Editorial of El Nacional from Januray 6, 2005
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El Charcote y sus problemas

La forma como el régimen bolivariano viene enfocando los problemas de la tierra se ha prestado a innumerables equívocos desde los primeros momentos de la revolución. Hace más de cinco años el Gobierno prometió llevar a cabo los estudios sobre la propiedad de la tierra indispensables para saber dónde están y cuáles son las públicas y las privadas. Una cuestión de orden, de legitimidad, de que el Estado hable con autoridad y confiabilidad. Eso no se ha hecho. La regularización de la tenencia de la tierra es un antiguo y dramático problema venezolano. A todos los gobiernos les sucede lo mismo: prometen el censo, y a poco lo van abandonando, nunca concluyen en nada. No estamos, por lo tanto, ante una excepción sino ante un fracaso conocido.

De acuerdo con fuentes oficiales, el régimen bolivariano ha repartido millones de hectáreas entre los campesinos. ¿Puede informar alguien cómo las están administrando, cuáles son sus resultados y sus perspectivas? Por lo pronto, y lo que ha trascendido, es un gran fracaso en Guárico, trasmitido y visto en televisión, donde los campesinos acusan a entidades públicas de haberlos engañado vendiéndoles semillas de maíz contaminada por hongos. Las cosechas se perdieron, con ellas los créditos y, naturalmente, las esperazas que pusieron en su trabajo.

No se necesita ser un sabio para comprender que pocos asuntos son tan complejos y dependen de tantos factores impredecibles como los trabajos agrícolas. Que se necesita preparación especial para dirigir entidades como el Instituto Nacional de Tierras. Que no basta haber comido arepas para saber las complicaciones que tiene el cultivo del maíz. El problema de la nación es que el Presidente de la República considera que sus capitanes todo lo saben y todo lo pueden hacer.

De ahí a dar palos de ciego no hay más que un paso.

De pronto aparecieron los actos espasmódicos con las iniciativas del gobernador de Cojedes “interviniendo”, fue la palabra del decreto inicial, un número muy considerable de haciendas, el famoso hato Piñero entre ellas, y también el fundo El Charcote, propiedad de una compañía inglesa que está en plena producción, según sus voceros. El gobernador Yánez Rangel convocó a una reunión de gobernadores, marginando al INTI, para pedirles no sólo solidaridad, sino también emulación, o sea, que siguieran sus pasos.

Luego de esos episodios se han involucrado el vicepresidente Rangel, el ministro de Agricultura y Tierras, el presidente del INTI, quienes anunciaron a una la reactivación del “Comando contra el latifundio”, como si se tratara de librar una gran batalla. Quizás tanto heroísmo sea innecesario. Lo que se requiere es cordura, sensatez y conocimiento.

Nadie quiere que se queden con los brazos cruzados, pero que tampoco actúen como epilépticos. Que sepan lo que hacen porque gobernar no es burlarse de todo el mundo y menos desconocer sus derechos. El gobernador de Cojedes anunció la creación de una comisión que determinaría en tantos días la situación de los hatos intervenidos. No han esperado. Fue ordenada, por ejemplo, la inmediata intervención de El Charcote, un complejo agrícola, que se le conoce como “la compañía inglesa”.

Según un comunicado de la Agropecuaria Flora, razón jurídica de El Charcote, la cadena de la titularidad se remonta hasta el año de 1830, es decir, hasta la fundación de la República de Venezuela. Los portavoces alegan que han entregado copias de esos títulos tanto al INTI en Cojedes como en Caracas. O sea, que demuestran la propiedad “ininterrumpida y muy clara”. Con el flemático estilo que los ha consagrado, un portavoz de la embajada británica expresó que “lo importante es que se respete la ley de manera imparcial”. Es lo que todo el mundo desea.

El Charcote será objeto de la intervención final por parte del gobernador de Cojedes. La noticia divulgada por la prensa parece un parte de guerra: “El sábado 8, a las 10 de la mañana, toda la maquinaria del Estado, toda la fuerza armada acantonada dentro del estado Cojedes y la fuerza policial estaremos haciendo presencia en las instalaciones del hato El Charcote para implementar la primera avanzada de la misión Tierra y hombres libres”. Ni Zamora habló así.

El gobernador Yánez Rangel prometió que no se detendría el proceso productivo en El Charcote. Dijo: “Se establecerá lo necesario para garantizar la seguridad jurídica y salvaguardar el derecho a la propiedad y al debido proceso que le corresponde a los justiciables, tal como lo preceptúa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. ¿Yánez o Cantinflas?