro, es reformar las grandes inequidades y reformar el sistema institucional venezolano para que puedan expresarse y atenderse las grandes desigualdades que existen.
Monday, April 14, 2008
Resucitan convenios operativos
Pdvsa anunció que en los próximos cinco años, la empresa china tendrá el 30% de las operaciones petroleras y se estima que entregar los campos a terceros es el retorno a los contratos de servicios de la vieja operadora.
José Suárez Núñez
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Pdvsa firmó con China National Petroleum Corporation Services un acuerdo, que según el comunicado oficial, capturará en 5 años el 30% de las operaciones petroleras venezolanas, lo que indica que utilizarán personal nacional y tecnología china.
Este acuerdo es el retorno a los "vilipendiados contratos de servicios/convenios operativos" de la apertura petrolera, con tecnología oriental y no del "Imperio". Estos contratos fueron otorgados directamente, pues no se hicieron ofertas ni licitaciones, no se divulgaron las áreas que perforarán y se desconoce, además, cuanto pagará Pdvsa por el barril producido, que según el despacho de Energía y Petróleo costaba en el pasado 8 millardos de dólares anuales.
Este acuerdo con China Services, cubrirá parte de la debilidad operacional de Pdvsa, que no ha podido levantar la producción y se limitó a mantener la declinación de los pozos. Este acuerdo –según los expertos – es la única manera operativa para que Pdvsa pueda cumplir el contrato de suministros con China de 1 millón de barriles diarios de crudos.
En el mismo acuerdo se indica que la meta de producción de Pdvsa de más de 5 millones de barriles diarios para el 2012, se mueve hasta el 2015.
No se explica en el acuerdo si CNCP Services entregará los crudos a Pdvsa, para que la empresa petrolera estatal los venda en el mercado internacional, práctica a la que estaban obligados los convenios operativos de la vieja Pdvsa, o se trata de un mecanismo original para que los clientes vengan directamente a producir los crudos, los levanten y transporten en sus buques hasta su destino.
FALTAN LOS RECURSOS
FINANCIEROS
Tampoco se hace referencia a cuáles serán los campos que serán operados, si se trata de crudos convencionales, o si serán de la Faja, un asunto importante por esclarecer, debido a que podrían ser los pocos campos de crudos livianos.
Esta entrega de campos para producción de activos a empresas foráneas se decide cuando no se dispone de recursos financieros suficientes, de equipos de producción (taladros) y de personal especializado.
La respuesta del acuerdo firmado con CNPC Services podría reunir estos aspectos: el flujo de caja de Pdvsa es muy débil, lleva años rogando alrededor del mundo el alquiler de taladros. Empresas asociadas han advertido que la capacidad gerencial operativa es crítica, no obstante su actual nómina de 100.000 personas.
El acuerdo firmado con CNPC Services tiene circunstancias similares a las que influyeron a que la vieja Pdvsa proyectara la apertura petrolera con los 32 contratos de servicios. En la vieja Pdvsa se licitaban los campos y las compañías los operaban, pagaban las nóminas y finalmente entregaban la producción a Pdvsa para que lo comercializara.
¿SE LLEVARÁN EL CRUDO O LO ENTREGARÁN? Como detalle significativo, los contratos de servicio / convenios operativos perforaron 3.000 nuevos pozos y aportaron 5.000 millones de barriles de nuevas reservas. ¿Ahora la empresa CNPC Services se llevará directamente el crudo que ha extraído, o se lo entregará a Pdvsa para su comercialización? Destacan los expertos que la vieja Pdvsa entregó campos inactivos, (con algunas excepciones Campo Boscán y Urdaneta Oeste). En la actualidad se entregan campos activos en producción.
La semana pasada Pdvsa firmó una sociedad con la empresa transnacional india ONGC, (OVL) para operar el campo San Cristóbal con un pago de $170 millones por el acceso a la producción y una inversión de $450 millones en los próximos cinco años. El campo tiene 232 millones de barriles de reservas de crudo; 1.038 millones de barriles de petróleo original en sitio y 264 millones de pies cúbicos de gas. El área según el comunicado de Pdvsa tiene un factor de recobro de 22,39% y el plan de desarrollo contempla una duración de 25 años.
En la empresa mixta constituida Petrolera Indovenezuela, Pdvsa tendrá un capital accionario de 60% y a OVL el 40% restante. El campo está produciendo 30.000 barriles diarios y aspiran elevar la producción a 60.000 barriles diarios.
SÓLO 76
TALADROS
El año pasado Pdvsa vendió a India 22.000 barriles diarios de crudos y productos `spot’y otro volumen de 45.000 barriles diarios en el 2006. El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez destacó que la transnacional india estará interesada en participar en la futura licitación de un bloque del campo Carabobo, además de su participación en el campo Junín, donde tiene asignada la cuantificación y certificación de reservas.
Pdvsa, con sólo 76 taladros activos (según el informe mensual de Baker Hughes Services), ante los contratiempos para conseguir más y con su ambicioso proyecto de Siembra Petrolera detenido desde hace dos años, piensa disponer de escuálidos recursos y entregar su producción a terceros para cumplir sus metas.
José Suárez Núñez
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Pdvsa firmó con China National Petroleum Corporation Services un acuerdo, que según el comunicado oficial, capturará en 5 años el 30% de las operaciones petroleras venezolanas, lo que indica que utilizarán personal nacional y tecnología china.
Este acuerdo es el retorno a los "vilipendiados contratos de servicios/convenios operativos" de la apertura petrolera, con tecnología oriental y no del "Imperio". Estos contratos fueron otorgados directamente, pues no se hicieron ofertas ni licitaciones, no se divulgaron las áreas que perforarán y se desconoce, además, cuanto pagará Pdvsa por el barril producido, que según el despacho de Energía y Petróleo costaba en el pasado 8 millardos de dólares anuales.
Este acuerdo con China Services, cubrirá parte de la debilidad operacional de Pdvsa, que no ha podido levantar la producción y se limitó a mantener la declinación de los pozos. Este acuerdo –según los expertos – es la única manera operativa para que Pdvsa pueda cumplir el contrato de suministros con China de 1 millón de barriles diarios de crudos.
En el mismo acuerdo se indica que la meta de producción de Pdvsa de más de 5 millones de barriles diarios para el 2012, se mueve hasta el 2015.
No se explica en el acuerdo si CNCP Services entregará los crudos a Pdvsa, para que la empresa petrolera estatal los venda en el mercado internacional, práctica a la que estaban obligados los convenios operativos de la vieja Pdvsa, o se trata de un mecanismo original para que los clientes vengan directamente a producir los crudos, los levanten y transporten en sus buques hasta su destino.
FALTAN LOS RECURSOS
FINANCIEROS
Tampoco se hace referencia a cuáles serán los campos que serán operados, si se trata de crudos convencionales, o si serán de la Faja, un asunto importante por esclarecer, debido a que podrían ser los pocos campos de crudos livianos.
Esta entrega de campos para producción de activos a empresas foráneas se decide cuando no se dispone de recursos financieros suficientes, de equipos de producción (taladros) y de personal especializado.
La respuesta del acuerdo firmado con CNPC Services podría reunir estos aspectos: el flujo de caja de Pdvsa es muy débil, lleva años rogando alrededor del mundo el alquiler de taladros. Empresas asociadas han advertido que la capacidad gerencial operativa es crítica, no obstante su actual nómina de 100.000 personas.
El acuerdo firmado con CNPC Services tiene circunstancias similares a las que influyeron a que la vieja Pdvsa proyectara la apertura petrolera con los 32 contratos de servicios. En la vieja Pdvsa se licitaban los campos y las compañías los operaban, pagaban las nóminas y finalmente entregaban la producción a Pdvsa para que lo comercializara.
¿SE LLEVARÁN EL CRUDO O LO ENTREGARÁN? Como detalle significativo, los contratos de servicio / convenios operativos perforaron 3.000 nuevos pozos y aportaron 5.000 millones de barriles de nuevas reservas. ¿Ahora la empresa CNPC Services se llevará directamente el crudo que ha extraído, o se lo entregará a Pdvsa para su comercialización? Destacan los expertos que la vieja Pdvsa entregó campos inactivos, (con algunas excepciones Campo Boscán y Urdaneta Oeste). En la actualidad se entregan campos activos en producción.
La semana pasada Pdvsa firmó una sociedad con la empresa transnacional india ONGC, (OVL) para operar el campo San Cristóbal con un pago de $170 millones por el acceso a la producción y una inversión de $450 millones en los próximos cinco años. El campo tiene 232 millones de barriles de reservas de crudo; 1.038 millones de barriles de petróleo original en sitio y 264 millones de pies cúbicos de gas. El área según el comunicado de Pdvsa tiene un factor de recobro de 22,39% y el plan de desarrollo contempla una duración de 25 años.
En la empresa mixta constituida Petrolera Indovenezuela, Pdvsa tendrá un capital accionario de 60% y a OVL el 40% restante. El campo está produciendo 30.000 barriles diarios y aspiran elevar la producción a 60.000 barriles diarios.
SÓLO 76
TALADROS
El año pasado Pdvsa vendió a India 22.000 barriles diarios de crudos y productos `spot’y otro volumen de 45.000 barriles diarios en el 2006. El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez destacó que la transnacional india estará interesada en participar en la futura licitación de un bloque del campo Carabobo, además de su participación en el campo Junín, donde tiene asignada la cuantificación y certificación de reservas.
Pdvsa, con sólo 76 taladros activos (según el informe mensual de Baker Hughes Services), ante los contratiempos para conseguir más y con su ambicioso proyecto de Siembra Petrolera detenido desde hace dos años, piensa disponer de escuálidos recursos y entregar su producción a terceros para cumplir sus metas.
Los pobres no son la prioridad
Tal Cual, Monday 14 April
El jefe de la oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional entre 2000 y 2004 asegura, con base en estadísticas oficiales, que Chávez no gobierna para los sectores más deprimidos y que las misiones son apenas una estrategia de relaciones públicas
Patricia Torres Uribe
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En febrero de 2002, Francisco Rodríguez se reunió con el presidente Hugo Chávez durante tres horas. En el amanecer del tercer aniversario de su gobierno, el ingreso real del país y el bolívar experimentaban una caída libre, que resultó en una contracción de 4,4% del primero y una pérdida del 40% del valor del segundo al cierre del primer trimestre de ese año. Venezuela le abría la puerta a la recesión.
Rodríguez era entonces el jefe de la oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, y los "moderados" en el gobierno organizaron la cita con una esperanza: ganar la voluntad del mandatario para introducir cambios en los manejos del dinero público que permitieran elevar los ingresos y racionalizar los gastos del Estado.
Chávez escuchó con interés, tomó notas, interrumpió la conversación; y al final despidió al economista con la instrucción de reunirse con sus ministros y la promesa de futuros encuentros.
Pero la crisis económica tornó en política, llegó abril y el gobierno encontró la excusa perfecta para radicalizarse y escurrir la culpa de tres años de políticas socioeconómicas fallidas: el golpe. Rodríguez no le volvió a ver la cara al Presidente.
Así relata el ahora profesor de la Universidad de Wesleyan, en EEUU, el episodio en la edición marzo-abril de la revista Foreign Affairs. En un artículo titulado "Una revolución vacía: Las promesas incumplidas de Hugo Chávez", el ex funcionario expone una hipótesis que ya en el 2002 sospechaba, y que en los últimos seis años, estadísticas oficiales mediante, ha logrado comprobar: Los pobres no son una prioridad en el gobierno de Hugo Chávez.
–¿Por qué una revolución vacía?
–La principal idea de una revolución vacía refiere a la identificación de que en el planteamiento fundamental que Chávez ha hecho, tanto al país como en el resto del mundo, uno de los postulados principales es que su gobierno está orientado y ha estado orientado a resolver los problemas de los pobres, lo cual es algo que muy poca gente ha cuestionado. Lo otro que se asume es que esto no se hacía en los gobiernos anteriores y que los pobres no estaban compartiendo la riqueza petrolera.
–¿Y no es así?
–La realidad es que las políticas públicas de Chávez no muestran ninguna evidencia de ser políticas que le den prioridad a los pobres.
–¿Qué pruebas tiene para realizar esta afirmación?
–Te puedo dar varios ejemplos.
Si te pones a calcular cuál efectiva ha sido Venezuela en reducir la pobreza, midiendo por ejemplo cuántos puntos de reducción de pobreza hemos logrado por cada punto de crecimiento económico, conseguimos con que esa tasa de eficiencia es relativamente baja.
En Venezuela tenemos una tasa de reducción de pobreza de aproximadamente un punto por cada punto de crecimiento económico y eso es más bajo que la de otros países del mundo. El promedio en Latinoamérica, por caso, es cerca de dos puntos de reducción de pobreza por cada punto de aumento del PIB.
–¿Quiere decir que la pobreza no debería ser el 27,5% que reporta el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sino la mitad?
–El cálculo es un poco más complejo, entre otras cosas, y este es un detalle importante, porque la pobreza en Venezuela está subestimada por el tema de la escasez.
Pero nuestros cálculos indican que la pobreza –si Venezuela hubiera estado trabajando o hubiese estado reduciendo la pobreza al ritmo de otros países– debería estar entre el 18 y el 23 por ciento.
–¿Por qué dice que la pobreza en Venezuela está subestimada?
–La pobreza en Venezuela está subestimada por las distorsiones en el cálculo de la línea de pobreza, que es el dinero necesario para comprar una serie de bienes indispensables para el consumo de una familia por encima de cierto nivel básico (...). Cuando hay altos niveles de escasez como los hay ahora en Venezuela, los precios que se utilizan son los precios oficiales a pesar de que estos no tienen mucha significación en la realidad.
–¿Entonces cuál es la realidad de la pobreza?
–Nosotros, en un escenario relativamente conservador, en el cual la prima del mercado negro –lo que la gente paga en exceso por los bienes regulados– es de 40%, registramos un incremento de la pobreza a 35,8%, es decir un poco más de 8 puntos por encima de la cifra del INE.
–Volvamos a las evidencias que prueban que los pobres no son una prioridad en el gobierno de Chávez. –Si analizas la composición del presupuesto, encuentras que la proporción destinada a los gastos que son más favorables a los pobres, tales como educación, salud y vivienda, se mantiene más o menos al mismo nivel que antes de Chávez. Calculo que el porcentaje del gasto público que ha ido a esos tres componentes durante los primeros ocho años en el gobierno de Chávez (que son para los que tenemos estadísticas) es 25,12% y en los ochos años previos a su llegada al poder era 25,08%; es decir exactamente el mismo porcentaje.
Apenas una cuarta parte del presupuesto es para educación, salud y vivienda, y el resto va a otras cosas; de modo que no ha habido un cambio en las prioridades.
–¿Esta proporción incluye las misiones y el gasto social de Pdvsa?
–Sí, independientemente de que hablemos del presupuesto del gobierno central o que contemos también el presupuesto de Pdvsa.
Mucha gente cree que Pdvsa está gastando una cantidad gigantesca en las misiones y cuando te pones a ver lo que Pdvsa llama supuestamente "gasto para el desarrollo social", incluye el programa de reordenamiento de la deuda pública, proyectos del ministerio de Defensa, proyectos de infraestructura, como el metro de Maracaibo, el ferrocarril de los Valles del Tuy; y al final la proporción de gastos que va a misiones educativas, Barrio Adentro y programas de vivienda también es más o menos un poco más de un cuarto: 26,8%.
–Pero el gobierno asegura que hay avances importantes en salud y educación. –La tercera pieza de evidencia es justamente el comportamiento de indicadores de salud y educación, como la tasa de mortalidad infantil. El gobierno habla que ha reducido la tasa de mortalidad de 21% a 15%, pero si ves la tasa de mortalidad infantil y adoptas una visión de largo plazo, te das cuenta que este indicador en Venezuela se viene reduciendo desde los años 40 a un ritmo de 3,3% al año, antes y después de Chávez. Otra vez estamos ante un caso en el cual el progreso en el desempeño es más o menos el de gobiernos anteriores, y además mucho menor que el de otros países. Por poner ejemplos, Argentina redujo la mortalidad infantil en 5,5%, Chile en 5,3%; México en 5,2 por ciento.
Otra prueba es la supuesta erradicación del analfabetismo. Utilizando los datos de la encuesta de hogares del INE del segundo semestre de 2005, que coinciden con el momento en que el gobierno declaró a Venezuela territorio libre de analfabetismo (octubre de 2005), encontramos que en Venezuela había un millón de analfabetas y que la proporción sólo había bajado levemente en aproximadamente 92 mil personas.
–¿Cómo se explica entonces el posicionamiento de Chávez como el presidente de los pobres?
–Para esto es importante entender que, independientemente de los méritos que pueden tener algunas de las misiones –que los tienen– éstas fueron concebidas primordialmente como una estrategia política y de relaciones públicas. Para el gobierno era mucho más importante demostrarle al país, a los votantes y al resto del mundo que sí estaba haciendo algo a favor de los pobres, que efectivamente hacerlo.
Recuerdo la famosa cadena de Chávez del 11 de abril. En un momento en que el gobierno estaba amenazado, Chávez comenzó diciendo: bueno aquí hay una gente que está protestando en contra de mi gobierno y dicen que nosotros no hemos hecho nada, y por su puesto que nosotros hemos hecho cosas, como por ejemplo la reestructuración del poder judicial. Lo primero que se le vino a la cabeza como logro fue la reestructuración del poder judicial, que era un desastre y no había ocurrido.
–¿Pero ahora hay Barrio Adentro?
–Después del golpe del 11 de abril y de la crisis del paro de 2002-2003, el gobierno decide que necesita una estrategia de relaciones públicas y vender efectivamente la idea de que estaba haciendo algo a favor de los sectores más pobres. Entonces cuando inventa las misiones, sí inventa unos programas sociales, pero más que todo inventa una estrategia comunicacional. Por eso no importaba realmente cuánta gente de verdad se había alfabetizado, tenías que decir que tenías logros, que habías erradicado el analfabetismo y lamentablemente mucha gente se creyó eso dentro y fuera del país.
–¿Adónde va el dinero del presupuesto si la prioridad no son los pobres? – A gasto militar, a expansión de la burocracia, pago de deuda. Hay también mucho gasto en obras públicas de infraestructura. Algunas de esas obras no sé si las terminarán algún día, pero sí que mucho gasto ahora está yendo a contratos.
–¿Estás obras no benefician a los pobres?
–A mí me gusta distinguir entre dos gastos, uno es lo que en Venezuela se llama gasto social que incluye educación y salud, pero también otras cosas que no son necesariamente para los pobres, cómo ciencia y tecnología, cultura o seguridad social que usualmente es gasto de pensiones, que en Venezuela tienden a estar en el sector público y benefician, no a los sectores más pobres, sino a los de clase media.
El otro gasto que a mí me gusta distinguir es lo que llamo gasto para los pobres, que es primordialmente educación, salud y vivienda, que son los que verdaderamente inciden en el nivel de vida de la gente pobre. Este gasto es aproximadamente el 25% del presupuesto, lo ha sido y lo seguirá siendo.
–¿Cuál es la proporción del gasto que se debería destinar a gasto para los pobres? –Creo que se puede aumentar significativamente, y dentro del marco del presupuesto que nosotros tenemos, llevarse a 35-40 por ciento. Lo digo porque nosotros hacíamos el ejercicio todos los años mientras estuve en la Asamblea.
Cada vez que nos llegaba el presupuesto nos hacíamos la pregunta de cómo sería posible reformularlo de una manera distinta para cumplir con estos objetivos y se puede, pero requiere una serie de decisiones políticas importantes.
ESTADO GASTÓN
–¿Cómo ve la economía de país?
–Creo que la economía venezolana está atravesando una situación muy complicada y va a entrar en recesión este año. Eso quiere decir que la tasa de crecimiento del PIB va a ser baja, no necesariamente negativa, pero creo que va a ser bastante baja.
–¿Maneja algún estimado?
– No me gustaría dar un cálculo preciso pero creo que va a bajar apreciablemente.
–¿Es decir que no rondará el 8,2% de 2007?
–No, definitivamente no. No creo que llegué al 4% y además al mismo tiempo creo que vamos a seguir viendo un aumento de la inflación, porque en el fondo el problema actual lo está generando la gran expansión del gasto público.
–El gobierno está tomando medidas para frenar la inflación. –El gran problema de las medidas actuales del gobierno es que no puedes tener un programa antiinflacionario el cual sólo reduce la liquidez si no se está al mismo tiempo reduciendo el gasto público. Simplemente no funciona. Lo que ocurre cuando tratas de hacer eso es que el gasto público termina presionado las tasas de interés y acelerando una recesión mucho más fuerte. Por eso creo que en la medida en que traten de aplicar este programa vamos a tener una desaceleración de la economía muy significativa este año.
–¿Cuál es falla básica del programa?
–Creo que es un programa al que le falta una coherencia básica macroeconómica, pero en gran parte le falta porque el gobierno no se ha tomado en serio el problema de que tiene que reducir los gastos. Y creo que no se lo van a tomar en serio en la medida en que estemos continuamente, como lo vamos a estar en los próximos tres años, en procesos electorales.
–Pero ¿cómo se justifica una reducción del gasto fiscal con el precio del la cesta petrolera venezolana en 90 dólares en lo que va de año?
–Yo haría la pregunta al revés: ¿cómo se justifica que dado el precio actual de petróleo el gobierno esté cerca de un déficit fiscal? El presupuesto prácticamente cerró el 2007 con un superávit minúsculo, o sea que casi está en déficit. ¿Cómo se entiende que esto esté ocurriendo en el momento en que hay un aumento tan grande de los precios del petróleo? Lo que ha ocurrido es que el gobierno se ha gastado todo el aumento de los precios del petróleo y eso es lo preocupante.
El jefe de la oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional entre 2000 y 2004 asegura, con base en estadísticas oficiales, que Chávez no gobierna para los sectores más deprimidos y que las misiones son apenas una estrategia de relaciones públicas
Patricia Torres Uribe
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En febrero de 2002, Francisco Rodríguez se reunió con el presidente Hugo Chávez durante tres horas. En el amanecer del tercer aniversario de su gobierno, el ingreso real del país y el bolívar experimentaban una caída libre, que resultó en una contracción de 4,4% del primero y una pérdida del 40% del valor del segundo al cierre del primer trimestre de ese año. Venezuela le abría la puerta a la recesión.
Rodríguez era entonces el jefe de la oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, y los "moderados" en el gobierno organizaron la cita con una esperanza: ganar la voluntad del mandatario para introducir cambios en los manejos del dinero público que permitieran elevar los ingresos y racionalizar los gastos del Estado.
Chávez escuchó con interés, tomó notas, interrumpió la conversación; y al final despidió al economista con la instrucción de reunirse con sus ministros y la promesa de futuros encuentros.
Pero la crisis económica tornó en política, llegó abril y el gobierno encontró la excusa perfecta para radicalizarse y escurrir la culpa de tres años de políticas socioeconómicas fallidas: el golpe. Rodríguez no le volvió a ver la cara al Presidente.
Así relata el ahora profesor de la Universidad de Wesleyan, en EEUU, el episodio en la edición marzo-abril de la revista Foreign Affairs. En un artículo titulado "Una revolución vacía: Las promesas incumplidas de Hugo Chávez", el ex funcionario expone una hipótesis que ya en el 2002 sospechaba, y que en los últimos seis años, estadísticas oficiales mediante, ha logrado comprobar: Los pobres no son una prioridad en el gobierno de Hugo Chávez.
–¿Por qué una revolución vacía?
–La principal idea de una revolución vacía refiere a la identificación de que en el planteamiento fundamental que Chávez ha hecho, tanto al país como en el resto del mundo, uno de los postulados principales es que su gobierno está orientado y ha estado orientado a resolver los problemas de los pobres, lo cual es algo que muy poca gente ha cuestionado. Lo otro que se asume es que esto no se hacía en los gobiernos anteriores y que los pobres no estaban compartiendo la riqueza petrolera.
–¿Y no es así?
–La realidad es que las políticas públicas de Chávez no muestran ninguna evidencia de ser políticas que le den prioridad a los pobres.
–¿Qué pruebas tiene para realizar esta afirmación?
–Te puedo dar varios ejemplos.
Si te pones a calcular cuál efectiva ha sido Venezuela en reducir la pobreza, midiendo por ejemplo cuántos puntos de reducción de pobreza hemos logrado por cada punto de crecimiento económico, conseguimos con que esa tasa de eficiencia es relativamente baja.
En Venezuela tenemos una tasa de reducción de pobreza de aproximadamente un punto por cada punto de crecimiento económico y eso es más bajo que la de otros países del mundo. El promedio en Latinoamérica, por caso, es cerca de dos puntos de reducción de pobreza por cada punto de aumento del PIB.
–¿Quiere decir que la pobreza no debería ser el 27,5% que reporta el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sino la mitad?
–El cálculo es un poco más complejo, entre otras cosas, y este es un detalle importante, porque la pobreza en Venezuela está subestimada por el tema de la escasez.
Pero nuestros cálculos indican que la pobreza –si Venezuela hubiera estado trabajando o hubiese estado reduciendo la pobreza al ritmo de otros países– debería estar entre el 18 y el 23 por ciento.
–¿Por qué dice que la pobreza en Venezuela está subestimada?
–La pobreza en Venezuela está subestimada por las distorsiones en el cálculo de la línea de pobreza, que es el dinero necesario para comprar una serie de bienes indispensables para el consumo de una familia por encima de cierto nivel básico (...). Cuando hay altos niveles de escasez como los hay ahora en Venezuela, los precios que se utilizan son los precios oficiales a pesar de que estos no tienen mucha significación en la realidad.
–¿Entonces cuál es la realidad de la pobreza?
–Nosotros, en un escenario relativamente conservador, en el cual la prima del mercado negro –lo que la gente paga en exceso por los bienes regulados– es de 40%, registramos un incremento de la pobreza a 35,8%, es decir un poco más de 8 puntos por encima de la cifra del INE.
–Volvamos a las evidencias que prueban que los pobres no son una prioridad en el gobierno de Chávez. –Si analizas la composición del presupuesto, encuentras que la proporción destinada a los gastos que son más favorables a los pobres, tales como educación, salud y vivienda, se mantiene más o menos al mismo nivel que antes de Chávez. Calculo que el porcentaje del gasto público que ha ido a esos tres componentes durante los primeros ocho años en el gobierno de Chávez (que son para los que tenemos estadísticas) es 25,12% y en los ochos años previos a su llegada al poder era 25,08%; es decir exactamente el mismo porcentaje.
Apenas una cuarta parte del presupuesto es para educación, salud y vivienda, y el resto va a otras cosas; de modo que no ha habido un cambio en las prioridades.
–¿Esta proporción incluye las misiones y el gasto social de Pdvsa?
–Sí, independientemente de que hablemos del presupuesto del gobierno central o que contemos también el presupuesto de Pdvsa.
Mucha gente cree que Pdvsa está gastando una cantidad gigantesca en las misiones y cuando te pones a ver lo que Pdvsa llama supuestamente "gasto para el desarrollo social", incluye el programa de reordenamiento de la deuda pública, proyectos del ministerio de Defensa, proyectos de infraestructura, como el metro de Maracaibo, el ferrocarril de los Valles del Tuy; y al final la proporción de gastos que va a misiones educativas, Barrio Adentro y programas de vivienda también es más o menos un poco más de un cuarto: 26,8%.
–Pero el gobierno asegura que hay avances importantes en salud y educación. –La tercera pieza de evidencia es justamente el comportamiento de indicadores de salud y educación, como la tasa de mortalidad infantil. El gobierno habla que ha reducido la tasa de mortalidad de 21% a 15%, pero si ves la tasa de mortalidad infantil y adoptas una visión de largo plazo, te das cuenta que este indicador en Venezuela se viene reduciendo desde los años 40 a un ritmo de 3,3% al año, antes y después de Chávez. Otra vez estamos ante un caso en el cual el progreso en el desempeño es más o menos el de gobiernos anteriores, y además mucho menor que el de otros países. Por poner ejemplos, Argentina redujo la mortalidad infantil en 5,5%, Chile en 5,3%; México en 5,2 por ciento.
Otra prueba es la supuesta erradicación del analfabetismo. Utilizando los datos de la encuesta de hogares del INE del segundo semestre de 2005, que coinciden con el momento en que el gobierno declaró a Venezuela territorio libre de analfabetismo (octubre de 2005), encontramos que en Venezuela había un millón de analfabetas y que la proporción sólo había bajado levemente en aproximadamente 92 mil personas.
–¿Cómo se explica entonces el posicionamiento de Chávez como el presidente de los pobres?
–Para esto es importante entender que, independientemente de los méritos que pueden tener algunas de las misiones –que los tienen– éstas fueron concebidas primordialmente como una estrategia política y de relaciones públicas. Para el gobierno era mucho más importante demostrarle al país, a los votantes y al resto del mundo que sí estaba haciendo algo a favor de los pobres, que efectivamente hacerlo.
Recuerdo la famosa cadena de Chávez del 11 de abril. En un momento en que el gobierno estaba amenazado, Chávez comenzó diciendo: bueno aquí hay una gente que está protestando en contra de mi gobierno y dicen que nosotros no hemos hecho nada, y por su puesto que nosotros hemos hecho cosas, como por ejemplo la reestructuración del poder judicial. Lo primero que se le vino a la cabeza como logro fue la reestructuración del poder judicial, que era un desastre y no había ocurrido.
–¿Pero ahora hay Barrio Adentro?
–Después del golpe del 11 de abril y de la crisis del paro de 2002-2003, el gobierno decide que necesita una estrategia de relaciones públicas y vender efectivamente la idea de que estaba haciendo algo a favor de los sectores más pobres. Entonces cuando inventa las misiones, sí inventa unos programas sociales, pero más que todo inventa una estrategia comunicacional. Por eso no importaba realmente cuánta gente de verdad se había alfabetizado, tenías que decir que tenías logros, que habías erradicado el analfabetismo y lamentablemente mucha gente se creyó eso dentro y fuera del país.
–¿Adónde va el dinero del presupuesto si la prioridad no son los pobres? – A gasto militar, a expansión de la burocracia, pago de deuda. Hay también mucho gasto en obras públicas de infraestructura. Algunas de esas obras no sé si las terminarán algún día, pero sí que mucho gasto ahora está yendo a contratos.
–¿Estás obras no benefician a los pobres?
–A mí me gusta distinguir entre dos gastos, uno es lo que en Venezuela se llama gasto social que incluye educación y salud, pero también otras cosas que no son necesariamente para los pobres, cómo ciencia y tecnología, cultura o seguridad social que usualmente es gasto de pensiones, que en Venezuela tienden a estar en el sector público y benefician, no a los sectores más pobres, sino a los de clase media.
El otro gasto que a mí me gusta distinguir es lo que llamo gasto para los pobres, que es primordialmente educación, salud y vivienda, que son los que verdaderamente inciden en el nivel de vida de la gente pobre. Este gasto es aproximadamente el 25% del presupuesto, lo ha sido y lo seguirá siendo.
–¿Cuál es la proporción del gasto que se debería destinar a gasto para los pobres? –Creo que se puede aumentar significativamente, y dentro del marco del presupuesto que nosotros tenemos, llevarse a 35-40 por ciento. Lo digo porque nosotros hacíamos el ejercicio todos los años mientras estuve en la Asamblea.
Cada vez que nos llegaba el presupuesto nos hacíamos la pregunta de cómo sería posible reformularlo de una manera distinta para cumplir con estos objetivos y se puede, pero requiere una serie de decisiones políticas importantes.
ESTADO GASTÓN
–¿Cómo ve la economía de país?
–Creo que la economía venezolana está atravesando una situación muy complicada y va a entrar en recesión este año. Eso quiere decir que la tasa de crecimiento del PIB va a ser baja, no necesariamente negativa, pero creo que va a ser bastante baja.
–¿Maneja algún estimado?
– No me gustaría dar un cálculo preciso pero creo que va a bajar apreciablemente.
–¿Es decir que no rondará el 8,2% de 2007?
–No, definitivamente no. No creo que llegué al 4% y además al mismo tiempo creo que vamos a seguir viendo un aumento de la inflación, porque en el fondo el problema actual lo está generando la gran expansión del gasto público.
–El gobierno está tomando medidas para frenar la inflación. –El gran problema de las medidas actuales del gobierno es que no puedes tener un programa antiinflacionario el cual sólo reduce la liquidez si no se está al mismo tiempo reduciendo el gasto público. Simplemente no funciona. Lo que ocurre cuando tratas de hacer eso es que el gasto público termina presionado las tasas de interés y acelerando una recesión mucho más fuerte. Por eso creo que en la medida en que traten de aplicar este programa vamos a tener una desaceleración de la economía muy significativa este año.
–¿Cuál es falla básica del programa?
–Creo que es un programa al que le falta una coherencia básica macroeconómica, pero en gran parte le falta porque el gobierno no se ha tomado en serio el problema de que tiene que reducir los gastos. Y creo que no se lo van a tomar en serio en la medida en que estemos continuamente, como lo vamos a estar en los próximos tres años, en procesos electorales.
–Pero ¿cómo se justifica una reducción del gasto fiscal con el precio del la cesta petrolera venezolana en 90 dólares en lo que va de año?
–Yo haría la pregunta al revés: ¿cómo se justifica que dado el precio actual de petróleo el gobierno esté cerca de un déficit fiscal? El presupuesto prácticamente cerró el 2007 con un superávit minúsculo, o sea que casi está en déficit. ¿Cómo se entiende que esto esté ocurriendo en el momento en que hay un aumento tan grande de los precios del petróleo? Lo que ha ocurrido es que el gobierno se ha gastado todo el aumento de los precios del petróleo y eso es lo preocupante.
Monday, April 07, 2008
Terrorismo de quién
PEDRO LLORENS
La Sociedad Interamericana de Prensa tiene razón, de bola que tiene razón, cuando denuncia las constantes amenazas y los atropellos contra los medios independientes y el uso discrecional de mecanismos legales para obstruir el ejercicio de la libre información. En cambio, no tienen razón, de bola que no la tienen, los conferencistas "tarifados" (es el término que suelen usar) que participaron en el gubernamental Encuentro Latinoamericano contra el Terrorismo Mediático, empeñados en exponer teorías sobre... lo que no practican: libertad de expresión, información veraz, derecho a la información y ética periodística. Viejos totalitarios, aunque estén recién salidos del armario.
Claro que pudiera no tener razón la SIP, de bola que no la tendría, y en cambio sí pudieran tenerla los expertos en terrorismo mediático, de bola que la tendrían, si viviéramos en uno de esos muy pocos países donde la noticia de un perro muerto por sobredosis de perrarina puede llegar a conmocionar a la población y hasta provocar las más descabelladas interpretaciones, incluyendo la de que obedece a una campaña de desestabilización del editor, siguiendo instrucciones del imperio, por parte de algún inevitable ultroso.
Pero en la capital del imperio bolivariano (chavista) -donde unos policías apresan a un motorizado herido (por ellos) y lo rematan por llamarse Maikol y ser marginal, lo que no tiene la menor importancia, como decía Arturo de Córdoba, porque en la mente de los más altos funcionarios la cifra de muertos por la violencia delincuencial y policial (los índices no varían mucho) es siempre ínfima en relación con el número de los que quedan vivos- es obvio que el periodismo independiente (o militante, en todo caso plural) es indispensable, aunque aparezca contaminado de algún tipo de intereses.
Y es que del otro lado no hay información buena ni mala: sólo los desbarres, los insultos y las descalificaciones del ciudadano Kane de Sabaneta, dueño de seis canales de TV, infinidad de emisoras, titipuchal de publicaciones, una agencia de noticias y una inmensa red digital, para quien la muerte de siete recién nacidos en la Maternidad tiene que ser, a juro, producto del terrorismo mediático, infiltrado por la CIA y subvencionado por el imperio.
El gastado y aburrido predicador de las cuatro raíces: fascismo, bolivarianismo, populismo y fidelismo, decidido a no creer nada de lo que se dice o denuncia, alcahuetea la terrofagia de los Chávez en Barinas, hace investigar al diputado regional que los acusa, repone en los puestos de mando a los derrotados del PSUV y libra a Isaías Rodríguez, acusado de manipular el caso Anderson.
La Sociedad Interamericana de Prensa tiene razón, de bola que tiene razón, cuando denuncia las constantes amenazas y los atropellos contra los medios independientes y el uso discrecional de mecanismos legales para obstruir el ejercicio de la libre información. En cambio, no tienen razón, de bola que no la tienen, los conferencistas "tarifados" (es el término que suelen usar) que participaron en el gubernamental Encuentro Latinoamericano contra el Terrorismo Mediático, empeñados en exponer teorías sobre... lo que no practican: libertad de expresión, información veraz, derecho a la información y ética periodística. Viejos totalitarios, aunque estén recién salidos del armario.
Claro que pudiera no tener razón la SIP, de bola que no la tendría, y en cambio sí pudieran tenerla los expertos en terrorismo mediático, de bola que la tendrían, si viviéramos en uno de esos muy pocos países donde la noticia de un perro muerto por sobredosis de perrarina puede llegar a conmocionar a la población y hasta provocar las más descabelladas interpretaciones, incluyendo la de que obedece a una campaña de desestabilización del editor, siguiendo instrucciones del imperio, por parte de algún inevitable ultroso.
Pero en la capital del imperio bolivariano (chavista) -donde unos policías apresan a un motorizado herido (por ellos) y lo rematan por llamarse Maikol y ser marginal, lo que no tiene la menor importancia, como decía Arturo de Córdoba, porque en la mente de los más altos funcionarios la cifra de muertos por la violencia delincuencial y policial (los índices no varían mucho) es siempre ínfima en relación con el número de los que quedan vivos- es obvio que el periodismo independiente (o militante, en todo caso plural) es indispensable, aunque aparezca contaminado de algún tipo de intereses.
Y es que del otro lado no hay información buena ni mala: sólo los desbarres, los insultos y las descalificaciones del ciudadano Kane de Sabaneta, dueño de seis canales de TV, infinidad de emisoras, titipuchal de publicaciones, una agencia de noticias y una inmensa red digital, para quien la muerte de siete recién nacidos en la Maternidad tiene que ser, a juro, producto del terrorismo mediático, infiltrado por la CIA y subvencionado por el imperio.
El gastado y aburrido predicador de las cuatro raíces: fascismo, bolivarianismo, populismo y fidelismo, decidido a no creer nada de lo que se dice o denuncia, alcahuetea la terrofagia de los Chávez en Barinas, hace investigar al diputado regional que los acusa, repone en los puestos de mando a los derrotados del PSUV y libra a Isaías Rodríguez, acusado de manipular el caso Anderson.
Lección de perversidad
MILAGROS SOCORRO
El punto es la educación. Entre ta ntos conflictos que abruman al país, el proyecto del Gobierno de convertir la educación nacional, ya de por sí precaria, en una extensión de las mentirosas peroratas de Chávez, es amenaza que ha convocado la atención de todos los sectores. El país es testigo de la devastación que el Gobierno ha sembrado a su paso; sabe perfectamente que todo lo que el Presidente y sus cómplices tocan es destruido y per ver t ido. A l pa recer, el país está consciente de que si ha permitido la ruina del presente, al menos debería dificultar la demolición del futuro. Y por eso las movilizaciones en protesta contra el cambio del currículo son tan numerosas, firmes y valientes.
En ese clima, el Gobierno se ha permitido designar al ex vicepresidente y ex fiscal general de República, Isaías Rodríguez, conjuez de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y lo hace en el momento en que la frágil reputación del mal poeta y peor funcionario ha estallado en mil pedazos.
Las sospechas tantas veces formuladas han sido confirmadas por un antiguo subalterno suyo, que ha dado testimonio de manejos criminales perpetrados por Rodríguez en número y vileza de incomparable gravedad.
Cuando la sociedad se encuentra perpleja ante las revelaciones del fiscal Hernando José Contreras Pérez, que muestran a un Isaías Rodríguez en plena manipulación de la investigación penal por el asesinato de Danilo Anderson, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en el curso de la primera reunión tras casi mes y medio de estar paralizada, nombra al señalado de tan serias imputaciones como sustituto de faltas temporales de la presidenta del máximo tribunal, Luisa Estela Morales.
Esta grotesca ex hibición de apoyo al incriminado de haber cambiado el contenido de las actas rendidas por Giovanni Vásquez, de dar instrucciones a los fiscales comisionados para que inculparan a personalidades de la oposición, de convertir el Ministerio Público en una fábrica de mentiras y, por cierto, de víctimas inocentes; el raudo apoyo a este individuo sobre quien pesan tan terribles señalamientos, decía, equivale a que el Estado saque una pizarra y dicte una clase ante el país convertido en aula, para impartir una trágica lección en la que se nos enseña que en Venezuela la justicia vale eso, la sombra huidiza de Isaías Rodríguez guareciéndose ni más ni menos que en el Tribunal Supremo para no responder por las irregularidades que se le atribuyen.
¿Qué necesidad tenía el Gobierno, saeteado en tantos frentes, de pringarse con la patética figura de un histrión a quien hemos visto llorando, asegurando que la muerte de Anderson le dolió más que la de su propia madre, dando brinquitos por la proximidad física del Presidente, diciendo que daba credibilidad a Giovanni Vásquez porque había visto en el fondo de sus ojos que decía la verdad... esto referido a alguna de las muchas versiones aportadas por aquel.
¿Qué necesidad tiene el Gobierno de empatucarse con este tipo? Alguna debe tener. Y muy consistente. Las crónicas reporteriles nos dicen que Rodríguez fue propuesto por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, y que su nombramiento contó con el respaldo de los magistrados presentes en la reunión. Lo que no significa, ha aclarado algún miembro del TSJ, que el ingreso del presunto responsable de amañar un juicio haya sido por unanimidad, porque algunos se habían ausentado en el momento de la votación.
Quiere decir que nadie se atrevió a negarse. Quien estuvo en la sala votó positivamente. ¿Y quién concita en Venezuela esas voluntades únicas, ese acatamiento sin disidencias, esa aquiescencia rastrera? Ese nombre que ha venido a la mente es el del autor del ingreso de Rodríguez al TSJ con las maneras de quien deja abierta la puerta trasera para que se deslice en la oscuridad el malandro.
Todo esto está a la vista del país. El Gobierno no guarda las formas ni le interesa. Al contrario. Plantado ante la nación como un maestro de villanías, nos está instruyendo en la certeza de que Isaías está protegido. Va cubierto con el manto del forjador de unanimidades. Y, de paso, está al acecho, por si Luisa Estella se resbala.
El punto es la educación. Entre ta ntos conflictos que abruman al país, el proyecto del Gobierno de convertir la educación nacional, ya de por sí precaria, en una extensión de las mentirosas peroratas de Chávez, es amenaza que ha convocado la atención de todos los sectores. El país es testigo de la devastación que el Gobierno ha sembrado a su paso; sabe perfectamente que todo lo que el Presidente y sus cómplices tocan es destruido y per ver t ido. A l pa recer, el país está consciente de que si ha permitido la ruina del presente, al menos debería dificultar la demolición del futuro. Y por eso las movilizaciones en protesta contra el cambio del currículo son tan numerosas, firmes y valientes.
En ese clima, el Gobierno se ha permitido designar al ex vicepresidente y ex fiscal general de República, Isaías Rodríguez, conjuez de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y lo hace en el momento en que la frágil reputación del mal poeta y peor funcionario ha estallado en mil pedazos.
Las sospechas tantas veces formuladas han sido confirmadas por un antiguo subalterno suyo, que ha dado testimonio de manejos criminales perpetrados por Rodríguez en número y vileza de incomparable gravedad.
Cuando la sociedad se encuentra perpleja ante las revelaciones del fiscal Hernando José Contreras Pérez, que muestran a un Isaías Rodríguez en plena manipulación de la investigación penal por el asesinato de Danilo Anderson, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en el curso de la primera reunión tras casi mes y medio de estar paralizada, nombra al señalado de tan serias imputaciones como sustituto de faltas temporales de la presidenta del máximo tribunal, Luisa Estela Morales.
Esta grotesca ex hibición de apoyo al incriminado de haber cambiado el contenido de las actas rendidas por Giovanni Vásquez, de dar instrucciones a los fiscales comisionados para que inculparan a personalidades de la oposición, de convertir el Ministerio Público en una fábrica de mentiras y, por cierto, de víctimas inocentes; el raudo apoyo a este individuo sobre quien pesan tan terribles señalamientos, decía, equivale a que el Estado saque una pizarra y dicte una clase ante el país convertido en aula, para impartir una trágica lección en la que se nos enseña que en Venezuela la justicia vale eso, la sombra huidiza de Isaías Rodríguez guareciéndose ni más ni menos que en el Tribunal Supremo para no responder por las irregularidades que se le atribuyen.
¿Qué necesidad tenía el Gobierno, saeteado en tantos frentes, de pringarse con la patética figura de un histrión a quien hemos visto llorando, asegurando que la muerte de Anderson le dolió más que la de su propia madre, dando brinquitos por la proximidad física del Presidente, diciendo que daba credibilidad a Giovanni Vásquez porque había visto en el fondo de sus ojos que decía la verdad... esto referido a alguna de las muchas versiones aportadas por aquel.
¿Qué necesidad tiene el Gobierno de empatucarse con este tipo? Alguna debe tener. Y muy consistente. Las crónicas reporteriles nos dicen que Rodríguez fue propuesto por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, y que su nombramiento contó con el respaldo de los magistrados presentes en la reunión. Lo que no significa, ha aclarado algún miembro del TSJ, que el ingreso del presunto responsable de amañar un juicio haya sido por unanimidad, porque algunos se habían ausentado en el momento de la votación.
Quiere decir que nadie se atrevió a negarse. Quien estuvo en la sala votó positivamente. ¿Y quién concita en Venezuela esas voluntades únicas, ese acatamiento sin disidencias, esa aquiescencia rastrera? Ese nombre que ha venido a la mente es el del autor del ingreso de Rodríguez al TSJ con las maneras de quien deja abierta la puerta trasera para que se deslice en la oscuridad el malandro.
Todo esto está a la vista del país. El Gobierno no guarda las formas ni le interesa. Al contrario. Plantado ante la nación como un maestro de villanías, nos está instruyendo en la certeza de que Isaías está protegido. Va cubierto con el manto del forjador de unanimidades. Y, de paso, está al acecho, por si Luisa Estella se resbala.
ALEXIS ALZURU interview
"El Gobierno intenta corromper a los ciudadanos para así someterlos"
REYNALDO TROMBETTA
RTROMBETTA@EL-NACIONAL.COM
La principal línea de investigación del profesor Alexis Alzuru es la ética política. Desde hace dos décadas estudia cómo la acción en ese campo se relaciona con el marco moral del venezolano.
Este filósofo y politólogo, docente del Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, advierte que el problema de la corrupción que hoy vive el país "es más definitivo y radical" que en el pasado.
Alzuru sugiere que el Estado se transforma en una red delictiva y denuncia que el Gobierno institucionalizó una visión de la política vaciada de todo contenido moral, que intenta corromper a los ciudadanos para así someterlos.
–La corrupción no es un fenómeno nuevo. Venezuela siempre ha figurado en los primeros lugares de la lista de países más corruptos que desde 1995 publica Transparencia Internacional... –Ningún venezolano puede negar o desconocer que en los gobiernos anteriores, en especial desde la primera elección de Carlos Andrés Pérez, hubo un proceso creciente de corrupción. Muchos políticos robaron los recursos públicos de manera brutal y descarada.
Los partidos y muchas organizaciones se corrompieron de manera obscena. En ese período tuvimos gobiernos profundamente corruptos. Pero no hay hechos que permitan interpretar que entonces la corrupción era entendida y ejercida como una política de Estado. Es decir, como una de las principales estrategias políticas en las que se afinca y preserva el poder del Estado.
–¿Cuál es la diferencia entre esa corrupción y la que vemos ahora? –Venezuela había tenido gobiernos profundamente corruptos, pero nunca tuvimos la percepción de que el aparato del Estado se estaba transformando en una red delictiva. Todo indica que estamos frente a un fenómeno distinto, de otra calidad, de otra entidad y magnitud y de otras implicaciones morales, sociales y culturales. Cada día hay más indicios que permiten pensar que con la llegada de Hugo Chávez al poder se produjo un hecho insólito, único y decisivo en la cultura moral, social y política del país: se institucionalizó una visión de la política vaciada de todo contenido moral. No estamos únicamente frente a otro gobierno corrupto. El problema es más definitivo y radical. Estamos frente a una comprensión, una visión de la política que fundamentalmente quiere una cosa, que es apropiarse de la capacidad de decisión de los sujetos. Esa visión del Gobierno intenta corromper a los ciudadanos hasta los tuétanos para así someterlos, dominarlos y humillarlos.
–¿Ya no se trata sólo de llenar las cuentas bancarias? –El corrupto de cuello blanco se conformaba con llenar sus bolsillos y sus cuentas bancarias. Pero el que tiene una comprensión autoritaria y totalitaria del poder es corrupto no sólo porque quiere bienes materiales. No satisface su apetito y voracidad de poder solamente con un Rolex, un avión de 100 millones de dólares, 20 fincas o con una corbata Louis Vuitton. Él quiere eso, pero desea algo más: el alma de cada uno de los ciudadanos. Su verdadero deseo, su placer más intenso, es apoderarse y someter al ciudadano hasta la humillación más aberrante.
–El Gobierno dice que sí combate la corrupción, y pone como ejemplo el caso de Eduardo Lapi o el de los más de 400 ex funcionarios inhabilitados... –Y yo puedo poner por ejemplo el caso del gobernador de Yaracuy, o el de los otros tres gobernadores en el banquillo de los acusados. Creo que eso es parte del juego, de la tecnología de la corrupción. Es decir, yo te corrompo y en el momento en que necesite llevarte al patíbulo, te voy a llevar. Pero no es para hacer la corrección institucional, moral, social y cultural. Se trata de que yo necesito colocar en el patíbulo a unos cuantos porque tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Pero si tú quisieras hacer algo contra la corrupción, comenzarás a establecer mecanismos correctivos en términos institucionales.
–Más allá de robar un dinero, ¿qué manifestaciones concretas tiene esa visión amoral de la política? –Hay un hecho reciente que expresa con claridad lo que estoy diciendo: el minuto de silencio que el Presidente y su equipo guardaron por la muerte de Raúl Reyes. Ese gesto es obviamente censurable por los valores que Raúl Reyes encarnaba y representaba como persona. Pero, en realidad, lo que estremece es lo que ese gesto indica del Presidente: su comprensión de la política. Él entiende que la política es una práctica despotenciada de todo contenido moral. Eso significa que todo está permitido. Dentro de esa comprensión, personas como Raúl Reyes o Marulanda calzan los puntos de lo que debe ser un buen político. Entonces el buen político es el tipo que apela a cualquier táctica, estrategia o recurso, incluso el secuestro, la venta de drogas y armas, para obtener y ejercer el poder del Estado.
–¿Qué efectos tiene esta visión sobre la sociedad venezolana? –Esta idea tiene consecuencias prácticas muy contundentes y devastadoras, pues la función pública se instrumenta para desarrollar los medios que garanticen el ejercicio de ese tipo de poder. Una de esas consecuencias es la supresión de los marcos institucionales hasta donde sea posible. Las instituciones se personalizan y se someten a la voluntad del gobernante. Otra es el uso deliberado de los cargos y de los dineros públicos para corromper a los seguidores, funcionarios y militares.
Otro ejemplo es el canje de beneficios sociales a cambio del silencio y el apoyo o respaldo cómplice de los sectores medios y pobres: se trata de la compra de la conciencia y de la paz social. Otra de las consecuencias es el uso intencionado del lenguaje procaz, vulgar, soez y violento, como estrategia para configurar la amenaza y el chantaje. Pero también implica el adoctrinamiento y los cambios de patrones educativos y culturales de la población. Hablamos entonces de toda una tecnología de la corrupción.
–¿Se puede enfrentar exitosamente esa tecnología? –En medio de todo esta delicada situación debemos reconocer que los venezolanos tenemos una inmensa reserva moral. Parte de esa reserva es lo que ha permitido que en los últimos meses hayamos presenciado una sucesión impresionante de denuncias de actos de corrupción, formuladas por los propios seguidores del Presidente. El coraje de quienes denuncian, el rechazo y la protesta pública de muchos sectores de la población, así como la postura de los medios de comunicación privados, indican también que no todo está perdido. Hay un asunto aquí en el que yo quiero hacer énfasis. Esto no se trata de los políticos de la cuarta o de la quinta república. Aquí hay políticos que se llaman de la cuarta, que también tienen una visión autoritaria de lo que son la política y el ejercicio del poder.
–En unos meses habrá elecciones y quizás se vea cómo se manejan los "otros"... – Justamente por eso la pertinencia del tema. Cuando uno elige un alcalde, un gobernador, un concejal, un diputado, o más aún un presidente, hay que interpelarlo sobre su perfil, sobre su concepción de la política. Nosotros hemos sido muy flexibles con las exigencias que le tenemos que hacer a los políticos. Yo creo que un aprendizaje que tienen que hacer los venezolanos es que tenemos que ser mucho más estrictos con los políticos que se lanzan a los cargos públicos.
–¿Ve una salida a esta situación? – Que venga otra clase política con una visión potenciada de lo moral. En Venezuela hay un error fundamental. Nosotros suponemos que el sostén de la democracia es el voto. Pero la columna vertebral de la democracia es que los ciudadanos crean en las instituciones y que las instituciones respeten las reglas del juego. Si esa credibilidad se desfonda, usted tiene otra cosa, que puede ser hasta parecida a la democracia, pero eso no es democracia.
REYNALDO TROMBETTA
RTROMBETTA@EL-NACIONAL.COM
La principal línea de investigación del profesor Alexis Alzuru es la ética política. Desde hace dos décadas estudia cómo la acción en ese campo se relaciona con el marco moral del venezolano.
Este filósofo y politólogo, docente del Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, advierte que el problema de la corrupción que hoy vive el país "es más definitivo y radical" que en el pasado.
Alzuru sugiere que el Estado se transforma en una red delictiva y denuncia que el Gobierno institucionalizó una visión de la política vaciada de todo contenido moral, que intenta corromper a los ciudadanos para así someterlos.
–La corrupción no es un fenómeno nuevo. Venezuela siempre ha figurado en los primeros lugares de la lista de países más corruptos que desde 1995 publica Transparencia Internacional... –Ningún venezolano puede negar o desconocer que en los gobiernos anteriores, en especial desde la primera elección de Carlos Andrés Pérez, hubo un proceso creciente de corrupción. Muchos políticos robaron los recursos públicos de manera brutal y descarada.
Los partidos y muchas organizaciones se corrompieron de manera obscena. En ese período tuvimos gobiernos profundamente corruptos. Pero no hay hechos que permitan interpretar que entonces la corrupción era entendida y ejercida como una política de Estado. Es decir, como una de las principales estrategias políticas en las que se afinca y preserva el poder del Estado.
–¿Cuál es la diferencia entre esa corrupción y la que vemos ahora? –Venezuela había tenido gobiernos profundamente corruptos, pero nunca tuvimos la percepción de que el aparato del Estado se estaba transformando en una red delictiva. Todo indica que estamos frente a un fenómeno distinto, de otra calidad, de otra entidad y magnitud y de otras implicaciones morales, sociales y culturales. Cada día hay más indicios que permiten pensar que con la llegada de Hugo Chávez al poder se produjo un hecho insólito, único y decisivo en la cultura moral, social y política del país: se institucionalizó una visión de la política vaciada de todo contenido moral. No estamos únicamente frente a otro gobierno corrupto. El problema es más definitivo y radical. Estamos frente a una comprensión, una visión de la política que fundamentalmente quiere una cosa, que es apropiarse de la capacidad de decisión de los sujetos. Esa visión del Gobierno intenta corromper a los ciudadanos hasta los tuétanos para así someterlos, dominarlos y humillarlos.
–¿Ya no se trata sólo de llenar las cuentas bancarias? –El corrupto de cuello blanco se conformaba con llenar sus bolsillos y sus cuentas bancarias. Pero el que tiene una comprensión autoritaria y totalitaria del poder es corrupto no sólo porque quiere bienes materiales. No satisface su apetito y voracidad de poder solamente con un Rolex, un avión de 100 millones de dólares, 20 fincas o con una corbata Louis Vuitton. Él quiere eso, pero desea algo más: el alma de cada uno de los ciudadanos. Su verdadero deseo, su placer más intenso, es apoderarse y someter al ciudadano hasta la humillación más aberrante.
–El Gobierno dice que sí combate la corrupción, y pone como ejemplo el caso de Eduardo Lapi o el de los más de 400 ex funcionarios inhabilitados... –Y yo puedo poner por ejemplo el caso del gobernador de Yaracuy, o el de los otros tres gobernadores en el banquillo de los acusados. Creo que eso es parte del juego, de la tecnología de la corrupción. Es decir, yo te corrompo y en el momento en que necesite llevarte al patíbulo, te voy a llevar. Pero no es para hacer la corrección institucional, moral, social y cultural. Se trata de que yo necesito colocar en el patíbulo a unos cuantos porque tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Pero si tú quisieras hacer algo contra la corrupción, comenzarás a establecer mecanismos correctivos en términos institucionales.
–Más allá de robar un dinero, ¿qué manifestaciones concretas tiene esa visión amoral de la política? –Hay un hecho reciente que expresa con claridad lo que estoy diciendo: el minuto de silencio que el Presidente y su equipo guardaron por la muerte de Raúl Reyes. Ese gesto es obviamente censurable por los valores que Raúl Reyes encarnaba y representaba como persona. Pero, en realidad, lo que estremece es lo que ese gesto indica del Presidente: su comprensión de la política. Él entiende que la política es una práctica despotenciada de todo contenido moral. Eso significa que todo está permitido. Dentro de esa comprensión, personas como Raúl Reyes o Marulanda calzan los puntos de lo que debe ser un buen político. Entonces el buen político es el tipo que apela a cualquier táctica, estrategia o recurso, incluso el secuestro, la venta de drogas y armas, para obtener y ejercer el poder del Estado.
–¿Qué efectos tiene esta visión sobre la sociedad venezolana? –Esta idea tiene consecuencias prácticas muy contundentes y devastadoras, pues la función pública se instrumenta para desarrollar los medios que garanticen el ejercicio de ese tipo de poder. Una de esas consecuencias es la supresión de los marcos institucionales hasta donde sea posible. Las instituciones se personalizan y se someten a la voluntad del gobernante. Otra es el uso deliberado de los cargos y de los dineros públicos para corromper a los seguidores, funcionarios y militares.
Otro ejemplo es el canje de beneficios sociales a cambio del silencio y el apoyo o respaldo cómplice de los sectores medios y pobres: se trata de la compra de la conciencia y de la paz social. Otra de las consecuencias es el uso intencionado del lenguaje procaz, vulgar, soez y violento, como estrategia para configurar la amenaza y el chantaje. Pero también implica el adoctrinamiento y los cambios de patrones educativos y culturales de la población. Hablamos entonces de toda una tecnología de la corrupción.
–¿Se puede enfrentar exitosamente esa tecnología? –En medio de todo esta delicada situación debemos reconocer que los venezolanos tenemos una inmensa reserva moral. Parte de esa reserva es lo que ha permitido que en los últimos meses hayamos presenciado una sucesión impresionante de denuncias de actos de corrupción, formuladas por los propios seguidores del Presidente. El coraje de quienes denuncian, el rechazo y la protesta pública de muchos sectores de la población, así como la postura de los medios de comunicación privados, indican también que no todo está perdido. Hay un asunto aquí en el que yo quiero hacer énfasis. Esto no se trata de los políticos de la cuarta o de la quinta república. Aquí hay políticos que se llaman de la cuarta, que también tienen una visión autoritaria de lo que son la política y el ejercicio del poder.
–En unos meses habrá elecciones y quizás se vea cómo se manejan los "otros"... – Justamente por eso la pertinencia del tema. Cuando uno elige un alcalde, un gobernador, un concejal, un diputado, o más aún un presidente, hay que interpelarlo sobre su perfil, sobre su concepción de la política. Nosotros hemos sido muy flexibles con las exigencias que le tenemos que hacer a los políticos. Yo creo que un aprendizaje que tienen que hacer los venezolanos es que tenemos que ser mucho más estrictos con los políticos que se lanzan a los cargos públicos.
–¿Ve una salida a esta situación? – Que venga otra clase política con una visión potenciada de lo moral. En Venezuela hay un error fundamental. Nosotros suponemos que el sostén de la democracia es el voto. Pero la columna vertebral de la democracia es que los ciudadanos crean en las instituciones y que las instituciones respeten las reglas del juego. Si esa credibilidad se desfonda, usted tiene otra cosa, que puede ser hasta parecida a la democracia, pero eso no es democracia.
Ser Opositor tiene su precio
"Los que firmen contra Chávez están firmando contra la patria, y quedarán registrados para la historia". Esta advertencia del presidente Hugo Chávez, lanzada el 16 de octubre de 2003, pasó, efectivamente, a la posteridad. Se la recuerda como emblema del proceso de discriminación y exclusión sistemática que comenzó a aplicarse en Venezuela a partir de los operativos de recolección de firmas para activar la convocatoria al referéndum revocatorio de agosto de 2004.
Desde entonces, los medios de comunicación comenzaron a difundir numerosas evidencias de que el Gobierno utilizó las listas de firmantes para tomar represalias contra quienes se identificaron en contra del proyecto chavista y a favor de que el Presidente abandonara el cargo.
Investigadores como Ana Julia Jatar, autora de El apartheid del Siglo XXI, comenzaron a estudiar y denunciar la situación de manera sistemática. Así quedaron registrados casos como el de Rocío San Miguel, ex consultora jurídica del Consejo Nacional de Fronteras, quien fue despedida de la administración pública por aparecer como firmante en la denominada "lista de Luis Tascón". Su caso llegó después a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También el de Benjamín Rausseo, "el conde del Guácharo", cuyas empresas en Margarita fueron cerradas por el Seniat después de lanzarse como candidato presidencial opositor.
Los hechos evidenciaron que asumir un papel en contra del Gobierno entraña pagar uno o varios costos. Podría tratarse, por ejemplo, de un daño moral, como el de ser sometido al desprecio público desde las más altas esferas del Poder.
"Traidores", fue uno de los muchos epítetos utilizados por el Presidente contra quienes piensan diferente.
Pero, más concretamente, exponerse como opositor puede implicar un perjuicio económico, o una causa de empobrecimiento personal o empresarial, como acaba de demostrar una investigación de los economistas Francisco Rodríguez, de la Universidad de Wesleyan; Daniel Ortega, del IESA, Chang-Tai Hsieh, de la Universidad de Berkeley, en California y Edward Miguel, también de Berkeley.
Factura política.
"Este trabajo demuestra que los ciudadanos deben pagar un costo sustancial por expresar sus posiciones políticas. Nuestros cálculos indican que los firmantes de la solicitud de referéndum revocatorio sufrieron, en promedio, una caída de 4% en sus ingresos, como consecuencia de hacer pública su preferencia política", señalan los resultados del estudio El precio de la oposición política: la evidencia de la lista Maisanta, de los autores mencionados.
"Se refleja que los firmantes tienen posibilidades muy reducidas de ser empleados por el sector público, y mucho mayores de terminar en la economía informal. Las empresas cuya directiva firmó en contra del Presidente registraron menos beneficios que las que tenían un directorio neutral o prochavista, sufrieron una presión tributaria mucho mayor, y recibieron menos dólares de Cadivi", continúa el informe.
"A pesar de que nuestros resultados indican que firmar en contra del Gobierno fue indiscutiblemente peor que no firmar, no quedó igualmente claro el hecho de que firmar a favor de Chávez –para activar los revocatorios contra diputados de oposiciónfue una buena estrategia económica", indica la investigación. "No hay evidencia de que los firmantes pro-Chávez tuvieron un desempeño laboral mejor, e incluso en algunos casos estos trabajadores sufrieron también una reducción de sus ingresos".
Curiosamente, el estudio encontró que, si bien los asalariados chavistas no obtuvieron una compensación económica verificable por demostrar su fidelidad al Gobierno, sí la disfrutaron los directivos o dueños de empresas que se identificaron como progobierno. "Estas compañías generaron mayores beneficios para sus accionistas, hallazgo que resulta consistente con el argumento de que en Venezuela emerge una nueva élite empresarial a favor del Gobierno", sostiene el reporte.
Patrón sistemático.
"Me sorprendió que encontráramos resultados tan fuertemente concluyentes", apunta el economista Francisco Rodríguez, uno de los autores del trabajo, que ha comenzado a ser difundido en universidades de Estados Unidos y Europa, y que luego será propuesto para publicación en una revista de divulgación económica.
"Lo que hicimos fue determinar si los casos de discriminación política eran aislados o si se trataba de un patrón sistemático. Además, medimos cuál era la magnitud del problema, cuánto perdía una persona que firmaba contra el Gobierno", explica Rodríguez.
"El promedio de 4% de caída en los ingresos de los trabajadores que firmaron, por supuesto, está muy desigualmente repartido, hubo personas en las que la pérdida fue mucho mayor, y otras que no experimentaron ninguna. Hubo un grupo grande de trabajadores que perdió su empleo en el sector público y, por lo general, pasaron al sector informal.
Los desempleados reflejaron muy pocas posibilidades de ingresar al sector público".
En el sector empresarial los hallazgos fueron aún más significativos. "Las compañías con directivos que firmaron recibieron menos beneficios que las que no firmaron por dos razones: Por un lado pagaron 33% más en impuestos, lo que representa en promedio unos 76.640 dólares más en tributos que las que no firmaron.
Por otra parte, las empresas con una directiva identificada como de oposición recibieron 51% menos divisas de Cadivi, mientras que las que firmaron a favor del Gobierno recibieron 55% más divisas oficiales.
Al comparar los dos números quiere decir que las compañías identificadas con el Gobierno obtuvieron 3,2 veces más divisas que las de oposición".
El método de investigación, sin embargo, no permitió confirmar un patrón sistemático en otros tipos de discriminación política ampliamente denunciados, como la negación de acceso a contratación con el Estado, la negación de documentos de identidad expedidos por oficinas públicas o la exclusión de servicios o programas sociales. El tema merecerá ser estudiado durante mucho tiempo más.
Desde entonces, los medios de comunicación comenzaron a difundir numerosas evidencias de que el Gobierno utilizó las listas de firmantes para tomar represalias contra quienes se identificaron en contra del proyecto chavista y a favor de que el Presidente abandonara el cargo.
Investigadores como Ana Julia Jatar, autora de El apartheid del Siglo XXI, comenzaron a estudiar y denunciar la situación de manera sistemática. Así quedaron registrados casos como el de Rocío San Miguel, ex consultora jurídica del Consejo Nacional de Fronteras, quien fue despedida de la administración pública por aparecer como firmante en la denominada "lista de Luis Tascón". Su caso llegó después a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También el de Benjamín Rausseo, "el conde del Guácharo", cuyas empresas en Margarita fueron cerradas por el Seniat después de lanzarse como candidato presidencial opositor.
Los hechos evidenciaron que asumir un papel en contra del Gobierno entraña pagar uno o varios costos. Podría tratarse, por ejemplo, de un daño moral, como el de ser sometido al desprecio público desde las más altas esferas del Poder.
"Traidores", fue uno de los muchos epítetos utilizados por el Presidente contra quienes piensan diferente.
Pero, más concretamente, exponerse como opositor puede implicar un perjuicio económico, o una causa de empobrecimiento personal o empresarial, como acaba de demostrar una investigación de los economistas Francisco Rodríguez, de la Universidad de Wesleyan; Daniel Ortega, del IESA, Chang-Tai Hsieh, de la Universidad de Berkeley, en California y Edward Miguel, también de Berkeley.
Factura política.
"Este trabajo demuestra que los ciudadanos deben pagar un costo sustancial por expresar sus posiciones políticas. Nuestros cálculos indican que los firmantes de la solicitud de referéndum revocatorio sufrieron, en promedio, una caída de 4% en sus ingresos, como consecuencia de hacer pública su preferencia política", señalan los resultados del estudio El precio de la oposición política: la evidencia de la lista Maisanta, de los autores mencionados.
"Se refleja que los firmantes tienen posibilidades muy reducidas de ser empleados por el sector público, y mucho mayores de terminar en la economía informal. Las empresas cuya directiva firmó en contra del Presidente registraron menos beneficios que las que tenían un directorio neutral o prochavista, sufrieron una presión tributaria mucho mayor, y recibieron menos dólares de Cadivi", continúa el informe.
"A pesar de que nuestros resultados indican que firmar en contra del Gobierno fue indiscutiblemente peor que no firmar, no quedó igualmente claro el hecho de que firmar a favor de Chávez –para activar los revocatorios contra diputados de oposiciónfue una buena estrategia económica", indica la investigación. "No hay evidencia de que los firmantes pro-Chávez tuvieron un desempeño laboral mejor, e incluso en algunos casos estos trabajadores sufrieron también una reducción de sus ingresos".
Curiosamente, el estudio encontró que, si bien los asalariados chavistas no obtuvieron una compensación económica verificable por demostrar su fidelidad al Gobierno, sí la disfrutaron los directivos o dueños de empresas que se identificaron como progobierno. "Estas compañías generaron mayores beneficios para sus accionistas, hallazgo que resulta consistente con el argumento de que en Venezuela emerge una nueva élite empresarial a favor del Gobierno", sostiene el reporte.
Patrón sistemático.
"Me sorprendió que encontráramos resultados tan fuertemente concluyentes", apunta el economista Francisco Rodríguez, uno de los autores del trabajo, que ha comenzado a ser difundido en universidades de Estados Unidos y Europa, y que luego será propuesto para publicación en una revista de divulgación económica.
"Lo que hicimos fue determinar si los casos de discriminación política eran aislados o si se trataba de un patrón sistemático. Además, medimos cuál era la magnitud del problema, cuánto perdía una persona que firmaba contra el Gobierno", explica Rodríguez.
"El promedio de 4% de caída en los ingresos de los trabajadores que firmaron, por supuesto, está muy desigualmente repartido, hubo personas en las que la pérdida fue mucho mayor, y otras que no experimentaron ninguna. Hubo un grupo grande de trabajadores que perdió su empleo en el sector público y, por lo general, pasaron al sector informal.
Los desempleados reflejaron muy pocas posibilidades de ingresar al sector público".
En el sector empresarial los hallazgos fueron aún más significativos. "Las compañías con directivos que firmaron recibieron menos beneficios que las que no firmaron por dos razones: Por un lado pagaron 33% más en impuestos, lo que representa en promedio unos 76.640 dólares más en tributos que las que no firmaron.
Por otra parte, las empresas con una directiva identificada como de oposición recibieron 51% menos divisas de Cadivi, mientras que las que firmaron a favor del Gobierno recibieron 55% más divisas oficiales.
Al comparar los dos números quiere decir que las compañías identificadas con el Gobierno obtuvieron 3,2 veces más divisas que las de oposición".
El método de investigación, sin embargo, no permitió confirmar un patrón sistemático en otros tipos de discriminación política ampliamente denunciados, como la negación de acceso a contratación con el Estado, la negación de documentos de identidad expedidos por oficinas públicas o la exclusión de servicios o programas sociales. El tema merecerá ser estudiado durante mucho tiempo más.
Tuesday, March 04, 2008
Dangerous escalation
Tal Cual editorial of Teodoro Petkoff, Tuesday March 4
Lo que al comienzo pareció un incidente internacional entre Colombia y Ecuador, grave, sí, pero manejable dentro del marco de los organismos interamericanos, ha adquirido una matización extremadamente preocupante a raíz de las revelaciones del jefe de la Policía Nacional colombiana, porque éstas, de ser ciertos los documentos mostrados, involucrarían tanto a nuestro gobierno como al ecuatoriano en una relación absolutamente non sancta con las FARC. Por lo pronto, ya el gobierno ecuatoriano ha reconocido que la reunión entre uno de sus ministros y Reyes efectivamente y tuvo lugar, lo cual ya permite pensar que no se trata de un montaje del gobierno colombiano. Dada la gravedad de la situación hay que actuar con suma prudencia y es lo que se le debe exigir, en primer lugar, al propio Chávez, cuyos desafueros verbales, si bien hasta ahora no han sido respondidos por el gobierno vecino, en este momento estarían totalmente fuera de lugar y complicarían aún más lo que ya está suficientemente complicado y peligroso.
Este lío tiene muchos bemoles. Por un lado, es cierto que las tropas colombianas, al irrumpir en territorio ecuatoriano, vulneraron, a la luz del Derecho Internacional, la soberanía de aquel país.
También es cierto que Uribe no le dijo la verdad a Correa al describir la operación militar efectuada. Al parecer, sus militares le dieron una información sesgada de lo ocurrido. En este sentido, el reclamo del presidente ecuatoriano tiene pertinencia.
Pero la cosa es más compleja de lo que pareciera indicar una consideración abstracta de Derecho Internacional.
Porque también es sabido que en numerosas ocasiones el gobierno colombiano se había quejado ante su homologo del sur de la presencia de las FARC en predios ecuatorianos, sin que aquél hubiera tomado ninguna iniciativa para impedirlo.
Esa presencia era tan cómoda e impune que Reyes y su grupo fueron sorprendidos durmiendo ¡en piyamas! ¿Dónde se ha visto guerrillero durmiendo empiyamado? Esto habla de un sentimiento de seguridad total: "aquí no van a venir a buscarnos". Todo indica que se trataba de un campamento relativamente estable y permanente, sólo posible en territorio "liberado" o protegido por la extraterritorialidad. Tan protegido que el señor Reyes podía entrevistarse con un ministro ecuatoriano. Pues bien, según el Derecho Internacional, Ecuador tiene razón, pero ateniéndonos a ese mismo Derecho, ¿cuáles son las obligaciones de un país que es utilizado por fuerzas irregulares de otro como "santuario"? ¿No hay nada previsto a este respecto? Si no lo hay, algo habrá que hacer, porque no se puede pedir a ningún país que confronta una guerra interna que acepte indefinidamente que las fuerzas irregulares con las que pelea encuentren "guarimba" en un país vecino, mientras las fuerzas del Estado no pueden violar la frontera. Este es un asunto que compete en demasía al país que sirve de "santuario".
Pero ahora la cosa se complica más con los documentos mostrados por el gobierno colombiano, que de ser ciertos, (y ya uno de ellos ha sido confirmado por el gobierno de Ecuador) involucran de manera completamente indebida e inaceptable, a la luz de cualquier legalidad nacional o internacional, a altos funcionarios, tanto del gobierno ecuatoriano como del venezolano, con las FARC. Si se verifica la legitimidad de los documentos atribuidos por el gobierno colombiano a Raúl Reyes, nuestro gobierno está metido en un lío de marca mayor, porque no hay sustento legal alguno para esas conexiones de que lo acusarían los documentos de Reyes.
Es muy posible que esto explique la actitud de Chávez, que ayer consideramos un mero aguaje, para la galería interna. Pero tal vez intuía lo que podía venir y picó adelante, poniendo las barbas en remojo, creando una tensión artificial con Colombia para echar un velo sobre las revelaciones que sospechaba podían surgir de la computadora de Raúl Reyes, entre otras, la de que pudiera ser cierto que el comandante Iván Márquez, también miembro del Secretariado de las FARC entra y sale de Venezuela como Pedro por su casa. Si la cosa fuere cierta, lo que más conviene al país es que Chávez le ponga sordina a su lengua y se apele a la acción rápida de la OEA y de otros gobiernos, que podrían actuar para impedir que la sangre llegue al río –en sentido absolutamente literal. En todo caso, aquí no queda más remedio que la acción pronta y decisiva de los organismos interamericanos.
Lo que al comienzo pareció un incidente internacional entre Colombia y Ecuador, grave, sí, pero manejable dentro del marco de los organismos interamericanos, ha adquirido una matización extremadamente preocupante a raíz de las revelaciones del jefe de la Policía Nacional colombiana, porque éstas, de ser ciertos los documentos mostrados, involucrarían tanto a nuestro gobierno como al ecuatoriano en una relación absolutamente non sancta con las FARC. Por lo pronto, ya el gobierno ecuatoriano ha reconocido que la reunión entre uno de sus ministros y Reyes efectivamente y tuvo lugar, lo cual ya permite pensar que no se trata de un montaje del gobierno colombiano. Dada la gravedad de la situación hay que actuar con suma prudencia y es lo que se le debe exigir, en primer lugar, al propio Chávez, cuyos desafueros verbales, si bien hasta ahora no han sido respondidos por el gobierno vecino, en este momento estarían totalmente fuera de lugar y complicarían aún más lo que ya está suficientemente complicado y peligroso.
Este lío tiene muchos bemoles. Por un lado, es cierto que las tropas colombianas, al irrumpir en territorio ecuatoriano, vulneraron, a la luz del Derecho Internacional, la soberanía de aquel país.
También es cierto que Uribe no le dijo la verdad a Correa al describir la operación militar efectuada. Al parecer, sus militares le dieron una información sesgada de lo ocurrido. En este sentido, el reclamo del presidente ecuatoriano tiene pertinencia.
Pero la cosa es más compleja de lo que pareciera indicar una consideración abstracta de Derecho Internacional.
Porque también es sabido que en numerosas ocasiones el gobierno colombiano se había quejado ante su homologo del sur de la presencia de las FARC en predios ecuatorianos, sin que aquél hubiera tomado ninguna iniciativa para impedirlo.
Esa presencia era tan cómoda e impune que Reyes y su grupo fueron sorprendidos durmiendo ¡en piyamas! ¿Dónde se ha visto guerrillero durmiendo empiyamado? Esto habla de un sentimiento de seguridad total: "aquí no van a venir a buscarnos". Todo indica que se trataba de un campamento relativamente estable y permanente, sólo posible en territorio "liberado" o protegido por la extraterritorialidad. Tan protegido que el señor Reyes podía entrevistarse con un ministro ecuatoriano. Pues bien, según el Derecho Internacional, Ecuador tiene razón, pero ateniéndonos a ese mismo Derecho, ¿cuáles son las obligaciones de un país que es utilizado por fuerzas irregulares de otro como "santuario"? ¿No hay nada previsto a este respecto? Si no lo hay, algo habrá que hacer, porque no se puede pedir a ningún país que confronta una guerra interna que acepte indefinidamente que las fuerzas irregulares con las que pelea encuentren "guarimba" en un país vecino, mientras las fuerzas del Estado no pueden violar la frontera. Este es un asunto que compete en demasía al país que sirve de "santuario".
Pero ahora la cosa se complica más con los documentos mostrados por el gobierno colombiano, que de ser ciertos, (y ya uno de ellos ha sido confirmado por el gobierno de Ecuador) involucran de manera completamente indebida e inaceptable, a la luz de cualquier legalidad nacional o internacional, a altos funcionarios, tanto del gobierno ecuatoriano como del venezolano, con las FARC. Si se verifica la legitimidad de los documentos atribuidos por el gobierno colombiano a Raúl Reyes, nuestro gobierno está metido en un lío de marca mayor, porque no hay sustento legal alguno para esas conexiones de que lo acusarían los documentos de Reyes.
Es muy posible que esto explique la actitud de Chávez, que ayer consideramos un mero aguaje, para la galería interna. Pero tal vez intuía lo que podía venir y picó adelante, poniendo las barbas en remojo, creando una tensión artificial con Colombia para echar un velo sobre las revelaciones que sospechaba podían surgir de la computadora de Raúl Reyes, entre otras, la de que pudiera ser cierto que el comandante Iván Márquez, también miembro del Secretariado de las FARC entra y sale de Venezuela como Pedro por su casa. Si la cosa fuere cierta, lo que más conviene al país es que Chávez le ponga sordina a su lengua y se apele a la acción rápida de la OEA y de otros gobiernos, que podrían actuar para impedir que la sangre llegue al río –en sentido absolutamente literal. En todo caso, aquí no queda más remedio que la acción pronta y decisiva de los organismos interamericanos.
Tuesday, October 30, 2007
Venezuela’s Gas Prices Remain Low, but the Political Costs May Be Rising
Venezuela’s Gas Prices Remain Low, but the Political Costs May Be Rising
By SIMON ROMERO
CARACAS, Venezuela, Oct. 29 — In a country moving toward socialism, the beneficiaries of government largess here are still people like Nicolás Taurisano, a businessman who dabbles in real estate and machinery imports. He is the proud owner of a Hummer.
Motorists in the United States smarting from rising gasoline prices, take note: Mr. Taurisano pays the equivalent of $1.50 to fill his Hummer’s tank. Thanks to a decades-old subsidy that has proven devilishly complex to undo, gasoline in Venezuela costs about 7 cents a gallon compared with an average $2.86 a gallon in the United States.
“It is one clear benefit to living in an otherwise challenging country,” said Mr. Taurisano, 34, who also owns a BMW, a Mercedes-Benz, a Ferrari and a Porsche.
Many Venezuelans consider the subsidy a birthright even though it bypasses the poor, who rely on relatively expensive and often dangerous public transportation. Economists estimate that it costs the government of President Hugo Chávez more than $9 billion a year.
Critics of Mr. Chávez, and the president himself, agree that the subsidy is a threat to his project to transform Venezuela into a socialist society, draining huge amounts of money from the national oil company’s sales each year that could be used for his social welfare programs.
Gasoline prices have often been a taboo subject for Venezuelan governments. There are memories of the riots in 1989, in which hundreds, perhaps thousands, of people died after protests set off by an increase in gasoline prices that resulted in higher transportation costs. That instability helped set in motion a failed coup attempt by Mr. Chávez in 1992, which first thrust him into the public eye.
After his re-election to a six-year term last December, when his political capital was abundant, Mr. Chávez called the gasoline prices “disgusting” and said his government was planning to raise them with a measure “financed by those who own a BMW or a tremendous four-wheel drive.” But he turned his attention to other matters, avoiding the touchy subject.
The link between social peace and gasoline so cheap it is almost given away is evident to many motorists. “If you raise gasoline, the people revolt,” said Janeth Lara, 40, an administrator at the Caracas Stock Exchange, as she waited for an attendant to fill the tank of her Jeep Grand Cherokee at a gas station here on a recent day. “It is the only cheap thing.”
During an oil boom that is lifting the incomes of both rich and poor, Venezuela is grappling with Latin America’s highest inflation rate, about 16 percent. The local currency, the bolívar, has plunged almost 50 percent in unregulated trading this year, reaching a record low of about 6,000 to the dollar in October (the official rate is fixed at 2,150 to the dollar.) Gasoline is one of the few products subject to price controls here that is in relatively ample supply. Newspapers have been filled recently with tales of consumers struggling to find milk. Last month, eggs were scarce.
Economic uncertainty makes it harder to tinker with fuel prices because a small increase could cascade. There could be an impact on the poor, with higher costs for food and other goods for which transportation costs are important, said Francisco Rodríguez, a former chief economist at the National Assembly.
One option is to keep the price of diesel cheap, because it is used in most freight and public transportation, while raising gasoline prices for relatively prosperous car owners. Another idea is to give transportation vouchers to people in poor neighborhoods.
“We are gradually moving toward an economic storm because of our addiction to cheap fuel,” said Orlando Ochoa, an economist at Andrés Bello University in Caracas.
Scholars trace the origins of Venezuela’s subsidy to the 1940s, when leftists imposed caps on gasoline prices after overthrowing the government of Gen. Isaías Medina Angarita. Because profits on sales of gasoline went to foreign oil companies at the time, the measure was seen as a way of redistributing oil revenues to Venezuelans.
Leaders were forced to raise prices in the 1980s and ’90s in the midst of financial distress. But Mr. Chávez has been hesitant to raise gasoline prices since his presidency began almost nine years ago.
Venezuela is not alone among oil-rich countries grappling with subsidized gasoline. Iran, a close ally, was shaken by unrest in June when its government rationed gasoline, which cost 34 cents a gallon at the time. But a thriving car-buying habit rivaled by few nations is forcing the government here to sell greater amounts of cheap gasoline.
Vehicle sales in Venezuela climbed 49 percent in the first nine months of the year from the same period last year, in part because cars are seen here as an investing hedge against economic uncertainty. Not only has the bolívar dropped in value, but there is also concern over real estate as squatters are allowed to take control of vacant properties.
Fuel smuggling into neighboring Colombia, where prices are much higher, is also rife. Domestic fuel consumption is up 56 percent in the past five years, to 780,000 barrels a day, said Ramón Espinasa, a former chief economist at Petróleos de Venezuela, the national oil company. One-third of oil production now goes to meet the subsidy, he said.
Petróleos de Venezuela has disputed such estimates but recently stopped providing public figures on domestic fuel sales. A spokesman at the company said officials were not available to comment on the matter.
Despite government efforts to open the market to car manufacturers from Iran and China, bulky, gas-guzzling sport-utility vehicles from the United States remain among the most sought-after automobiles here.
Perhaps the most coveted S.U.V. of all in Venezuela is the Hummer, an ethical quandary for Mr. Chávez.
“What kind of a revolution is this?” the president said on his television show this month, after a report here that General Motors was planning to import 3,000 Hummers to meet a rising demand. “One of Hummers?”
“No,” he said with the angry tone of a schoolmaster, answering his own question while announcing a measure that makes it more expensive to import Hummers and other luxury items like whiskey. “This is a revolution of truth.”
José Orozco contributed reporting from Caracas.
By SIMON ROMERO
CARACAS, Venezuela, Oct. 29 — In a country moving toward socialism, the beneficiaries of government largess here are still people like Nicolás Taurisano, a businessman who dabbles in real estate and machinery imports. He is the proud owner of a Hummer.
Motorists in the United States smarting from rising gasoline prices, take note: Mr. Taurisano pays the equivalent of $1.50 to fill his Hummer’s tank. Thanks to a decades-old subsidy that has proven devilishly complex to undo, gasoline in Venezuela costs about 7 cents a gallon compared with an average $2.86 a gallon in the United States.
“It is one clear benefit to living in an otherwise challenging country,” said Mr. Taurisano, 34, who also owns a BMW, a Mercedes-Benz, a Ferrari and a Porsche.
Many Venezuelans consider the subsidy a birthright even though it bypasses the poor, who rely on relatively expensive and often dangerous public transportation. Economists estimate that it costs the government of President Hugo Chávez more than $9 billion a year.
Critics of Mr. Chávez, and the president himself, agree that the subsidy is a threat to his project to transform Venezuela into a socialist society, draining huge amounts of money from the national oil company’s sales each year that could be used for his social welfare programs.
Gasoline prices have often been a taboo subject for Venezuelan governments. There are memories of the riots in 1989, in which hundreds, perhaps thousands, of people died after protests set off by an increase in gasoline prices that resulted in higher transportation costs. That instability helped set in motion a failed coup attempt by Mr. Chávez in 1992, which first thrust him into the public eye.
After his re-election to a six-year term last December, when his political capital was abundant, Mr. Chávez called the gasoline prices “disgusting” and said his government was planning to raise them with a measure “financed by those who own a BMW or a tremendous four-wheel drive.” But he turned his attention to other matters, avoiding the touchy subject.
The link between social peace and gasoline so cheap it is almost given away is evident to many motorists. “If you raise gasoline, the people revolt,” said Janeth Lara, 40, an administrator at the Caracas Stock Exchange, as she waited for an attendant to fill the tank of her Jeep Grand Cherokee at a gas station here on a recent day. “It is the only cheap thing.”
During an oil boom that is lifting the incomes of both rich and poor, Venezuela is grappling with Latin America’s highest inflation rate, about 16 percent. The local currency, the bolívar, has plunged almost 50 percent in unregulated trading this year, reaching a record low of about 6,000 to the dollar in October (the official rate is fixed at 2,150 to the dollar.) Gasoline is one of the few products subject to price controls here that is in relatively ample supply. Newspapers have been filled recently with tales of consumers struggling to find milk. Last month, eggs were scarce.
Economic uncertainty makes it harder to tinker with fuel prices because a small increase could cascade. There could be an impact on the poor, with higher costs for food and other goods for which transportation costs are important, said Francisco Rodríguez, a former chief economist at the National Assembly.
One option is to keep the price of diesel cheap, because it is used in most freight and public transportation, while raising gasoline prices for relatively prosperous car owners. Another idea is to give transportation vouchers to people in poor neighborhoods.
“We are gradually moving toward an economic storm because of our addiction to cheap fuel,” said Orlando Ochoa, an economist at Andrés Bello University in Caracas.
Scholars trace the origins of Venezuela’s subsidy to the 1940s, when leftists imposed caps on gasoline prices after overthrowing the government of Gen. Isaías Medina Angarita. Because profits on sales of gasoline went to foreign oil companies at the time, the measure was seen as a way of redistributing oil revenues to Venezuelans.
Leaders were forced to raise prices in the 1980s and ’90s in the midst of financial distress. But Mr. Chávez has been hesitant to raise gasoline prices since his presidency began almost nine years ago.
Venezuela is not alone among oil-rich countries grappling with subsidized gasoline. Iran, a close ally, was shaken by unrest in June when its government rationed gasoline, which cost 34 cents a gallon at the time. But a thriving car-buying habit rivaled by few nations is forcing the government here to sell greater amounts of cheap gasoline.
Vehicle sales in Venezuela climbed 49 percent in the first nine months of the year from the same period last year, in part because cars are seen here as an investing hedge against economic uncertainty. Not only has the bolívar dropped in value, but there is also concern over real estate as squatters are allowed to take control of vacant properties.
Fuel smuggling into neighboring Colombia, where prices are much higher, is also rife. Domestic fuel consumption is up 56 percent in the past five years, to 780,000 barrels a day, said Ramón Espinasa, a former chief economist at Petróleos de Venezuela, the national oil company. One-third of oil production now goes to meet the subsidy, he said.
Petróleos de Venezuela has disputed such estimates but recently stopped providing public figures on domestic fuel sales. A spokesman at the company said officials were not available to comment on the matter.
Despite government efforts to open the market to car manufacturers from Iran and China, bulky, gas-guzzling sport-utility vehicles from the United States remain among the most sought-after automobiles here.
Perhaps the most coveted S.U.V. of all in Venezuela is the Hummer, an ethical quandary for Mr. Chávez.
“What kind of a revolution is this?” the president said on his television show this month, after a report here that General Motors was planning to import 3,000 Hummers to meet a rising demand. “One of Hummers?”
“No,” he said with the angry tone of a schoolmaster, answering his own question while announcing a measure that makes it more expensive to import Hummers and other luxury items like whiskey. “This is a revolution of truth.”
José Orozco contributed reporting from Caracas.
Monday, June 04, 2007
The Young and the Restless
By MARY ANASTASIA O'GRADY
WSJ, June 4, 2007; Page A16
As tens of thousands of antigovernment student protestors poured into the streets of Caracas last week and national guard troops used tear gas and rubber bullets against them, many observers were asking whether Venezuelan President Hugo Chávez had finally met his Waterloo. Will his decree to strip 53-year-old Radio Caracas Television of its broadcasting license -- the spark that ignited the protests -- turn out to be his bridge too far?
If only.
An avowed Marxist, Mr. Chávez is in the process of destroying his country. Of this there is no doubt. But he is also an international menace, and a rich one at that. He has been using his oil wealth to sow revolution, à la Fidel Castro, in South and Central America. Did we mention that he's a dear friend of the Iranian government? Most of Latin America by now has his number, and it would be hard to find a democrat in the Western Hemisphere who wouldn't cheer his retirement and the return of checks and balances in Venezuelan government.
But that's only going to happen when Venezuelans decide they have had enough of him. And that's why the push-back against the confiscation of RCTV has gotten so much attention. Though no one knows if this will turn out to be a defining moment, it is certain that by trying to limit free speech Mr. Chávez has energized and broadened his opposition.
The film footage from last week's violence in Caracas, and six other cities around the country, largely featured unarmed university students in T-shirts and jeans caught in clouds of tear gas, being chased and beaten by helmeted jackboots, and fired on with water cannons. Yet none of this deterred the students in their acts of civil disobedience.
Until now, students have not played a role in anti-Chávez activism. Eight years of property confiscations, the jailing of government adversaries and the manipulation of voter rolls and elections prompted almost no student response at all. But the attack on free speech hit a nerve and sent them to the streets. This has captured the attention of the nation because student resistance movements have an important history in Venezuela. In recent days many have been recalling that it was an uprising from the universities that precipitated the fall of dictator Marcos Pérez Jiminez in 1958.
Still, it is not clear that this is a grassroots movement that will run Mr. Chávez out of town. It is true that the students who are out in the streets attend the large state-run schools and therefore probably do not come from Venezuela's elite families. But they are not from the nation's most destitute families either, where Mr. Chávez finds his strongest support. It is safe to say that they mostly represent the country's middle and lower-middle income sectors. Yet it is notable that the protests have spread beyond wealthy Caracas to include public universities in poorer parts of the country where student bodies tend to be even more humble.
What is also new, and even more interesting, about this resistance movement is its focus on "freedom" and calls to end "the dictatorship." Mr. Chávez's beloved Revolution may have once claimed the moral high ground by asserting that its enemies plotted a nondemocratic coup on April 11, 2002. But now the president and his chavistas seem to be the ones on the defensive, with polls showing more than 70% of Venezuelans opposed to the closing of RCTV. This suggests that the dissatisfaction does indeed cut across economic classes.
The reason for the outrage might be practical as well as ideological. RCTV had more than 44% of the nation's television market share and offered, along with contrarian political views, a wide range of entertainment. For many poor, working-class Venezuelans, whose evening soap opera is one of life's few pleasures, the end of RCTV is nearly unforgivable. This is especially so because it has been replaced by a government-run station that Venezuelans say is boring. Mr. Chávez has not only encroached on precious political turf but he has yanked an almost sacred property right out of the Venezuelan living room.
As we noted in this space two weeks ago, there is simmering discontent in the economy as well. Oil prices are high but Venezuelans are no better off than they were eight years ago. Food shortages are growing more common and even the poor, whom Mr. Chávez says he is intent on helping, are struggling. Now the best free entertainment in the country has been curtailed. A perfect storm may be brewing.
That Mr. Chávez has fallen from grace and that a majority of Venezuelans now want him gone is not hard to fathom. But even if it is true, he is not likely to go down without a fight and he is in a far better position to prevail using force than he was five years ago. He has built up support inside the military, armed a street militia and refined intelligence tactics using Cuban personnel. Last week he threatened to call the masses down from the slums on the hills around Caracas to defend the Revolution. Some Venezuelans are worried that he is trying to provoke his opponents to move against him so that he can respond with force.
This reveals the true politics of Mr. Chávez and suggests that he no longer feels it necessary to keep up the appearance of a "democracy." Why bother? His move against RCTV already has damaged his image as a crusader for justice and he has been criticized by such groups as Amnesty International, Reporters Without Borders, Human Rights Watch and the Catholic Church. Even Brazilian President Luis Inácio "Lula" da Silva, who is an old friend of Fidel Castro and who, up to now, has been reluctant to criticize Mr. Chávez, has subtly signaled disapproval of the closing of RCTV. "If many times a wave of negative coverage about the government looks bad to me, it would be much worse if democracy did not exist in this country," he told a broadcasters conference in Brazil last week. Democracy, he added, is a system that allows "the press to say what it wants, when it wants, to be judged by the only ones that matter: the listeners, the television watchers and the readers."
The only way to recover approval from Lula and the rest of the civilized world would be to backtrack on the RCTV decision. Mr. Chávez is not likely to do that anymore than he is likely to voluntarily relinquish power. Given his failing popularity, a showdown, sooner or later, is more than probable. Stay tuned.
WSJ, June 4, 2007; Page A16
As tens of thousands of antigovernment student protestors poured into the streets of Caracas last week and national guard troops used tear gas and rubber bullets against them, many observers were asking whether Venezuelan President Hugo Chávez had finally met his Waterloo. Will his decree to strip 53-year-old Radio Caracas Television of its broadcasting license -- the spark that ignited the protests -- turn out to be his bridge too far?
If only.
An avowed Marxist, Mr. Chávez is in the process of destroying his country. Of this there is no doubt. But he is also an international menace, and a rich one at that. He has been using his oil wealth to sow revolution, à la Fidel Castro, in South and Central America. Did we mention that he's a dear friend of the Iranian government? Most of Latin America by now has his number, and it would be hard to find a democrat in the Western Hemisphere who wouldn't cheer his retirement and the return of checks and balances in Venezuelan government.
But that's only going to happen when Venezuelans decide they have had enough of him. And that's why the push-back against the confiscation of RCTV has gotten so much attention. Though no one knows if this will turn out to be a defining moment, it is certain that by trying to limit free speech Mr. Chávez has energized and broadened his opposition.
The film footage from last week's violence in Caracas, and six other cities around the country, largely featured unarmed university students in T-shirts and jeans caught in clouds of tear gas, being chased and beaten by helmeted jackboots, and fired on with water cannons. Yet none of this deterred the students in their acts of civil disobedience.
Until now, students have not played a role in anti-Chávez activism. Eight years of property confiscations, the jailing of government adversaries and the manipulation of voter rolls and elections prompted almost no student response at all. But the attack on free speech hit a nerve and sent them to the streets. This has captured the attention of the nation because student resistance movements have an important history in Venezuela. In recent days many have been recalling that it was an uprising from the universities that precipitated the fall of dictator Marcos Pérez Jiminez in 1958.
Still, it is not clear that this is a grassroots movement that will run Mr. Chávez out of town. It is true that the students who are out in the streets attend the large state-run schools and therefore probably do not come from Venezuela's elite families. But they are not from the nation's most destitute families either, where Mr. Chávez finds his strongest support. It is safe to say that they mostly represent the country's middle and lower-middle income sectors. Yet it is notable that the protests have spread beyond wealthy Caracas to include public universities in poorer parts of the country where student bodies tend to be even more humble.
What is also new, and even more interesting, about this resistance movement is its focus on "freedom" and calls to end "the dictatorship." Mr. Chávez's beloved Revolution may have once claimed the moral high ground by asserting that its enemies plotted a nondemocratic coup on April 11, 2002. But now the president and his chavistas seem to be the ones on the defensive, with polls showing more than 70% of Venezuelans opposed to the closing of RCTV. This suggests that the dissatisfaction does indeed cut across economic classes.
The reason for the outrage might be practical as well as ideological. RCTV had more than 44% of the nation's television market share and offered, along with contrarian political views, a wide range of entertainment. For many poor, working-class Venezuelans, whose evening soap opera is one of life's few pleasures, the end of RCTV is nearly unforgivable. This is especially so because it has been replaced by a government-run station that Venezuelans say is boring. Mr. Chávez has not only encroached on precious political turf but he has yanked an almost sacred property right out of the Venezuelan living room.
As we noted in this space two weeks ago, there is simmering discontent in the economy as well. Oil prices are high but Venezuelans are no better off than they were eight years ago. Food shortages are growing more common and even the poor, whom Mr. Chávez says he is intent on helping, are struggling. Now the best free entertainment in the country has been curtailed. A perfect storm may be brewing.
That Mr. Chávez has fallen from grace and that a majority of Venezuelans now want him gone is not hard to fathom. But even if it is true, he is not likely to go down without a fight and he is in a far better position to prevail using force than he was five years ago. He has built up support inside the military, armed a street militia and refined intelligence tactics using Cuban personnel. Last week he threatened to call the masses down from the slums on the hills around Caracas to defend the Revolution. Some Venezuelans are worried that he is trying to provoke his opponents to move against him so that he can respond with force.
This reveals the true politics of Mr. Chávez and suggests that he no longer feels it necessary to keep up the appearance of a "democracy." Why bother? His move against RCTV already has damaged his image as a crusader for justice and he has been criticized by such groups as Amnesty International, Reporters Without Borders, Human Rights Watch and the Catholic Church. Even Brazilian President Luis Inácio "Lula" da Silva, who is an old friend of Fidel Castro and who, up to now, has been reluctant to criticize Mr. Chávez, has subtly signaled disapproval of the closing of RCTV. "If many times a wave of negative coverage about the government looks bad to me, it would be much worse if democracy did not exist in this country," he told a broadcasters conference in Brazil last week. Democracy, he added, is a system that allows "the press to say what it wants, when it wants, to be judged by the only ones that matter: the listeners, the television watchers and the readers."
The only way to recover approval from Lula and the rest of the civilized world would be to backtrack on the RCTV decision. Mr. Chávez is not likely to do that anymore than he is likely to voluntarily relinquish power. Given his failing popularity, a showdown, sooner or later, is more than probable. Stay tuned.
Thursday, May 17, 2007
LAND GRAB: Farms Are Latest Target
Co-ops of City Dwellers
On Seized Acreage Are
Mostly a Bust So Far
By JOSÉ DE CÓRDOBA
May 17, 2007; Front page of the Wall Street Journal
SAN FELIPE, Venezuela -- Vicente Lecuna jabs a wall map of his Santa Isabel ranch so angrily that the map crashes to the floor. "I used to produce 10,000 tons of sugar cane a year," says the 67-year-old Venezuelan cattleman. "Now it's zero! Zero!" he shouts.
Two years ago, squatters seized about half of Mr. Lecuna's 3,000-acre ranch, setting up a cooperative named "Re-Founding the Fatherland." Far from being evicted, the squatters got loans and tractors from the government of President Hugo Chávez. They then uprooted the sugar cane and decided to try their hand at growing plantains.
"We are building socialism and fighting capitalism!" says co-op leader Juan Nava, standing amid wooden shacks on what used to be Mr. Lecuna's land. The rancher's efforts to fight the takeover in court have gone nowhere.
If the rhetoric smacks of the 1960s, it's because Mr. Chávez dreams of transforming Venezuela just as Fidel Castro did Cuba. Mr. Chávez has already sharply cut private companies' role in Venezuela's lucrative oil industry, and uses the state oil company to funnel billions of dollars to his social projects. He has nationalized the leading telephone company and the main electric utility. He speaks of wanting to drive a stake through the heart of capitalism, limiting the role of money and installing a barter system.
Now Mr. Chávez is taking his revolution to the Venezuelan countryside. "We must end latifundios," he said in a televised speech in March, referring to large agrarian estates. "The people order it, and we will do it, whatever the cost." Then he announced the seizure of a land area larger than the state of Rhode Island.
Since coming to power, the Chávez government has handed over 8.8 million acres, an area bigger than Maryland, for use by the poor. While much of this was state-owned land that was either idle or leased to ranchers, some 4.5 million acres were "recovered" from private owners, Mr. Chávez said recently. In some cases, the government compensated them. In most others, like Mr. Lecuna's, it has simply turned a blind eye to land invasions.
The government bills land reform as a way to make Venezuela self-sufficient in food. But so far, the effect has been to undercut production of beef, sugar and other foods, as productive land is handed to city dwellers with no knowledge of farming. Established farmers and ranchers, fearing their land may be seized next, are cutting investment in their operations to a minimum.
The chaos in the countryside has contributed to shortages in basic items like milk and meat, a paradox in a country enjoying an economic boom traceable to high oil prices. Also spurring the shortages are price controls on certain foods that keep them priced below the cost of production. Meanwhile, 19%-plus inflation -- as oil revenue floods the economy -- spurs panic buying: purchasing price-controlled and other goods the shopper might not immediately need for fear of having higher prices in the future or not finding the items at all.
"You get up at dawn to hunt for a breast of chicken all over town. Housewives are in a foul mood," says Lucylde González, a Caracas homemaker, who says she hasn't seen an egg in a week.
After squatters took part of Mr. Lecuna's land, his bank said he could no longer use what remained as collateral for loans, and asked him to put up a Caracas office building he owns instead. Mr. Lecuna says he can't get financing from state banks, because they now won't lend to farmers with more than 100 acres. He has stopped buying fertilizer and machinery. "I'm afraid of investing," he says. In addition, kidnappings of farmers and ranchers for ransom are on the rise, and scandals have plagued the co-op program.
Mr. Chávez blames the shortages on "speculation" by distributors and producers. Agriculture Minister Elias Jaua recently called a news conference to deny there's been any decline in food production during the eight years of Chávez rule. The central bank stopped publishing agricultural statistics in 2005. A private farm association called Fedeagro estimates Venezuela grew 8% less food last year than the year before, citing factors including the price controls, land seizures and the wave of kidnappings of farmers.
Oil-Fueled Experiments
Some Chávez initiatives recall disastrous past experiments with collectivized agriculture, such as in Mao's China and the Cuban revolution, which helped turn one of Latin America's richest lands into one of its poorest. But as the world's fifth biggest oil exporter, Venezuela has an advantage they didn't. Oil revenue gives the fiery nationalist leeway to pursue utopian policies despite the doubts of many mainstream economists that they are sustainable.
Members of new farm co-ops receive training via a program called Misión Vuelvan Caras, ("Mission About-Face"), which Mr. Chávez has just renamed Misión Che Guevara. It pays thousands of slum dwellers monthly stipends to learn a hodgepodge of Marxism, "ancestral" Venezuelan farming methods, and Cuban fertilizer-making techniques. In two years, the program has graduated nearly a million people.
At the Re-Founding the Fatherland co-op, the 96 members have four tractors, including a bright red Veniran made by a Venezuelan-Iranian government joint venture. Co-op members have uprooted about 540 acres of sugar cane planted by the former owner, Mr. Lecuna. The co-op's Mr. Nava, a wiry former construction worker in plastic sandals, says members have planted 60 acres of plantains, a figure he ups later in the interview to 170. Lecuna ranch hands say it's 10 acres at most. Co-op members have also planted small plots of corn, beans and watermelons.
The co-op's production doesn't come close to sustaining its members, and most work in nearby cities and towns. The dozen or so who live in shacks on the land are currently building a concrete trough that they plan to fill with millions of worms. The worms will be fed cow manure to create a fertilizer called humus de lombrices, or worm humus. The technique comes recommended by Cuba. "By next year, we will live from this," says Mr. Nava, as two rail-thin dogs fight nearby and kick up a cloud of dust.
Referring to the rancher whose land was seized, Mr. Nava demands, "Why so much land owned by one man and so many others dying for land? Tell Lecuna we are going to take everything. We are coming his way!"
Until Mr. Chávez became president in 1999, land reform wasn't a big issue in Venezuela. A land-redistribution program in the early 1960s had ended a system of big estates with absentee owners and serf-like laborers, handing hundreds of thousands of acres over for the use of peasants, say Venezuelan agriculture experts.
Early on, Mr. Chávez pushed legislation permitting the government to seize land from large farms, but opposition from farmers, ranchers and the supreme court largely stopped his efforts. He tried again in 2005 and this time faced little resistance. Mr. Chávez by then controlled the courts as well as the Congress, where he had no opponents because opposition parties, thinking legislative elections rigged, had boycotted the polls.
One of the first battlegrounds over land reform was Hato Paraima ranch, on the scorching plains of Cojedes state in central Venezuela. In 2005 the state governor, a Chávez ally, announced he would seize the 120,000-acre ranch outright from its owners, the Branger family. The federal government stepped in and, after months of negotiation, purchased about 80,000 acres. "It was a reasonable negotiation -- within the context that it was a forced negotiation," says Jaime Pérez Branger, president of the family company.
Hato Paraima's land gets virtually no rain about six months of the year. During the other six, it is subject to repeated flooding. So it's acceptable for grazing cattle and growing grass seed, but not much else. Even grazing is difficult because of the acidic soil and extreme rainfall pattern. The Branger family has a seed company that developed hardy grasses adapted to the tough conditions of Venezuela's plains.
Without any sort of water study, the government distributed 80,000 acres of Hato Paraima to dozens of co-ops and individuals -- who submitted plans for growing everything from sugar cane to vegetables on it, as well as for raising cattle on small plots. The government hoped the results would be a showcase.
But the co-op members have seen their pastures dry up in the searing sun of the dry season. Some gave up. Others, in desperation, have turned to the Branger family for help.
"The people are going crazy for lack of pasture," says Rodolfo Barrios, who manages the family's seed company, called Sembra. He says that co-op members pleaded with him five times this March for hay to feed their cattle, and that he donated about 1,000 bales, plus the use of a bulldozer to make a road to connect distant co-ops to the main road.
Today the co-ops feature a succession of empty shacks and a couple of skinny cows among dust devils and hard, rocky soil, with just a few people around. A planned community center is half-finished, as are some 25 houses that will eventually replace squatters' shacks. Roads and drainage systems promised by the government are, for most part, yet to be built.
Co-op member Arturo Morffe lives in a shack made of tin and sticks, with no water or electricity. The 50-year-old former construction worker is the only member of a 20-person co-op, all city dwellers, who lives full time at the co-op's 750 acres. He says the rest, including his wife and children, are back in the city of Maracay, where they first formed the co-op, and eight have abandoned the co-op effort altogether.
His wife visits occasionally, he says, as he takes a break from clearing brush with a machete. "She says I should quit the struggle." But the lanky Mr. Morffe, who has planted 100 maracuyá fruit plants by his shack, is determined to see the project through. "It's tough, but we have to keep going," he says. Pointing with his machete toward the stony ground, he says, "If the government helps out as it says it will, then in two years we could have 200 to 300 milk cows."
Taking Advantage
For some, the Venezuelan co-op program -- which readily makes loans available to members of a wide variety of co-ops, not just agrarian -- is evidently just a way to make a buck. Some city residents hire watchmen to live a subsistence existence in shacks on their rural homesteads while waiting for government loans. In Guárico state, officials say some local businessmen gave local prostitutes a few hundred dollars for the use of their names to form ghost co-ops and then receive loans of up to $100,000.
The repayment rate on farm co-op loans in Venezuela is less than 1%, says Olivier Delahaye, an expert on agrarian reform in Latin America. The whole Venezuelan co-op program is a "loan factory," Mr. Delahaye says.
José López occupies a tin and wood shack down one dusty road on a co-op. "I'm the watchman here," says the one-eyed Mr. López, sprawled on a hammock surrounded by empty beer bottles. Mr. López says the 40-acre homestead belongs to a person who works for a television cable company in the city of Valencia, three hours away, who drops by once a week to pay his salary.
An official from the government land institute, which certifies that the land's occupiers are making improvements, stops by, making his rounds. The official says the government has granted the homesteader a $40,000 loan to build fences and improve the place, although there is no water nearby.
Many involved in the land-reform effort say it is riddled with corruption, such as in San Carlos, the capital of the state of Cojedes, a sweltering town with a statue of a giant mango marking its entrance. The last three local administrators of the agency that grants squatters "agrarian letters" -- the first step in getting a government loan -- have been fired amid charges of mismanagement and fraud. "The struggle against the oligarchy is paralyzed," says Anibal López, an aging former guerrilla sent from Caracas to run the agency.
Scandals have dogged almost every agency involved with Venezuela's new agricultural development. Fondafa, which is supposed to fund the new co-ops, has the worst reputation. Reinaldo Barrios, a Chávez supporter and municipal official in the town of Zaraza in the main corn-producing region, estimates that $100 million of money intended for farmers was stolen or lost in the last two years.
"Impunity, inefficiency and corruption are destroying the economic and political bases of the country," he charges. Venezuela's Congress is doing an investigation. But some high-ranking Chavistas have labeled Mr. Barrios a "counterrevolutionary," suggesting the inquiry may not go very deep.
Mr. Chávez is undaunted. In late March, he held his weekly televised address from a farm that had just been seized. He asked an aide what kind of land it was. "This is a very flood-prone zone," the aide replied, saying that 80% of the land is at times under water. That didn't stop Mr. Chávez, who promised that in three months the government would have an economic development plan for the land. "The Revolution is here," he said.
On Seized Acreage Are
Mostly a Bust So Far
By JOSÉ DE CÓRDOBA
May 17, 2007; Front page of the Wall Street Journal
SAN FELIPE, Venezuela -- Vicente Lecuna jabs a wall map of his Santa Isabel ranch so angrily that the map crashes to the floor. "I used to produce 10,000 tons of sugar cane a year," says the 67-year-old Venezuelan cattleman. "Now it's zero! Zero!" he shouts.
Two years ago, squatters seized about half of Mr. Lecuna's 3,000-acre ranch, setting up a cooperative named "Re-Founding the Fatherland." Far from being evicted, the squatters got loans and tractors from the government of President Hugo Chávez. They then uprooted the sugar cane and decided to try their hand at growing plantains.
"We are building socialism and fighting capitalism!" says co-op leader Juan Nava, standing amid wooden shacks on what used to be Mr. Lecuna's land. The rancher's efforts to fight the takeover in court have gone nowhere.
If the rhetoric smacks of the 1960s, it's because Mr. Chávez dreams of transforming Venezuela just as Fidel Castro did Cuba. Mr. Chávez has already sharply cut private companies' role in Venezuela's lucrative oil industry, and uses the state oil company to funnel billions of dollars to his social projects. He has nationalized the leading telephone company and the main electric utility. He speaks of wanting to drive a stake through the heart of capitalism, limiting the role of money and installing a barter system.
Now Mr. Chávez is taking his revolution to the Venezuelan countryside. "We must end latifundios," he said in a televised speech in March, referring to large agrarian estates. "The people order it, and we will do it, whatever the cost." Then he announced the seizure of a land area larger than the state of Rhode Island.
Since coming to power, the Chávez government has handed over 8.8 million acres, an area bigger than Maryland, for use by the poor. While much of this was state-owned land that was either idle or leased to ranchers, some 4.5 million acres were "recovered" from private owners, Mr. Chávez said recently. In some cases, the government compensated them. In most others, like Mr. Lecuna's, it has simply turned a blind eye to land invasions.
The government bills land reform as a way to make Venezuela self-sufficient in food. But so far, the effect has been to undercut production of beef, sugar and other foods, as productive land is handed to city dwellers with no knowledge of farming. Established farmers and ranchers, fearing their land may be seized next, are cutting investment in their operations to a minimum.
The chaos in the countryside has contributed to shortages in basic items like milk and meat, a paradox in a country enjoying an economic boom traceable to high oil prices. Also spurring the shortages are price controls on certain foods that keep them priced below the cost of production. Meanwhile, 19%-plus inflation -- as oil revenue floods the economy -- spurs panic buying: purchasing price-controlled and other goods the shopper might not immediately need for fear of having higher prices in the future or not finding the items at all.
"You get up at dawn to hunt for a breast of chicken all over town. Housewives are in a foul mood," says Lucylde González, a Caracas homemaker, who says she hasn't seen an egg in a week.
After squatters took part of Mr. Lecuna's land, his bank said he could no longer use what remained as collateral for loans, and asked him to put up a Caracas office building he owns instead. Mr. Lecuna says he can't get financing from state banks, because they now won't lend to farmers with more than 100 acres. He has stopped buying fertilizer and machinery. "I'm afraid of investing," he says. In addition, kidnappings of farmers and ranchers for ransom are on the rise, and scandals have plagued the co-op program.
Mr. Chávez blames the shortages on "speculation" by distributors and producers. Agriculture Minister Elias Jaua recently called a news conference to deny there's been any decline in food production during the eight years of Chávez rule. The central bank stopped publishing agricultural statistics in 2005. A private farm association called Fedeagro estimates Venezuela grew 8% less food last year than the year before, citing factors including the price controls, land seizures and the wave of kidnappings of farmers.
Oil-Fueled Experiments
Some Chávez initiatives recall disastrous past experiments with collectivized agriculture, such as in Mao's China and the Cuban revolution, which helped turn one of Latin America's richest lands into one of its poorest. But as the world's fifth biggest oil exporter, Venezuela has an advantage they didn't. Oil revenue gives the fiery nationalist leeway to pursue utopian policies despite the doubts of many mainstream economists that they are sustainable.
Members of new farm co-ops receive training via a program called Misión Vuelvan Caras, ("Mission About-Face"), which Mr. Chávez has just renamed Misión Che Guevara. It pays thousands of slum dwellers monthly stipends to learn a hodgepodge of Marxism, "ancestral" Venezuelan farming methods, and Cuban fertilizer-making techniques. In two years, the program has graduated nearly a million people.
At the Re-Founding the Fatherland co-op, the 96 members have four tractors, including a bright red Veniran made by a Venezuelan-Iranian government joint venture. Co-op members have uprooted about 540 acres of sugar cane planted by the former owner, Mr. Lecuna. The co-op's Mr. Nava, a wiry former construction worker in plastic sandals, says members have planted 60 acres of plantains, a figure he ups later in the interview to 170. Lecuna ranch hands say it's 10 acres at most. Co-op members have also planted small plots of corn, beans and watermelons.
The co-op's production doesn't come close to sustaining its members, and most work in nearby cities and towns. The dozen or so who live in shacks on the land are currently building a concrete trough that they plan to fill with millions of worms. The worms will be fed cow manure to create a fertilizer called humus de lombrices, or worm humus. The technique comes recommended by Cuba. "By next year, we will live from this," says Mr. Nava, as two rail-thin dogs fight nearby and kick up a cloud of dust.
Referring to the rancher whose land was seized, Mr. Nava demands, "Why so much land owned by one man and so many others dying for land? Tell Lecuna we are going to take everything. We are coming his way!"
Until Mr. Chávez became president in 1999, land reform wasn't a big issue in Venezuela. A land-redistribution program in the early 1960s had ended a system of big estates with absentee owners and serf-like laborers, handing hundreds of thousands of acres over for the use of peasants, say Venezuelan agriculture experts.
Early on, Mr. Chávez pushed legislation permitting the government to seize land from large farms, but opposition from farmers, ranchers and the supreme court largely stopped his efforts. He tried again in 2005 and this time faced little resistance. Mr. Chávez by then controlled the courts as well as the Congress, where he had no opponents because opposition parties, thinking legislative elections rigged, had boycotted the polls.
One of the first battlegrounds over land reform was Hato Paraima ranch, on the scorching plains of Cojedes state in central Venezuela. In 2005 the state governor, a Chávez ally, announced he would seize the 120,000-acre ranch outright from its owners, the Branger family. The federal government stepped in and, after months of negotiation, purchased about 80,000 acres. "It was a reasonable negotiation -- within the context that it was a forced negotiation," says Jaime Pérez Branger, president of the family company.
Hato Paraima's land gets virtually no rain about six months of the year. During the other six, it is subject to repeated flooding. So it's acceptable for grazing cattle and growing grass seed, but not much else. Even grazing is difficult because of the acidic soil and extreme rainfall pattern. The Branger family has a seed company that developed hardy grasses adapted to the tough conditions of Venezuela's plains.
Without any sort of water study, the government distributed 80,000 acres of Hato Paraima to dozens of co-ops and individuals -- who submitted plans for growing everything from sugar cane to vegetables on it, as well as for raising cattle on small plots. The government hoped the results would be a showcase.
But the co-op members have seen their pastures dry up in the searing sun of the dry season. Some gave up. Others, in desperation, have turned to the Branger family for help.
"The people are going crazy for lack of pasture," says Rodolfo Barrios, who manages the family's seed company, called Sembra. He says that co-op members pleaded with him five times this March for hay to feed their cattle, and that he donated about 1,000 bales, plus the use of a bulldozer to make a road to connect distant co-ops to the main road.
Today the co-ops feature a succession of empty shacks and a couple of skinny cows among dust devils and hard, rocky soil, with just a few people around. A planned community center is half-finished, as are some 25 houses that will eventually replace squatters' shacks. Roads and drainage systems promised by the government are, for most part, yet to be built.
Co-op member Arturo Morffe lives in a shack made of tin and sticks, with no water or electricity. The 50-year-old former construction worker is the only member of a 20-person co-op, all city dwellers, who lives full time at the co-op's 750 acres. He says the rest, including his wife and children, are back in the city of Maracay, where they first formed the co-op, and eight have abandoned the co-op effort altogether.
His wife visits occasionally, he says, as he takes a break from clearing brush with a machete. "She says I should quit the struggle." But the lanky Mr. Morffe, who has planted 100 maracuyá fruit plants by his shack, is determined to see the project through. "It's tough, but we have to keep going," he says. Pointing with his machete toward the stony ground, he says, "If the government helps out as it says it will, then in two years we could have 200 to 300 milk cows."
Taking Advantage
For some, the Venezuelan co-op program -- which readily makes loans available to members of a wide variety of co-ops, not just agrarian -- is evidently just a way to make a buck. Some city residents hire watchmen to live a subsistence existence in shacks on their rural homesteads while waiting for government loans. In Guárico state, officials say some local businessmen gave local prostitutes a few hundred dollars for the use of their names to form ghost co-ops and then receive loans of up to $100,000.
The repayment rate on farm co-op loans in Venezuela is less than 1%, says Olivier Delahaye, an expert on agrarian reform in Latin America. The whole Venezuelan co-op program is a "loan factory," Mr. Delahaye says.
José López occupies a tin and wood shack down one dusty road on a co-op. "I'm the watchman here," says the one-eyed Mr. López, sprawled on a hammock surrounded by empty beer bottles. Mr. López says the 40-acre homestead belongs to a person who works for a television cable company in the city of Valencia, three hours away, who drops by once a week to pay his salary.
An official from the government land institute, which certifies that the land's occupiers are making improvements, stops by, making his rounds. The official says the government has granted the homesteader a $40,000 loan to build fences and improve the place, although there is no water nearby.
Many involved in the land-reform effort say it is riddled with corruption, such as in San Carlos, the capital of the state of Cojedes, a sweltering town with a statue of a giant mango marking its entrance. The last three local administrators of the agency that grants squatters "agrarian letters" -- the first step in getting a government loan -- have been fired amid charges of mismanagement and fraud. "The struggle against the oligarchy is paralyzed," says Anibal López, an aging former guerrilla sent from Caracas to run the agency.
Scandals have dogged almost every agency involved with Venezuela's new agricultural development. Fondafa, which is supposed to fund the new co-ops, has the worst reputation. Reinaldo Barrios, a Chávez supporter and municipal official in the town of Zaraza in the main corn-producing region, estimates that $100 million of money intended for farmers was stolen or lost in the last two years.
"Impunity, inefficiency and corruption are destroying the economic and political bases of the country," he charges. Venezuela's Congress is doing an investigation. But some high-ranking Chavistas have labeled Mr. Barrios a "counterrevolutionary," suggesting the inquiry may not go very deep.
Mr. Chávez is undaunted. In late March, he held his weekly televised address from a farm that had just been seized. He asked an aide what kind of land it was. "This is a very flood-prone zone," the aide replied, saying that 80% of the land is at times under water. That didn't stop Mr. Chávez, who promised that in three months the government would have an economic development plan for the land. "The Revolution is here," he said.
Wednesday, May 16, 2007
Clash of Hope and Fear as Venezuela Seizes Land
Thursday 17 2007, the New York Times
By SIMON ROMERO
URACHICHE, Venezuela — The squatters arrive before dawn with machetes and rifles, surround the well-ordered rows of sugar cane and threaten to kill anyone who interferes. Then they light a match to the crops and declare the land their own.
For centuries, much of Venezuela’s rich farmland has been in the hands of a small elite. After coming to power in 1998, and especially after his re-election in December, President Hugo Chávez vowed to end that inequality, and has been keeping his promise in a process that is both brutal and legal.
Mr. Chávez is carrying out what may become the largest forced land redistribution in Venezuela’s history, building utopian farming villages for squatters, lavishing money on new cooperatives and sending army commando units to supervise seized estates in six states.
The violence has gone both ways in the struggle, with more than 160 peasants killed by hired gunmen in Venezuela, including several here in northwestern Yaracuy State, an epicenter of the land reform project, in recent years. Eight landowners have also been killed here.
“The oligarchy is always on the attack and trying to say you are no good,” Mr. Chávez said to squatters in a televised visit here. “They think they’re the owners of the world.”
Mr. Chávez’s supporters have formed thousands of state-financed cooperatives to wrest farms and cattle ranches from private owners. Landowners say compensation is hard to obtain. Local officials describe the land seizures as paving stones on “the road to socialism.”
“This is agrarian terrorism encouraged by the state,” said Fhandor Quiroga, a landowner and head of Yaracuy’s chamber of commerce, pointing to dozens of kidnappings of landowners by armed gangs in the last two years.
The government says the goal of the nationwide resettlement is to make better use of idle land and to make Venezuela less dependent on food imports. New laws allow squatters to manage and farm land that has now been placed in government hands.
Before the land reform started in 2002, an estimated 5 percent of the population owned 80 percent of the country’s private land. The government says it has now taken over about 3.4 million acres and resettled more than 15,000 families.
Poor farmhands and unemployed town dwellers who squatted on land here are as filled with optimism as wealthy land owners are with dread. On the outskirts of the town of Urachiche, for instance, is Fundo Bella Vista, a farming community inaugurated by Mr. Chávez during an episode of his television program broadcast here in April.
Bella Vista is one of 12 “communal towns” that Mr. Chávez plans to build this year. It has neat rows of identical three-bedroom homes for 83 families, a reading room, a radio station, a building with free high-speed Internet service, a school and a plaza with a bust of Simón Bolívar, Venezuela’s national hero.
With financing from state banks, the cooperative plants crops like manioc, corn and beans, which officials in Caracas say are better suited to soils here than sugar cane. By burning the cane during land seizures, the squatters prepare the land for other crops and give owners less incentive to fight for control. The state and federal government holds Bella Vista as an example of the ideological fervor Mr. Chávez is trying to instill in the countryside.
Lisbeth Colmenares, 22, was radiant as she showed a visitor her new home here, where she and her family live rent-free.
“Before Chávez, the government would have been happy to let us starve,” said Ms. Colmenares, holding her 6-month-old daughter, Luzelis. “We’ll never let what we have now be taken from us.”
But while some of the newly settled farming communities are euphoric, landowners are jittery. Economists say the land reform may have the opposite effect of what Mr. Chavez intends, and make the country more dependent on imported food than before.
The uncertainties and disruptions of the land seizures have led to lower investment by some farmers. Production of some foods has been relatively flat, adding to shortages of items like sugar, economists say.
John R. Hines Freyre, who owns Yaracuy’s largest sugar-cane farm, is now trying desperately to sell the property and others in neighboring states. “No one wants this property, of course, because they know we’re about to be invaded,” said Mr. Hines, 69, in English polished decades ago at Georgetown University.
Yaracuy’s sugar growers’ association says sugar cane production here has fallen 40 percent since Mr. Chávez set the land reform in motion.
Senior officials blame “hoarders” for the shortages. But agricultural economists say the government bureaucracy, which runs a chain of food stores, is also rife with inefficiencies and Venezuela is at a disadvantage in competing on international markets with larger economies, like China.
Carlos Machado Allison, an agricultural economist at the Institute for Higher Administrative Studies in Caracas, said demand for food had climbed more than 30 percent in the last two years with the oil boom, while Venezuela’s capacity to produce food grew only 5 percent.
He points to inconsistencies in the government’s approach, like having one ministry charged with redistributing land to reduce food imports while another is tasked with importing large amounts of food.
“The double talk from the highest levels is absurd,” Mr. Machado said. “By enhancing the state’s power, the reforms we’re witnessing now are a mechanism to perpetuate poverty in the countryside.”
Top-down land redistribution projects have a troubled history in Latin America, including Venezuela itself, which last tried it in the 1960s. Even neighboring countries like Brazil, with a flourishing agribusiness industry, still struggle with militant demands for land from the rural poor.
But Venezuela, unlike many of its neighbors, has long imported most of its food, and uses less than 30 percent of its arable land to its full potential, according to the United Nations.
A good part of the reason is the havoc that its oil wealth plays on the economy, with a strong currency during times of high oil prices making it cheaper to import food than to produce it at home. Meanwhile, vast cattle ranches take up large areas of arable land.
But no country in the region has currently hit the land distribution problem as aggressively as Mr. Chávez.
“By 2008, I predict no big landowners will be left in the state of Yaracuy,” said Franklin Ochoa, 23, a member of the cooperative committee that manages Bella Vista.
In fact, Yaracuy, one of Venezuela’s smallest states, is not filled with especially large holdings. With some of the country’s most fertile soil, the state has been home to immigrants from Cuba, Portugal and Spain who arrived after World War II and assembled relatively small sugar cane farms and cattle ranches.
Some of these immigrants or their children are now doing everything they can to leave. Fátima Vieira, the daughter of a Portuguese truck driver who moved to Venezuela 50 years ago, said she was struggling to receive compensation for a 170-acre sugar cane farm controlled by squatters. As on other seized estates, she said squatters burned much of her sugar cane in an attempt to intimidate her.
Ms. Vieira, 43, said she also feared for her life after a gunman shot her brother, Antonio, in the neck one balmy night in August in 2003, on the edge of his sugar cane farm. He died in the cab of his Ford pickup truck. After that incident squatters took over his property, she said.
“His killer remains free,” Ms. Vieira said in an interview at her home in San Felipe, the state capital.
“All I want to do is leave for another city, if I can get money for my land.”
So far only a small group of landowners in Yaracuy, most of whom were Spanish immigrants and maintained citizenship in their homeland, has received compensation for seized land, after Spain’s government pressed Mr. Chávez’s administration.
More than 30 ranches and farms have been seized since Carlos Giménez, a staunch ally of Mr. Chávez, was elected governor in 2004.
Activists here say landowners have struck back. Braulio Álvarez, a land activist and pro-Chávez deputy in the national assembly, was shot in the face last July after leaving a late-night meeting in San Felipe. Mr. Álvarez, who survived the attack, blamed landowners.
In an interview at the governor’s palace, where the halls are decorated with images of Che Guevara and Mr. Chávez, Governor Giménez said some friction should be expected on “the road to socialism.”
“The reaction of the oligarchy is perhaps logical,” said Mr. Giménez, a lawyer by training who is fending off charges of corruption related to state purchases of food and transportation equipment. He said the charges were politically motivated.
“The upper class had more than 400 years of benefits from the system,” Mr. Giménez said. “They need to understand we’re committed to the construction of a socialist fatherland.”
Landowners like Mr. Hines get the message. His aristocratic family, from Cuba, began investing in Venezuelan land in the 1950s before the Cuban revolution.
Showing a visitor the stately if barren plantation house where his family once lived, Mr. Hines said he had begun distributing furniture to the servants before the squatters arrive.
“I see Chávez in power for quite a while,” said Mr. Hines, who takes measure to ensure his safety, like sleeping in a different home each night, never telling employees when he is driving to Yaracuy from Caracas and dispensing with a flashy vehicle in favor of a nondescript used sedan. “It will definitely get worse for us in this country.”
Adam B. Ellick contributed reporting.
By SIMON ROMERO
URACHICHE, Venezuela — The squatters arrive before dawn with machetes and rifles, surround the well-ordered rows of sugar cane and threaten to kill anyone who interferes. Then they light a match to the crops and declare the land their own.
For centuries, much of Venezuela’s rich farmland has been in the hands of a small elite. After coming to power in 1998, and especially after his re-election in December, President Hugo Chávez vowed to end that inequality, and has been keeping his promise in a process that is both brutal and legal.
Mr. Chávez is carrying out what may become the largest forced land redistribution in Venezuela’s history, building utopian farming villages for squatters, lavishing money on new cooperatives and sending army commando units to supervise seized estates in six states.
The violence has gone both ways in the struggle, with more than 160 peasants killed by hired gunmen in Venezuela, including several here in northwestern Yaracuy State, an epicenter of the land reform project, in recent years. Eight landowners have also been killed here.
“The oligarchy is always on the attack and trying to say you are no good,” Mr. Chávez said to squatters in a televised visit here. “They think they’re the owners of the world.”
Mr. Chávez’s supporters have formed thousands of state-financed cooperatives to wrest farms and cattle ranches from private owners. Landowners say compensation is hard to obtain. Local officials describe the land seizures as paving stones on “the road to socialism.”
“This is agrarian terrorism encouraged by the state,” said Fhandor Quiroga, a landowner and head of Yaracuy’s chamber of commerce, pointing to dozens of kidnappings of landowners by armed gangs in the last two years.
The government says the goal of the nationwide resettlement is to make better use of idle land and to make Venezuela less dependent on food imports. New laws allow squatters to manage and farm land that has now been placed in government hands.
Before the land reform started in 2002, an estimated 5 percent of the population owned 80 percent of the country’s private land. The government says it has now taken over about 3.4 million acres and resettled more than 15,000 families.
Poor farmhands and unemployed town dwellers who squatted on land here are as filled with optimism as wealthy land owners are with dread. On the outskirts of the town of Urachiche, for instance, is Fundo Bella Vista, a farming community inaugurated by Mr. Chávez during an episode of his television program broadcast here in April.
Bella Vista is one of 12 “communal towns” that Mr. Chávez plans to build this year. It has neat rows of identical three-bedroom homes for 83 families, a reading room, a radio station, a building with free high-speed Internet service, a school and a plaza with a bust of Simón Bolívar, Venezuela’s national hero.
With financing from state banks, the cooperative plants crops like manioc, corn and beans, which officials in Caracas say are better suited to soils here than sugar cane. By burning the cane during land seizures, the squatters prepare the land for other crops and give owners less incentive to fight for control. The state and federal government holds Bella Vista as an example of the ideological fervor Mr. Chávez is trying to instill in the countryside.
Lisbeth Colmenares, 22, was radiant as she showed a visitor her new home here, where she and her family live rent-free.
“Before Chávez, the government would have been happy to let us starve,” said Ms. Colmenares, holding her 6-month-old daughter, Luzelis. “We’ll never let what we have now be taken from us.”
But while some of the newly settled farming communities are euphoric, landowners are jittery. Economists say the land reform may have the opposite effect of what Mr. Chavez intends, and make the country more dependent on imported food than before.
The uncertainties and disruptions of the land seizures have led to lower investment by some farmers. Production of some foods has been relatively flat, adding to shortages of items like sugar, economists say.
John R. Hines Freyre, who owns Yaracuy’s largest sugar-cane farm, is now trying desperately to sell the property and others in neighboring states. “No one wants this property, of course, because they know we’re about to be invaded,” said Mr. Hines, 69, in English polished decades ago at Georgetown University.
Yaracuy’s sugar growers’ association says sugar cane production here has fallen 40 percent since Mr. Chávez set the land reform in motion.
Senior officials blame “hoarders” for the shortages. But agricultural economists say the government bureaucracy, which runs a chain of food stores, is also rife with inefficiencies and Venezuela is at a disadvantage in competing on international markets with larger economies, like China.
Carlos Machado Allison, an agricultural economist at the Institute for Higher Administrative Studies in Caracas, said demand for food had climbed more than 30 percent in the last two years with the oil boom, while Venezuela’s capacity to produce food grew only 5 percent.
He points to inconsistencies in the government’s approach, like having one ministry charged with redistributing land to reduce food imports while another is tasked with importing large amounts of food.
“The double talk from the highest levels is absurd,” Mr. Machado said. “By enhancing the state’s power, the reforms we’re witnessing now are a mechanism to perpetuate poverty in the countryside.”
Top-down land redistribution projects have a troubled history in Latin America, including Venezuela itself, which last tried it in the 1960s. Even neighboring countries like Brazil, with a flourishing agribusiness industry, still struggle with militant demands for land from the rural poor.
But Venezuela, unlike many of its neighbors, has long imported most of its food, and uses less than 30 percent of its arable land to its full potential, according to the United Nations.
A good part of the reason is the havoc that its oil wealth plays on the economy, with a strong currency during times of high oil prices making it cheaper to import food than to produce it at home. Meanwhile, vast cattle ranches take up large areas of arable land.
But no country in the region has currently hit the land distribution problem as aggressively as Mr. Chávez.
“By 2008, I predict no big landowners will be left in the state of Yaracuy,” said Franklin Ochoa, 23, a member of the cooperative committee that manages Bella Vista.
In fact, Yaracuy, one of Venezuela’s smallest states, is not filled with especially large holdings. With some of the country’s most fertile soil, the state has been home to immigrants from Cuba, Portugal and Spain who arrived after World War II and assembled relatively small sugar cane farms and cattle ranches.
Some of these immigrants or their children are now doing everything they can to leave. Fátima Vieira, the daughter of a Portuguese truck driver who moved to Venezuela 50 years ago, said she was struggling to receive compensation for a 170-acre sugar cane farm controlled by squatters. As on other seized estates, she said squatters burned much of her sugar cane in an attempt to intimidate her.
Ms. Vieira, 43, said she also feared for her life after a gunman shot her brother, Antonio, in the neck one balmy night in August in 2003, on the edge of his sugar cane farm. He died in the cab of his Ford pickup truck. After that incident squatters took over his property, she said.
“His killer remains free,” Ms. Vieira said in an interview at her home in San Felipe, the state capital.
“All I want to do is leave for another city, if I can get money for my land.”
So far only a small group of landowners in Yaracuy, most of whom were Spanish immigrants and maintained citizenship in their homeland, has received compensation for seized land, after Spain’s government pressed Mr. Chávez’s administration.
More than 30 ranches and farms have been seized since Carlos Giménez, a staunch ally of Mr. Chávez, was elected governor in 2004.
Activists here say landowners have struck back. Braulio Álvarez, a land activist and pro-Chávez deputy in the national assembly, was shot in the face last July after leaving a late-night meeting in San Felipe. Mr. Álvarez, who survived the attack, blamed landowners.
In an interview at the governor’s palace, where the halls are decorated with images of Che Guevara and Mr. Chávez, Governor Giménez said some friction should be expected on “the road to socialism.”
“The reaction of the oligarchy is perhaps logical,” said Mr. Giménez, a lawyer by training who is fending off charges of corruption related to state purchases of food and transportation equipment. He said the charges were politically motivated.
“The upper class had more than 400 years of benefits from the system,” Mr. Giménez said. “They need to understand we’re committed to the construction of a socialist fatherland.”
Landowners like Mr. Hines get the message. His aristocratic family, from Cuba, began investing in Venezuelan land in the 1950s before the Cuban revolution.
Showing a visitor the stately if barren plantation house where his family once lived, Mr. Hines said he had begun distributing furniture to the servants before the squatters arrive.
“I see Chávez in power for quite a while,” said Mr. Hines, who takes measure to ensure his safety, like sleeping in a different home each night, never telling employees when he is driving to Yaracuy from Caracas and dispensing with a flashy vehicle in favor of a nondescript used sedan. “It will definitely get worse for us in this country.”
Adam B. Ellick contributed reporting.
Monday, May 14, 2007
The Chavez Library
La Biblioteca de Chavez, Ibsen Martinez in Tal Cual May 14 2007
1.-
Camino llevamos andado escuchando al Máximo Líder hablar de libros.
Desde sus tiempos de profeta abstencionista, nos ha mantenido al corriente de los que, en muchos casos, han sido para él novedades literarias.
Ya ni siquiera tiene chiste el episodio del “Oráculo del Guerrero”, borrado de la lista de citas casuales en Aló Presidente, gracias a una punzo penetrante observación sobre identidades sexuales que Boris Izaguirre dejó escapar en un programa de trasnocho.Tampoco la anécdota, no sé si apócrifa o verídica, pero sí bastante difundida en su momento, de que el futuro Secretario General del PSU declaró en rueda de prensa que “La Rebelión de las Masas”, de Ortega y Gasset, fue un libro capital en su formación revolucionaria. Al parecer, la sola palabra “rebelión” en el título bastó a su entusiasmo por uno de los ensayos fundacionales de la derecha ilustrada.
Otras gaffes se le han atribuido, como esa de haber afirmado alguna vez que “El Culto a Bolívar”, de Germán Carera Damas, texto precursor de la denuncia del uso político de lo cultos heroicos, fue el manantial que alimentó la particular variedad chavista de culto al Libertador.
No sería justo soslayar las dotes de Chávez como divulgador bibliográfico. Ahí tiene usted el caso de Noam Chomsky. El profesor Chomsky es la prueba viviente de que se puede ser un genio de la lingüística generativa transformacional y, al mismo tiempo, un perfecto badulaque en cuestiones de política tercermundista. Atesoro entre mis recortes de prensa la serie de artículos aparecidos en The New York Times acerca del envión en ventas que, para un libro del Chomsky antiglobalizador, significó una sola mención del mismo por parte de Chávez mientras monologaba ante la Asamblea General de la ONU.
Cierto que, en aquella ocasión, Chávez dio por muerto al autor –¿será propensión megalómana eso de suponer que todos los demás genios universales ya han muerto?–, pero ese detalle, olvidado por quien le sopló libro y autor, no impidió que la simpatía que nuestro presidente despierta en el movimiento antiglobalizador mundial llevara las ventas del libro de Chomsky a cotas nunca antes alcanzadas.
2.-
Tengo para mí que, lejos de ser refractario, el presidente no desatiende sugerencias.
Ahí tiene usted el caso de Los Miserables. Entiendo que el Ministerio de Cultura ha patrocinado una edición masiva del libro de Victor Hugo. Tal titanismo de imprenta no puede ser cosa de un simple ministro chavista, por definición transitorio y condenado a regresar el día menos pensado a la oscuridad.
Tiene que haber sido una feliz idea de Chávez, ¿de quién si no?
Es ya un tópico intelectual de la izquierda afirmar que Los Miserables cambia la vida de quien lo lee por vez primera. Casi siempre esto se dice para subrayar el compromiso con los desheredados que debe guiar nuestras lecturas. Al respecto, Mario Vargas Llosa, en un breve y brillante ensayo, íntegramente dedicado a Los Miserables ( “La Tentación de lo Imposible”, Alfaguara, 2004), observa que ninguno de los combatientes de la barricada en torno a la cual gira buena parte de la trama del libro reivindica jamás una idea o tendencia que pueda interpretarse como “de izquierda”, ni en los términos que la palabra designaba en el s. XIX, ni en los del s. XX ni en los de estos albores del XXI que vivimos.
El gran Victor Hugo, que se las apañó para ser, en diversas épocas de su vida, monárquico y republicano, sabía cuidar su mercado de lectores, sin enajenarse a nadie que pudiera pagar por leerlo con una pendejada ideológica.
No es el logro menor de Hugo añadir a la imaginación literaria universal una barricada que no es de izquierda ni de derecha, ni republicana ni monárquica, sino un escenario donde se despliegan heroísmos y ruindades humanas que no desentonan ni siquiera en un musical de Broadway.
Con todo, escuché a un joven chavista decirle sin parpadear a su novia que Los Miserables, texto que apareció en 1862, narra los días de la Comuna de París, trascurridos en 1871.
Hemos, pues, escuchado a Chávez durante todos estos años hablar de libros, y mencionar títulos de Frantz Fanon o de William Ospina.
Donde quiero llegar es a esto: sin duda el presidente no es un lector omnívoro e insaciable, con seguridad Chávez no es un lector como pudo serlo J.G. Cobo Borda, pero los libros le inquietan y mucho. Como todo aspirante autócrata, sabe que los libros importan, que los libros son de temer.
3.-
La alquimia profunda que rige las relaciones de un caudillo absoluto con sus adulantes anima las prácticas de acoso a medios y periodistas que incesantemente se denuncian.
Un caso a la mano es el del texto de Laureano Márquez, penalizado por un tribunal con una multa, una barbaridad a la que Chávez niega toda atribución personal porque lo que actuó no fue él sino la justicia independiente a solicitud de un organismo cuyos directivos se sintieron en deber de actuar legalmente.
Otra vuelta de la misma tuerca adulante viene a darse ahora en torno el libro de Cristina Marcano y Alberto Barrera Tyzska, “Chávez sin Uniforme” (Random House Mondadori, 2004). El mismo –una muy equilibrada semblanza de la juventud de Chávez y de su insurgencia en el horizonte político venezolano– tiene ya varios años circulando en muchos países de habla hispana. La edición brasileña ( “Chávez Sem Uniforme”, Editora Gryphus, 2006) anticipó el éxito de la italiana ( “Hugo Chávez: il nuovo Bolívar?”, editorial Baldini Castoldi Dalai, 2007). Pero ha sido sólo últimamente que ha atraído la atención de quienes lo declaran sin más un plagio, con intención de desestimular su lectura.
Chávez, por cierto, no lo ha mencionado directamente, tan sólo ha dicho por televisión que parte de sus fuentes primarias, sus interesantísimos diarios de cadete, “cayeron en manos del enemigo.” Eso ha bastado para que, de pronto, la prensa oficialista publique sesudos “informes” académicos que dan cuenta de la presunta improbidad intelectual de sus autores, algo que, hasta ahora, nadie ha podido demostrar.
Tengo para mí que el anuncio del inminente lanzamiento en EEUU de una masiva edición en inglés, prologada por Moisés Naím, editor de la influyente revista “Foreign Policy”, sumada a la envidia cómplice de algún analista que haya podido creerse “dueño” del tema, está en el origen del asunto.
¡Si tan sólo Chávez se animase a mencionarlo en alguna de esas cumbres antimperialistas!
Las ventas del libro de mis panas remontarían en USA niveles que ríete de Noam Chomsky.
1.-
Camino llevamos andado escuchando al Máximo Líder hablar de libros.
Desde sus tiempos de profeta abstencionista, nos ha mantenido al corriente de los que, en muchos casos, han sido para él novedades literarias.
Ya ni siquiera tiene chiste el episodio del “Oráculo del Guerrero”, borrado de la lista de citas casuales en Aló Presidente, gracias a una punzo penetrante observación sobre identidades sexuales que Boris Izaguirre dejó escapar en un programa de trasnocho.Tampoco la anécdota, no sé si apócrifa o verídica, pero sí bastante difundida en su momento, de que el futuro Secretario General del PSU declaró en rueda de prensa que “La Rebelión de las Masas”, de Ortega y Gasset, fue un libro capital en su formación revolucionaria. Al parecer, la sola palabra “rebelión” en el título bastó a su entusiasmo por uno de los ensayos fundacionales de la derecha ilustrada.
Otras gaffes se le han atribuido, como esa de haber afirmado alguna vez que “El Culto a Bolívar”, de Germán Carera Damas, texto precursor de la denuncia del uso político de lo cultos heroicos, fue el manantial que alimentó la particular variedad chavista de culto al Libertador.
No sería justo soslayar las dotes de Chávez como divulgador bibliográfico. Ahí tiene usted el caso de Noam Chomsky. El profesor Chomsky es la prueba viviente de que se puede ser un genio de la lingüística generativa transformacional y, al mismo tiempo, un perfecto badulaque en cuestiones de política tercermundista. Atesoro entre mis recortes de prensa la serie de artículos aparecidos en The New York Times acerca del envión en ventas que, para un libro del Chomsky antiglobalizador, significó una sola mención del mismo por parte de Chávez mientras monologaba ante la Asamblea General de la ONU.
Cierto que, en aquella ocasión, Chávez dio por muerto al autor –¿será propensión megalómana eso de suponer que todos los demás genios universales ya han muerto?–, pero ese detalle, olvidado por quien le sopló libro y autor, no impidió que la simpatía que nuestro presidente despierta en el movimiento antiglobalizador mundial llevara las ventas del libro de Chomsky a cotas nunca antes alcanzadas.
2.-
Tengo para mí que, lejos de ser refractario, el presidente no desatiende sugerencias.
Ahí tiene usted el caso de Los Miserables. Entiendo que el Ministerio de Cultura ha patrocinado una edición masiva del libro de Victor Hugo. Tal titanismo de imprenta no puede ser cosa de un simple ministro chavista, por definición transitorio y condenado a regresar el día menos pensado a la oscuridad.
Tiene que haber sido una feliz idea de Chávez, ¿de quién si no?
Es ya un tópico intelectual de la izquierda afirmar que Los Miserables cambia la vida de quien lo lee por vez primera. Casi siempre esto se dice para subrayar el compromiso con los desheredados que debe guiar nuestras lecturas. Al respecto, Mario Vargas Llosa, en un breve y brillante ensayo, íntegramente dedicado a Los Miserables ( “La Tentación de lo Imposible”, Alfaguara, 2004), observa que ninguno de los combatientes de la barricada en torno a la cual gira buena parte de la trama del libro reivindica jamás una idea o tendencia que pueda interpretarse como “de izquierda”, ni en los términos que la palabra designaba en el s. XIX, ni en los del s. XX ni en los de estos albores del XXI que vivimos.
El gran Victor Hugo, que se las apañó para ser, en diversas épocas de su vida, monárquico y republicano, sabía cuidar su mercado de lectores, sin enajenarse a nadie que pudiera pagar por leerlo con una pendejada ideológica.
No es el logro menor de Hugo añadir a la imaginación literaria universal una barricada que no es de izquierda ni de derecha, ni republicana ni monárquica, sino un escenario donde se despliegan heroísmos y ruindades humanas que no desentonan ni siquiera en un musical de Broadway.
Con todo, escuché a un joven chavista decirle sin parpadear a su novia que Los Miserables, texto que apareció en 1862, narra los días de la Comuna de París, trascurridos en 1871.
Hemos, pues, escuchado a Chávez durante todos estos años hablar de libros, y mencionar títulos de Frantz Fanon o de William Ospina.
Donde quiero llegar es a esto: sin duda el presidente no es un lector omnívoro e insaciable, con seguridad Chávez no es un lector como pudo serlo J.G. Cobo Borda, pero los libros le inquietan y mucho. Como todo aspirante autócrata, sabe que los libros importan, que los libros son de temer.
3.-
La alquimia profunda que rige las relaciones de un caudillo absoluto con sus adulantes anima las prácticas de acoso a medios y periodistas que incesantemente se denuncian.
Un caso a la mano es el del texto de Laureano Márquez, penalizado por un tribunal con una multa, una barbaridad a la que Chávez niega toda atribución personal porque lo que actuó no fue él sino la justicia independiente a solicitud de un organismo cuyos directivos se sintieron en deber de actuar legalmente.
Otra vuelta de la misma tuerca adulante viene a darse ahora en torno el libro de Cristina Marcano y Alberto Barrera Tyzska, “Chávez sin Uniforme” (Random House Mondadori, 2004). El mismo –una muy equilibrada semblanza de la juventud de Chávez y de su insurgencia en el horizonte político venezolano– tiene ya varios años circulando en muchos países de habla hispana. La edición brasileña ( “Chávez Sem Uniforme”, Editora Gryphus, 2006) anticipó el éxito de la italiana ( “Hugo Chávez: il nuovo Bolívar?”, editorial Baldini Castoldi Dalai, 2007). Pero ha sido sólo últimamente que ha atraído la atención de quienes lo declaran sin más un plagio, con intención de desestimular su lectura.
Chávez, por cierto, no lo ha mencionado directamente, tan sólo ha dicho por televisión que parte de sus fuentes primarias, sus interesantísimos diarios de cadete, “cayeron en manos del enemigo.” Eso ha bastado para que, de pronto, la prensa oficialista publique sesudos “informes” académicos que dan cuenta de la presunta improbidad intelectual de sus autores, algo que, hasta ahora, nadie ha podido demostrar.
Tengo para mí que el anuncio del inminente lanzamiento en EEUU de una masiva edición en inglés, prologada por Moisés Naím, editor de la influyente revista “Foreign Policy”, sumada a la envidia cómplice de algún analista que haya podido creerse “dueño” del tema, está en el origen del asunto.
¡Si tan sólo Chávez se animase a mencionarlo en alguna de esas cumbres antimperialistas!
Las ventas del libro de mis panas remontarían en USA niveles que ríete de Noam Chomsky.
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