Information on the escape of Lapi

In the following articles, all published in Tal Cual today, the judicial iniquities on Lapi are xpalined in part, the current governor of Yaracuy does not even deserve his name to be written with capital letters and Tal Cual ENDORSES the escape of Lapi for his own safety. First the editorial endorsing the escape, by Tal Cual editor Teodoro Petkoff. Next the current status and possible corruption and waste from the current administration even though this one is trying to pin it on Lapi. And third the interview to Tal Cual that Lapi gave a few days ago, where many of the details on the trumped judicial process are underlined. Tal Cual, by the way, happened to be doping an investigation for the past two weeks! (All in Spanish, sorry. And no time to translate. But Tal Cual is by subscription only, so at least those who know how to use an on line translator can do the necessary).

Editorial of Tal Cual

Eduardo Lapi se fugó. Enhorabuena. El jueves pasado iniciamos una serie de reportajes sobre su caso, que continúa hoy con una entrevista que le hizo nuestra compañera Patricia Clarembaux (ver páginas 4 y 5) , y pensábamos dedicar el editorial de hoy a poner de relieve la enorme injusticia y el grosero abuso de poder de que ha sido víctima el ex gobernador de Yaracuy. No imaginábamos que habríamos de escribir sobre un hombre al cual no le quedó más remedio que hacerse justicia por su propia mano. La inhumanidad de su prisión, la violación de todas las normas del debido proceso, la vulneración de los más elementales derechos humanos de Lapi, quien desde hace más de diez meses está preso sin fórmula alguna de juicio, no le dejaron más opción que escapar de sus captores. Muy bien hecho. Nos congratulamos de su valor y de su hazaña.

Eduardo Lapi era un preso del actual gobernador de Yaracuy, carlos giménez, alias “lalo”, quien consignara en su Memoria y Cuenta como un “logro” de su gestión la prisión de su antecesor en el cargo. Este sujeto, “lalo”, que en algunas de las decenas de vallas diseminadas por Yaracuy con su efigie —al lado de la de Yo El Supremo, porque pendejo no es el tipo— se presenta como “profesor” y en otras como “abogado”, provocó la detención de Lapi con base en la acusación de un supuesto guiso en la construcción de la “trinchera” que parte en dos la autopista Centro-Occidental en Yaritagua. La pregunta obvia es que si eso es así, ¿por qué Lapi no ha sido juzgado, y eventualmente condenado, casi un año después de su detención? ¿No será porque de haber juicio se cae la acusación y habría que ponerlo en libertad? ¿No será porque, al revés de lo que sostiene “lalo”, sí hubo licitación para la construcción de la obra y por tanto no hay delito? En todo caso, Eduardo Lapi sólo pedía lo que la ley y la Constitución le garantizan: un juicio.

Correspondía a un juez determinar si era culpable o no del delito del cual se le acusaba. Casi un año esperó por ese juicio. Los verdaderos responsables de su fuga son quienes violaron de manera tan zafia todos sus derechos.

Era un preso político.

Los trucos obscenos para mantener a Lapi en prisión pasan por ocho audiencias preliminares suspendidas sin razón válida y el ruleteo del caso por seis jueces diferentes. Casi un año después del 30 de mayo de 2006, día de su detención, a las cinco de la mañana, Lapi no había podido hablar ante ningún tribunal y su prisión se fundamenta en cosas tan estúpidas como el argumento del juez de Control número 2 de Yaracuy, quien sostuvo, para no realizar el juicio en libertad, que si bien el imputado “expresa su disposición de seguir en el estado... ¿por qué no ha adquirido un inmueble propio?” Razón, pues, le sobraba para evadirse. Ha sido un acto de coraje y de dignidad.

Para ponerle la guinda a este cóctel de mala fe, de ignorancia, de venganza, un tal Tarek El Aissami, viceministro de algo en Mininterior, rematando la ola de desafueros con una nota grotescamente cínica, ha tenido los riñones de decir que “esta fuga demuestra y deja por sentado sus débiles principios morales y éticos, su cobardía de enfrentar los organismos judiciales” (todo sic y re-sic). ¡Bravo El Aissami! Mejor autorretrato del régimen imposible.

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The narration on the current status of “la trinchera” by Simon Boccanegra (a.k.a. Petkoff)

Ño Pernalete en San Felipe

Quien va por tierra a Barquisimeto tropieza a la altura de Yaritagua con una enorme zanja que parte en dos la autopista Centro-Occidental, la cual a su vez parte en dos al propio pueblo. Cruzar de un lado a otro de Yaritagua se había vuelto una empresa de alto riesgo, que ha dejado decenas de muertos, atropellados por los vehículos que pasan velozmente. Para proteger las vidas, durante la gestión de Lapi, el Instituto de Vialidad del estado Yaracuy comenzó a abrir “trinchera”, al modo de la avenida Libertador, en Caracas. Pues bien, “lalo” giménez, al ganar la gobernación, decidió que la obra era innecesaria y ordenó taparla. En eso gastó una boloña de plata. Un año después alguna persona sensata de su entorno lo convenció de la necesidad de la trinchera y ahora la están volviendo a abrir, gastándose otro platal de los contribuyentes. De semejantes arbitrariedades y muestras de ignorancia a lo Ño Pernalete, el emblemático Jefe Civil de Doña Bárbara, está llena la gestión del tal “lalo”, a quien el MVR le ha solicitado un revocatorio por “incapaz y corrupto”. “Lalo” era de Podemos hasta hace poquito, pero decidió atender la Voz del Amo y saltar la talanquera. Genio y figura. No sería él de no haberlo hecho.

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The interview of Lapi.

“Estoy pagando una condena sin juicio”
Tres días antes de su desaparición Eduardo Lapi concedió esta entrevista exclusiva para TalCual . Hasta entonces nadie había querido escuchar al ex gobernador de Yaracuy, y la poca fe que le quedaba en la justicia se desvanecía

Patricia Clarembaux


Mientras la justicia se negaba a escucharlo, el ex gobernador del estado Yaracuy, Eduardo Lapi, buscaba oficio.

Leía cualquier libro que podía. Escribía a mano los avatares del presente que le impusieron tras su privación de libertad. Salía al patio a caminar y tomar sol. Comía la comida que le enviaba su esposa y esperaba ansioso poder volver a ver a su familia. Pero desde hace un mes, una medida le fue impuesta, aparentemente, desde el Ministerio de Interior y Justicia: no podía recibir visitas.

Su realidad era tan cruda como la de más de 18 mil reos que conforman la población penal venezolana.

La impunidad camina por los pasillos del Internado Judicial de San Felipe con tanta confianza como en cualquiera de las cárceles venezolanas.

La lucha contra ella, se resuelve con tiros y granadas, tal y como ocurrió el jueves pasado. Lapi salió ileso.Otros tres no corrieron con la misma suerte, pues cayeron abatidos.Tres días después, desapareció del penal.

–Tiene 10 meses privado de su libertad.

¿Por qué cree usted que se mantiene esta condición?
–Aquí se ha presentado una situación de artimañas políticas que empezaron desde la presidencia del circuito penal de Yaracuy y ahora ocurren en la de Lara. Mi detención se produce con una solicitud de 152 folios, a la una de la mañana.

A la 1:24 am ya los habían leído, compaginado y se había tomado la decisión de aprehenderme de emergencia y de madrugada por peligro de fuga. Yo venía regresado al país dos días antes y entré por Maiquetía. Se basaron en que yo quería fugarme porque, supuestamente, la Disip recibió una llamada anónima en la que decían que yo estaba en Caracas sacando pasaporte y Visa americana, y resulta que ambos se vencen en el 2008.Valió más la llamada anónima que la presentación de mis documentos originales. La otra justificación con la que quisieron demostrar que había peligro de fuga era que yo no tenía bienes en Venezuela y eso significa que no hay arraigo Es decir, que los pobres en este país no tenemos derecho.

–¿Tiene usted propiedades en Venezuela?
–Claro. En el mismo expediente está la declaración jurada de cuando fui alcalde. Aparecen:
apartamentos en Barquisimeto que me dejaron mis papás cuando tenía 13 años de edad; una oficina en Yaritagua, estado Yaracuy; una casa en la playa declarada ante la Contraloría General de la República; una empresa que fundó mi padre hace más de 30 ó 40 años con más de 20 apartamentos, locales comerciales.

Sin embargo, no han cambiado esa decisión.

Si yo estoy preso por peligro de fuga fundamentándose en todos mis bienes, debería perecer la causa y el fundamento de mi privación.

Pero aparte de eso, yo no he sido imputado.

Si lees el voto salvado de la doctora Blanca Mármol, del avocamiento que interpuse ante la Sala Penal y que se decidió el 20 de diciembre de 2006, te da cuenta que ella da una clase magistral demostrando que yo no estoy imputado. Ese mismo día soltaron a dos narcotraficantes porque no estaban imputados.

También al alcalde de Caroní por la misma razón.

¿Por qué a mí no?
– ¿A qué atribuye usted esta situación?
–Aparte de eso, en Yaracuy la Fiscalía tiene como costumbre recusar a los jueces, es una cosa extraña y no es que no puedan sino es lo habitual. Han recusado y suspendido la audiencia más de siete veces. El juicio penal tiene tres fases: la fase investigativa que termina con el acto conclusivo, que puede ser la acusación, sobreseimiento o archivo fiscal; después viene la fase intermedia, que es la que ocurre hasta la audiencia preliminar; luego la de juicio y, posteriormente, la ejecución de lo que se decide. A mí me acusaron hace un mes en la misma causa donde ya hay un acto conclusivo, donde se declaró que terminó la investigación porque hubo una acusación, se hicieron allanamientos, se hicieron citaciones y declaraciones de personas, ¿está concluida la fase investigativa o no? Allanaron mi casa con una orden del mismo juez que me manda a aprehender a la una de la madrugada, Luis Maneiro, en una causa donde ya no hay investigación. Pregunto, si la Fiscalía sabe que en una causa ya no hay investigación, ¿por qué ordena el allanamiento de la casa?
–¿Usted tenía intenciones de irse de Venezuela?
–Pero si entré dos días antes.

–¿Ni de vacaciones?
–No.Yo trabajo fuera del país con asesorías y viajo mucho. Cuando acusaron a Eduardo Lapi hace dos años, se vino a Venezuela a dar la cara.Y bueno, aquí estoy.Todas las aberraciones jurídicas que tú puedas pensar las vas a conseguir en mi expediente.Yo no creo que aquí se haya tratado a alguien tan vulgarmente como a mí.

En diez meses ni una audiencia preliminar.Yo no he sido escuchado ni cinco minutos por un juez de Venezuela. Mi audiencia de presentación fue retrasada hasta las cuatro de la tarde y los fiscales hablaron hasta diez para las siete. De manera que me dieron sólo diez minutos para hablar.

Lo hicieron todo a propósito porque dice el COPP que después de las siete de la noche los procesados no pueden hablar.

–¿Cree en la justicia venezolana?
–Tuve fe y esperanza de que podía haber algo de justicia. Por eso di la cara y estoy enfrentando esto.Yo no fui a ninguna embajada, ni salí del país sin volver. Nunca pensé en irme de Venezuela, incluso alquilé una casa para vi


vir con mi familia. Uno tuvo fe en que la justicia y no podía creer que estaba tan encochinada como está ahora, que uno está viviendo y padeciendo esto. Estoy pagando una condena sin juicio. No hay ninguna prueba. La acusación es realmente demostrativa de ignorancia jurídica. Si usted ve el acta de acusación dice que hay setenta fundamentos acusatorios en mi contra y cuando usted va a ver son: contratos, facturas y todos emitidos por un organismo público de personalidad jurídica distinta a la gobernación, en donde el gobernador ni siquiera es parte del organigrama.

–Usted está siendo inculpado de evasión de licitación por la construcción de la trinchera de la autopista, pero ¿qué ocurrió ahí?
–Ahí se hizo un proceso licitatorio. En el expediente hay invitación de empresas, consignación en un acto público de las ofertas de las empresas, una recomendación de una comisión de licitación para darle la buena pro a una empresa y, aparte de eso, el gobernador no participa en ninguno de esos actos, porque no tiene nada que ver con los institutos autónomos. No soy parte del organigrama.

Los institutos autónomos, según la Constitución, son entes con personalidad y patrimonio distinto al del Estado.

–¿Cuál era su relación con ese procedimiento?
–Ninguna. El gobernador no tiene nada que ver en ninguno de los institutos. Sólo nombro al presidente y a la junta directiva.

–Es decir, que ésta no podría ser una causal... –Es que en el caso tal de que no se hubiese introducido el proceso licitatorio, difícilmente yo podría ser culpable, porque no tengo nada que ver con los institutos autónomos. Pero ese en el supuesto negado, ojo. Porque sí hubo proceso licitatorio, totalmente acoplado a ley. Días antes, había denunciado, ante la misma Fiscalía –que no ha abierto el procedimiento– una estafa de ocho mil millones de bolívares que sí se hizo en el gobierno actual, en la trinchera, en donde sí se declaró una emergencia que no existía. Se contrató a una empresa por ocho mil millones de bolívares y se le dio un anticipo de cuatro mil millones de bolívares.

–¿Existe constancia de esa denuncia?
–Todo eso lo consigné, tanto contratos como presupuestos y cheques cobrados en el banco. Con la gravedad de que el gobernador en una interpelación que se le hizo en la Asamblea Nacional casi 20 días después de haber realizado el pago y el contrato, dice que allí no hay proyecto. Entonces pregunto, ¿cómo se contrataron ocho mil o cuatro mil millones de bolívares sin proyecto? Y ¿cómo se inicia una obra de tal magnitud y no se ha abierto un expediente por eso? En dos años que tiene este gobierno regional no ha hecho una sola licitación. Más grave aún. Tengo que decir que el señor que hace las veces de gobernador de Yaracuy, fue alcalde de un municipio que contrató obras por emergencia sin licitación durante cinco años basándose en un decreto del año 1996 y contrató hasta el 2004 con ese decreto. Declaró una emergencia permanente y eso está en la Fiscalía y todavía no se ha hecho nada.¿Por qué? Porque la fiscal que está aquí tiene relaciones amorosas con el jefe de seguridad del estado y tenemos plena seguridad de que está recibiendo dinero de uno de los contratistas que está involucrado en todo esto que te estoy hablando.

Le han dado más de 400 mil millones de bolívares en contratos y le han dado más de 150 mil millones en anticipo. Su nombre es Gian Franco Napolitano.

–¿Qué relación tenía usted con el actual gobernador de Yaracuy, Carlos Jiménez?
–Ninguna. Nosotros lo apoyamos la primera vez que se lanzó como alcalde en 1995, pero se rompieron las relaciones porque siempre fue muy mal alcalde.

–¿Justifica usted que ni siquiera ha tenido una primera audiencia preliminar?
–No, eso es imposible. Cómo se puede justificar que un ser humano, del rango que sea, de la profesión que sea, no tenga en diez meses la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa. Eso no puede existir en ningún sistema judicial decente. ¿Cómo una persona puede estar diez meses preso sin una imputación hecha en su contra, cuando hay jurisprudencia de que la falta de imputación acarrea nulidad absoluta del proceso?. Mi caso es ése, pero aquí hay por lo menos seis policías presos sin imputación. La esperanza es lo último que se pierde, pero quisiera ver que de verdad hay reacción de parte de los obligados a que en el país haya estado de derecho y justicia. Están destruyendo al Poder Judicial. Cosas como ésta, son ejemplo de la aberración, de las mafias, de tribus que quieren vengarse política, económica, comercial o de cualquier forma contra una persona. No se puede usar la justicia para pasar factura. Si soy un delincuente júzguenme.

A mí me fueron a buscara mi casa donde estaba con mis hijos, no me tuvieron que ir a buscar a un aeropuerto o porque estaba en una concha.Yo estaba en mi cama durmiendo cuando me fueron a detener.

LA REALIDAD –¿Cómo ha sido su reclusión en el Internado Judicial de San Felipe?
–Muy traumática. Primero porque mi llegada fue a la una de la madrugada. Me introdujeron en un cuarto de electricidad de 6 metros cuadrados al que llegaban todos los cables, pero sin cajetín.Y lo más grave es que en esos seis metros cuadrados dormíamos tres personas.

Tres o cuatro meses después, me cambiaron a un sitio más grande, luego de todas las denuncias. Ahora estoy en un lugar más espacioso y un poco más adecuado. Convivo con un sacerdote y un grupo de la población que son de la Guardia Nacional, Disip y PTJ.

–¿Se ha sentido amenazado?
–Nosotros hicimos una denuncia bien grave en días anteriores sobre un plan donde desde la gobernación de Yaracuy se estaba planteando mi traslado para Uribana, con el fin de liquidarme físicamente. Todo esto lo tenemos con pruebas suficientes: grabaciones, fotos. De hecho, la reunión fue dentro de la gobernación del estado.

–¿Cómo ha asumido su familia todo este proceso?
–Ha sido muy difícil. Siempre hemos sido muy unidos, no sólo en mi conjunto de hogar sino con todos mis hermanos. Somos una familia muy apegada, de esas que inclusive acostumbran a comer juntos los domingos.

No pude ver a mi hija graduarse de bachiller; no he podido estar en los cumpleaños de mis hijos. ¿Cómo te lo explico? No hay palabras para decir lo malo que es esto para la familia, porque, definitivamente, lo puede sentir quien lo vive. Inclusive mis hijos cuando podían, porque ahora ya no pueden, han tenido conversaciones donde el miedo de solamente pasar el pasillo hasta donde yo estoy es grave. Todo eso le afecta a uno y a uno como familia. Imagínate tú, ya casi tengo un año recluido en un centro penitenciario sin haber hecho nada.

–¿Cómo está de salud?
–Tuve una hepatitis B grave. No sé ahora cómo ha evolucionado después que me trajeron para acá, porque me sacaron a la una de la madrugada, sin previo aviso y no me habían hecho los exámenes. De la úlcera, mientras tenga este estrés es imposible que se me cure.

Y con la gravedad ahora de que tengo una restricción en el penal. No dejan entrar a mi familia.

Me quitaron las visitas, según el director por orden del MIJ.Yo no creo que eso sea así.

–¿Es así con los demás internos?
–No. Eso ha sido este mes; antes no era así. La medida está hasta que la cambien.

Mientras tanto sigo sin ver a mi familia.