Tuesday, December 07, 2004

Letter to El Salvador Government to explain the judicial mess that they have created by refusing to grant asylum.

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Caracas, 4 de diciembre de 2004

Señores Presidente y Canciller de la República de
El Salvador

San Salvador

Excelentisimos Señores:

Con el rigor de estílo y el debido respeto elevo
a ustedes mi más sentida protesta y presento un
reclamo, como ciudadano venezolano y
latinoamericano, por el tratamiento y el
procedimiento utilizado por su Gobierno ante la
solicitud de asilo que fuera formulada por los Ex
Comisarios Vivas y Forero.

En primer lugar, no es cierto que sobre estos
servidores públicos existía una decisisón judicial
de privación de su libertad y mucho menos una
condena. Por el contrario, a raíz de las últimas
elecciones y después que habian dejado sus cargos
en la Alcaldía Metropolitana se había anunciado que
iban ser imputados por hechos sucedidos el 11 de
abril de 2002, cuyo contenido político es
incuestionable. Además, sólo despues de días de su
entrega por el Gobierno Salvadoreño a las autoridades
policiales venezolanas, fue cuando se acordó su
detención. En segundo lugar, aún en ese caso el
asilo se justifica por razones humanitarias. En
tercer lugar, atenta contra la universalidad de los
derechos humanos si la protección del asilo es negada
a personas que no sólo no cuentan con la
protección de su Estado , sino que son perseguidas
y violentadas por éste. A su Gobierno le hubiera
bastado consultar los Informes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos , de la Comisión
Internacional de Juristas y de Human Rights Watch y
de Facultades de Derecho venezolanas, sobre el estado
de los derechos humanos en Venezuela y acerca de la
desprotección de estos derechos por las instituciones
públicas y judiciales , para concluir
objetivamente sobre la situación de indefensión de
estos ciudadanos. En cuarto lugar, el asilo es hoy
día, según el derecho internacional e interamericano
de los derechos humanos , un derecho de las
personas y no un privilegio de los Estados que
éstos pueden negar injustamente escudandose en su
soberanía para permitir violaciones a la dignidad
humana. En quinto lugar, los países verdaderamente
democraticos han de practicar una política de asilo
cónsona con su discurso sobre el reconocimiento
universal de los derechos humanos. De modo que que
no pueden negar el asilo a quienes tengan que
salir de sus países por motivo de persecuciones
póliticas o ideológicas, y, como en el caso
concreto de los Ex Comisarios Vivas y Forero,
porque se consideran desprotegidos e indefensos en
su páis. Su Gobierno olvidó que en el derecho
internacional de los derechos humanos todo
individuo tiene derecho de abandonar cualquier
país, incluyendo el suyo, si se sienten violentados
en sus derechos fundamentales. En sexto lugar, su
Gobierno actúo parcializadamente al negarse a
recibir a los familiares de los Ex-Comisarios Vivas
y Forero y al Comisionado de Derechos Humanos de
la Conferencia Episcopal Venezolana y a
acreditados voceros de organismos no gubernamentales
y apolíticos defensores de estos derechos, a
quienes no se trató ni siquiera con el respeto
debido a sus personas y a las instituciones que
representan. En séptimo lugar, la negativa de asilo
a los Ex -Comisarios Vivas y Forero, sienta un
nefásto precedente para la eficacia del sistema
interamericano de protección de los derechos
humanos. Y, en octavo lugar, por lo no convincente
de la justificación de su Gobierno al negar la
solicitud de asilo, en el presente caso fueron
preminentes la protección sus intereses
geopolíticos y económicos , que el carácter
universal e indivisible de los derechos humanos
que´protegía a los Ex-Comisarios Vivas y Forero
como ciudadanos latinoamericanos.

¨Por otra parte, la negativa de su Gobierno de
recococer y otorgar asilo a los Ex - Comisarios
Vivas y Forero, es una inconsecuencia con la
actitud de gobiernos democráticos venezolanos que
no dudaron en reconocer ese mismo derecho a
ciudadanos salvadoreños que se encontraban en
situaciones parecidas de desprotección e indefensión
por motivos de la persecución política , fruto de la
intolerancia y el autoritarismo, que afectó a su páis
y que encontraron en la representación diplomática
venezolana y en Venezuela la protección que no
les daba el Estado salvadoreño; a riesgo incluso
de la propia integridad de nuestros Embajadores y de
su familias. E, igualmente, la protección que
otorga el derecho de asilo no puede sustituirse
mediante actas de garantías de otros gobiernos,
como lo hizo el Gobierno Salvadoreño; que constiuye
la mejor prueba que en verdad ese Gobierno consideró
riesgosa la situación en que se encontraban los Ex -
Comisarios Vivas y Forero. Si no era cierto que
se temía por la violación de sus derechos humanos,
¿ por qué su Gobierno tuvo que buscar garantes de su
protección al entregarlos a las autoridades
venezolanas ?.

Les hago el presente reclamo con fundamento en el
derecho que tiene toda persona de someter quejas y
reclamos sobre violaciones de derechos humanos a
las respectivas instancias administrativas y a ser
atendido en los términos previstos en las
legislaciones nacionales, como lo reconocen los
instrumentos de derechos humanos.

De ustedes, con todo respeto, quedo atentamente,

Dr. Román J. Duque Corredor

Ex- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de
la República de Venezuela

Individuo de Número de la Academía de Ciencias
Políticas y Sociales.

Miembro de la Comisión Andina de Juristas

Profesor de Derecho Constitucional de Postgrado de la
Universidad Católica Andrés Bello

Exprofesor de la Universidad Central de Venezuela

Miembro del Directorio del Capitulo Venezolano del
Instituto Latinoamericano del Ombusman

Monday, November 29, 2004

A Wall Street Journal on the Ukrainian situation, courtesy of a reader with access to the WSJ.



The Communist Curse

By DAVID SATTER
November 29, 2004; Page A14

The confrontation over the Ukrainian presidential election results
will determine the future not only of Ukraine but also of Russia. In
this sense, the decision that will be made by Ukraine -- whether it
will be ruled by laws or by men -- is the most important that has
faced a former Soviet republic since the fall of the Soviet Union.

The Ukrainian election campaign bore absolutely no resemblance to a
fair contest. Viktor Yushchenko, the opposition candidate, was denied
media coverage and was almost certainly poisoned. Viktor Yanukovich,
the prime minister, won because, according to an independent watchdog
group, 2.8 million ballots were falsified in his favor. There were
impossibly high turnouts recorded in Yanukovich strongholds, for
example, 96.3% in the Donetsk district and 88.4% in Lugansk, and all
but nine opposition poll watchers were barred from 2,000 polling
stations in these regions.

Despite this, Vladimir Putin congratulated Yanukovich on a "convincing
victory" and the elections were described as "transparent, legitimate
and free" by observers from the Commonwealth of Independent States.
The support by Russia for obviously tainted elections has been
attributed to Russia's desire to prevent Ukraine from slipping out of
Russia's "gravitational field." Mr. Yushchenko, who is pro-Western,
supports Ukrainian membership in the European Union and NATO whereas
Mr. Yanukovich is against Ukraine's early adherence to either
organization and supports instead its participation in a "single
economic space" including Russia, Belarus and Kazakhstan.

More important than the blow that a Yushchenko victory would give to
Russia's desire to dominate the former Soviet space, however, is the
blow it would deliver to the emerging authoritarian regime in Russia.
The last three presidential elections in Russia were no fairer than
the one in Ukraine, and if the Ukrainians are successful in assuring a
peaceful transfer of power, it will give new hope to those who want to
see democracy triumph in Russia as well.

Mr. Yanukovich is the candidate of the government of President Leonid
Kuchma, a regime that is corrupt and criminalized even by the unsavory
standards of the Commonwealth of Independent States. Mr. Kuchma, the
former director of a Ukrainian rocket factory, handed the Ukrainian
economy over to a group of communist bureaucrats-turned-businessmen
who proceeded, as in Russia, to use their corrupt connections to
officials to pillage the country's resources at the expense of its
hapless population.

The root of the oligarchs' wealth was Russian gas bought at low prices
and sold in Ukraine at a huge markup. The oligarchs enjoyed
government-sanctioned monopolies, so their profits were enormous and
they often did not even pay for the gas because the government
guaranteed their credit. The oligarchic clans expanded into regional
conglomerates, taking over steel, energy and chemical production, and
insulated themselves against competition with the help of tax
exemptions and government subsidies.

The oligarchic system did little good for Ukraine, once, by some
measures, the most productive of the Soviet republics. GDP fell by 10%
a year in the '90s and Ukraine attracted less foreign investment than
even Romania and Moldova. In 1997, the World Economic Forum ranked
Ukraine 52nd out of 53 European countries in terms of competitiveness.
The system remained in place, however, because the regime controlled
parliament, suppressed the media, and, when all else failed, resorted
to terror.

Each of Ukraine's three dominant oligarchic clans has its own
parliamentary party. The Kiev-based clan of Hryhory Surkis and Viktor
Medvedchuk, which has a stake in the gas industry and power utilities,
controls the Social Democratic Party, which has 39 seats. The
Dnepropetrovsk group, headed by Viktor Pinchuk, who is married to Mr.
Kuchma's daughter, controls four big steelworks and directs the Labor
Ukraine faction, which has 42 seats. The Donetsk group, a regional
conglomerate that became rich on coal subsidies and is headed by Rinat
Akhmetov, is represented by the "Regions" faction, with 40 seats.
After the March 2002 elections, the grip of the nine oligarchic
factions in parliament was weakened but they still controlled a
majority of the 450 deputies.

The only break in this situation came with the appointment of Mr.
Yushchenko as prime minister in late 1999, after the Russian financial
crash in August 1998 threatened to push Ukraine into default. In his
brief tenure, Mr. Yushchenko cut state funding, reducing corruption
and creating equal conditions that increased competition and
production. He also made serious efforts to crack down on bribe-taking
and reform the gas sector. He was removed in a no-confidence vote
organized by the oligarchic parties and the communists in April 2001.

Besides controlling parliament, the regime manipulates the press.
Hostile newspapers were shut down and independent journalists
threatened. Channel 5, the only independent TV station, has been
disconnected in one region after another, its managers subject to
arrest. At the same time, the non-resisting media has been controlled
by secret instructions from the presidential administration. So the
four state-controlled national TV stations ignored Mr. Yushchenko
during the election campaign while giving saturation coverage to Mr.
Yanukovich.

Finally, oligarchic control is enforced with contract killings. In the
'90s, Ukraine was the scene of hundreds of such killings, the victims
including journalists and politicians. Suspicions that the authorities
were themselves behind a large number of these killings were always
widespread. The event that, for many, removed all doubt, was the
murder of Georgy Gongadze, editor of Ukrainskaya Pravda, an Internet
publication that specialized in exposing corruption among oligarchs.
In November 2000, his headless body was discovered in the woods
outside Kiev. A month later, a leader of the socialist party played a
tape in parliament in which Mr. Kuchma is heard suggesting to aides
that Gongadze be got rid of: "Deport him. Let the Chechens kidnap
him." The tape was provided by a guard who secretly taped Mr. Kuchma's
office.

When the Soviet Union collapsed, the republics that emerged as 15
independent states shared an unenviable inheritance. Presented as an
economic system, communism, in fact, was an attempt to absolutize
political goals for the purpose of destroying morality. This
unprecedented attempt to substitute the man-made for the God-given
could not but destroy the sense of individual responsibility for
millions of people who lived in the former Soviet space.

A result of the absolutization of power in the former Soviet Union is
that democracy has taken root only in the Baltic republics. In the
other republics -- with the possible exceptions of Moldova and Georgia
-- elections exist to confirm a decision that the authorities have
already made. Until a few days ago, it appeared that Ukraine was about
to strengthen this tradition. It was symbolic of the cynicism of the
present Ukrainian leadership that the deputy head of Mr. Kuchma's
administration reacted to the apparent poisoning of Mr. Yushchenko
that has left his face pockmarked and partially paralyzed by
suggesting that he should hire a food taster.

The popular revolt against the falsified election results in Ukraine
has now spread from Yushchenko partisans to members of parliament,
journalists working for state TV, and even members of the security
forces. It could, if successful, reverse the relationship between
rulers and ruled in Ukraine in a way that is dramatic enough to change
the entire political psychology of the former Soviet space. It is for
this reason that Mr. Putin has been so adamant in congratulating Mr.
Yanukovich on his "victory." The example of a free Ukraine will
morally isolate the Russian leadership, making clear that Russia can
either join the civilized world or preserve authoritarian rule, but
not do both. In this, Ukraine may repay a country that brought it
communist enslavement with an example of freedom, and with the
preconditions for a new start.

Mr. Satter, affiliated with the Hoover Institution, the Hudson
Institute, and Johns Hopkins, is the author of "Darkness at Dawn: The
Rise of the Russian Criminal State" (Yale, 2003).

Wednesday, November 24, 2004

Ahora PDVSA es de Chavez


Esta extraña jugada que sacó a Alí Rodríguez de Pdvsa, llevándolo al ministerio de Relaciones Exteriores, y sustituyéndolo por Rafael Ramírez, quien, además, conserva su cargo en Energía y Minas, ofrece mucha tela que cortar.

El PPT, partido en el cual milita Alí, ha perdido en una semana dos de sus posiciones de poder: la presidencia de Pdvsa -con mucho el cargo más importante del país después de la presidencia de la República- y el ministerio de Salud y Desarrollo Social, de donde fue “renunciado” otro pepetista, el médico Roger Capella. Tal parece que Chávez estaría redimensionando la presencia del PPT en el gobierno, después que los resultados electorales del 31 de octubre mostraron que ese partido ocupa demasiado espacio burocrático para los 170 mil votos que a duras penas obtuvo. Con Educación, Salud, Ambiente, Pdvsa y la embajada en Washington, amén del canal 8, y dos gobernaciones, el PPT lucía con mucho más poder que el MVR. Todo indica que llegó la hora de reajustar el gobierno según una cierta proporcionalidad político-electoral. Un partido tan escuálido no puede pretender abarcar tanto.

Además, su rol protagónico el 13 de abril de 2002, mucho mayor que el del MVR, ya es parte de la historia y por tanto del olvido.

Pero, además, la salida de Alí indica también que perdió la pelea dentro de Pdvsa, así como el enfrentamiento con el ministro que ahora lo reemplaza. La alianza entre el MVR y el sector militar en la empresa terminó por derrotar al PPT, en esa sorda pero nada incruenta lucha entre las distintas facciones que chocan por el poder interno en la gallina de los huevos de oro.

Sin embargo, Alí ha recibido una compensación:
la cancillería, cargo para el cual, por cierto, está mucho mejor dotado que su antecesor, de quien Chávez, obviamente comprobó que no posee los atributos que exige el manejo de la política exterior del país. Pero cargo en el cual casi se puede apostar que Alí durará bastante menos de los dos años y medio que estuvo en Pdvsa.

Lo de Ramírez simultáneamente en Minas y en Pdvsa es un nuevo episodio surrealista en un gobierno que ha sido pródigo en ellos. Tamaña incongruencia sólo se puede explicar por la carencia de un sustituto inmediato para Alí Rodríguez porque de otro modo no se entiende. ¿Es para asegurar mayor control gubernamental sobre Pdvsa? Absurdo.

Pdvsa ha sido literalmente privatizada; es de Chávez, quien la maneja con una discrecionalidad que ningún empresario privado tiene sobre su empresa. A pesar de las inconformidades que Alí dejaba colar con la política petrolera oficial, nada podía hacer para modificarla. Ahora el presidente de la empresa, Rafael Ramírez, le rinde cuentas a la asamblea de accionistas, que está integrada por Rafael Ramírez, ministro de Energía y Minas.

El regulador de la empresa es a su vez el regulado.

Rafael Ramírez se despacha y se da el vuelto. Sin hablar de que los estatutos de Pdvsa (cláusula 19) prohíben explicita y taxativamente la presencia de ministros en la Directiva de la empresa. ¿Pero que es una raya más para el tigre de la “revolución” ?

Más creativo, imposible