First complete review of the "Codigo Chavez"

Eva Golinger Moncada has made a name for herself by investigating supposed illegal money donations from the US to some NGO in Venezuela. The controversy has not stopped her from writing a book, the "Codigo Chavez" [sic] where she supposedly exposes the role of the US in trying to get rid of Chavez. If certainly the US would like very much to see Chavez gone, that does not mean it is doing all what Golinger says it does. In this article, published on May 22 2005, El Nacional makes the first in depth examination of the controversial book and finds a few things that are not documented or that are plainly denied by the people accused. All that glitter does not seem to be gold.

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Opositores mencionados en El código Chávez niegan participación en conspiración de 2002
El libro de Eva Golinger es esgrimido por el Gobierno como la prueba rotunda de que Estados Unidos financió actividades golpistas durante ese año en Venezuela. No obstante, algunos de los directamente aludidos negaron formar parte de la desestabilización o haber recibido recursos de organizaciones gubernamentales del país norteamericano

ELIZABETH NÚÑEZ


Lo que sucedió en Venezuela antes y después de abril de 2002 no fue más que “el experimento del siglo XXI de la Agencia Central de Inteligencia”, concluye Eva Golinger en su libro El código Chávez: descifrando la intervención de Estados Unidos en Venezuela, escrito luego de solicitar la desclasificación de documentos confidenciales de organismos del Gobierno estadounidense.

Amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés), la autora se dio a la tarea de recopilar memorandos de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, informes de la CIA, cables del Departamento de Estado, documentos y comunicaciones del National Endowment for Democracy (NED), entre otros organismos, para sustentar su teoría: “La participación de Estados Unidos en el golpe de Estado y otros esfuerzos desestabilizadores en Venezuela es una intervención muy compleja y sofisticada, concebida por un gobierno con decenios de experiencia en cambios de regímenes”.

El resultado de la investigación, que comenzó en 2003, fue inicialmente publicado en su página en Internet (www.venezuelafoia.com) y posteriormente en el libro, impreso este año en Cuba por la editorial de Ciencias Sociales y dedicado a la memoria del fiscal Danilo Anderson, asesinado en noviembre de 2004.

El pasado 22 de marzo El código Chávez fue bautizado en el hotel Hilton por el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel; el ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, y el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez. Cientos de copias de la obra de Golinger, que según Rangel “arroja un chorro de luz en cada episodio vivido por los venezolanos”, han sido regaladas a los asistentes de varios actos gubernamentales.

Convincente en ocasiones, espejo del consuetudinario discurso de los voceros gubernamentales y en muchas oportunidades signado por la visión política de su autora, El código Chávez en realidad recoge apenas una versión de lo que pasó en el país.

Del bolsillo estadounidense


A través de una narración cronológica, la autora relaciona lo ocurrido en Venezuela y las posiciones políticas de quienes fueron financiados por el National Endowment for Democracy y el USAID con los hallazgos de los documentos para sustentar su argumento. Expone que las subvenciones aportadas por ambas organizaciones, que indica alcanzaron los 27 millones de dólares entre 2000 y 2005, fueron destinadas a partidos de oposición, organizaciones de la sociedad civil, la CTV y Fedecámaras. La autora argumenta que el financiamiento y el contacto entre los grupos, a los que se sumaron los medios y la Iglesia, pavimentaron el camino para las huelgas y protestas que, al fracasar, sólo dejaron abierta la opción del golpe de Estado.

Para Golinger, la información obtenida no sólo confirma que Estados Unidos sabía del golpe y no hizo nada para detenerlo, sino que además la CIA estaba “en contacto estrecho con los conspiradores”.

Una posible explicación: de acuerdo con un ex agente entrevistado por la autora, “75% de los empleados de las oficinas políticas de las embajadas estadounidenses está formado por oficiales de la Agencia”.

El fracaso del golpe de Estado, como apunta, no detuvo los esfuerzos desestabilizadores de Estados Unidos que costeó la propaganda antichavista transmitida por los canales durante el paro de diciembre 2002 y enero 2003 y el “plan consenso país”, además de apoyar la convocatoria a “elecciones anticipadas” a través del referéndum revocatorio, financiando a Súmate para ello.
Figuras clave


Muchos de los señalamientos de Golinger, sin embargo, no son compartidos por quienes fueron directamente aludidos. Entre incontables afirmaciones a lo largo del texto, la autora señala al general de división retirado (Ejército) Raúl Salazar como una de las “figuras clave” implicadas en el plan del golpe desde España, donde se desempeñaba como embajador. Salazar niega su participación y asegura que entre el 9 y el 12 de abril estuvo en Malasia e Indonesia cumpliendo una misión de la Cancillería y que de ello puede dar fe el entonces titular del despacho castrense, José Vicente Rangel.

Al referirse a la cooperación militar entre Venezuela y Estados Unidos, Golinger afirma que Venezuela se preciaba de contar con el mayor porcentaje de oficiales entrenados en academias en Estados Unidos. En este sentido, Salazar –el primer ministro de la Defensa del presidente Chávez– señaló que a las instituciones estadounidenses asisten militares de todo el mundo. Apuntó que de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional, alrededor de 130 oficiales, 40 suboficiales y 20 miembros de la tropa profesional reciben cursos en el exterior, no sólo en Estados Unidos.

“A ella le faltó decir que a esos cursos mandan a los que están en las primeras posiciones, los primeros de las promociones, ellos se ganan su beca y son enviados a entrenar”, aseguró el general, quien asistió al Command and General Staff College, en Fort Leavenworth, Kansas City. Indicó que entre los becarios también se encuentra el general Raúl Baduel, actual comandante general del Ejército: “Hay que preguntarle entonces a Baduel si en Fort Benning le enseñaron cómo derrocar y desestabilizar gobiernos. Más bien está muy marcada la subordinación militar al poder civil”.

No obstante, coincidió con la autora, quien señala que todos los oficiales en rebelión habían sido entrenados en academias estadounidenses, y aseveró que aproximadamente 96% de los militares “en desacuerdo” tenían cursos en el exterior “porque ocupaban los primeros lugares”.

A diferencia de Salazar, María Corina Machado, dirigente de Súmate, prefirió rechazar de plano afirmaciones de la autora, según las cuales la asociación civil utilizaba computadoras portátiles sustraídas de Pdvsa durante el paro o que entregaban a los firmantes tarjetas para que consignaran ante sus empleadores o de lo contrario quedarían cesantes. “Si me dedico a negar todas las cosas que dicen de nosotros, pasaríamos todo el día en eso”, afirmó Machado, quien agregó que aún no ha leído el libro.

Lo que sí aseguró Machado es que Súmate nunca recibió dinero del Instituto Demócrata Internacional (NDI por sus siglas en inglés), organismo adscrito al National Endowment for Democracy, que de acuerdo con la autora les donó 769 mil dólares para financiar todo lo relacionado con el referéndum.

En su libro, Golinger relata el episodio del intento de secuestro de la fiscal Luisa Ortega Díaz –encargada del caso contra Súmate– y acota que ocurrió el mismo día que se hicieron públicos los cargos contra la organización. A diferencia de la autora, la fiscal es tajante al afirmar que en su opinión los hechos no guardan ninguna relación: “Yo soy abogado y hasta que no tenga las pruebas en la mano no puedo asumir nada”.

Como miembro del “plan consenso país”, Diego Bautista Urbaneja también negó haber recibido recursos de instituciones estadounidenses y reiteró que el proyecto “no costó ni un centavo”, ni contó con el apoyo de financista extranjero alguno.

De acuerdo con Carlos Ocariz, diputado y dirigente de Primero Justicia, su partido tampoco recibió financiamiento internacional. A lo largo de un capítulo titulado “IRI da origen a Primero Justicia”, la autora argumenta que el Instituto Republicano Internacional moldeó, formó, desarrolló la imagen y el mensaje del partido a través de talleres de entrenamiento. En El código Chávez se afirma además que el IRI canalizó “cientos de miles de dólares” a Primero Justicia provenientes del NED y el USAID y que dinero de esta última, destinado al proyecto Petare, fue empleado por el partido en la comunidad, donde Ocariz “iba de puerta en puerta por los barrios, semanas antes del referéndum, y ofrecía 150 mil bolívares y una bolsa de alimentos para que votaran por el Sí”.

A nombre de la organización, Ocariz aseguró que sólo han intercambiado ideas con partidos de otros países. “Primero Justicia no recibió ningún financiamiento, ni de un partido político ni de empresarios de afuera. Que nos den dinero para hacer campaña nunca ha pasado, es más, creo que esas organizaciones no lo dan”.

Negó además la injerencia del NED o el IRI en la formación de la dirigencia del partido: “Ni creo que es la intención de ellos adoctrinar, ni nosotros somos tan débiles para dejarnos adoctrinar.

Tenemos nuestro propio pensamiento, nuestra forma de ver las cosas, y no necesitamos que nadie venga a decirnos como pensar”.

Asimismo, desmintió los señalamientos de Golinger sobre el proyecto de Petare y afirmó que nunca repartieron dinero ni comida en esa localidad, pues en el partido no creen en esos mecanismos que perpetúan la pobreza. “Creo que es una falta de respeto pensar que porque se lleva plata a un barrio, uno va a tener adeptos. Eso es jugar con la conciencia y la dignidad de quienes viven allá y habla de la inmensa ignorancia que tiene esa señora sobre los barrios de Petare”, indicó.

Por su parte, los funcionarios del programa Venezuela: iniciativa para la construcción de confianza –programa que según la autora fue abierto por la Development Alternatives Inc. bajo contrato con el USAID, y que habría costeado las propagandas de la Coordinadora Democrática durante el paro– dijeron no estar autorizados para hablar con la prensa y negar o confirmar las informaciones.

Lujo de detalles


Más allá de las visiones particulares, algunos de los documentos incluidos en el libro aportan datos reveladores. Un informe desclasificado de la CIA, fechado el 6 de abril, advierte, entre otras cosas, que los militares descontentos planeaban un golpe de Estado con posibilidades de fracasar.

Una vez que el Presidente fue devuelto a Miraflores, la Embajada de Estados Unidos en Caracas recibió guías de prensa emitidas por el Departamento de Estado, que ofrecían a los funcionarios una cartilla de respuestas oficiales “si se les preguntaba” por sus contactos con los protagonistas del golpe de abril.

A pesar de los 16 documentos incluidos en la edición del libro, otros 17 textos citados no fueron anexados. Aunque Golinger indica que se pueden encontrar en Internet, aún no están disponibles en su página web pues está en remodelación.

Asimismo, la autora destaca algunas informaciones sin mencionar fuente alguna, o en casos como el de las donaciones de USAID, no se incluyen los documentos que la originaron. Quizás muchos de los textos omitidos esperan ser publicados en una segunda parte conjuntamente con nuevos datos y posiblemente entre ellos estén los documentos de la CIA referentes a Súmate, cuya desclasificación fue negada por la agencia y a su vez apelada por la autora.


FICHA TÉCNICA
Ley de Libertad de Información
Freedom of Information Act (FOIA)


La ley: la FOIA fue aprobada el 4 de julio de 1966 por el entonces presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, y estableció el derecho público (no limitado a ciudadanos de ese país) de obtener información de las agencias federales de Gobierno. En 1974, el Congreso estadounidense sancionó el Privacy Act, ley que permite a los ciudadanos solicitar al Poder Ejecutivo todos los registros que mantenga sobre su persona.

Funcionamiento:


para desclasificar documentos las personas deben elaborar solicitudes que serán respondidas en un lapso de 20 días hábiles. De ser negada la petición se podrá apelar, recurso que además debe ser respondido en 10 días hábiles. El solicitante deberá correr con un gasto mínimo para cubrir los costos generados por la búsqueda y procesamiento de la información. Si la petición es negada injustamente, los ciudadanos podrán llevar su querella a una corte de distrito, que de fallar a favor del solicitante, podrá disponer que el Estado corra con los gastos del litigio.

Excepciones:


ambos instrumentos legales tienen excepciones a la hora de desclasificar información.

En el caso de la FOIA, se establecen nueve excepciones en casos que involucren intereses de defensa nacional o política exterior, secretos comerciales, comunicaciones internas privadas, registros relacionados con la administración de justicia y aquellos documentos que, de conocerse, vulneren la privacidad de las personas, entre otros. Con estas limitaciones, algunos documentos pueden ser desclasificados parcialmente.

En Venezuela:


aunque el vicepresidente José Vicente Rangel ha manifestado su deseo de que Venezuela cuente con una ley de libertad de la información, en el país este derecho se limita a los principios consagrados en la Constitución de 1999. El artículo 51 consagra el derecho de todo ciudadano de dirigir peticiones a las autoridades públicas sobre asuntos que sean de su competencia y a obtener una respuesta. Mientras tanto, el artículo 28 establece el derecho de hábeas data, equivalente a lo consagrado por el Privacy Act estadounidense.

Dato curioso:


más de 4.000 reportajes fueron publicados durante el año 2003 en Estados Unidos con información obtenida a través de la FOIA.

Fuentes:


Freedom of Information Act Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999 Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington (http://www.gwu.edu/~nsarchiv/inde x.html)

Descifrando a Eva Golinger

Mucho se ha dicho sobre la abogada venezolano–estadounidense Eva Golinger y su vínculo con el gobierno de Hugo Chávez. En los reconocimientos de su libro –donde además afirma que al escribirlo fue amenazada de muerte– Golinger responde al ex asistente del secretario de Estado para América Latina Otto Reich, quien la señaló como “una agente del gobierno de Chávez”, y sostiene que pagó la investigación de su propio bolsillo, y que de ser agente de alguien es del pueblo, “que lucha denodadamente por alcanzar un mundo más armonioso y justo”.

La abogada de 32 años de edad, que cursó Artes Liberales en el Sarah Lawrence College, en las afueras de Nueva York (1994) y posteriormente obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad de Nueva York afirmó en una entrevista que por curiosidad asistió a una manifestación frente al consulado de Venezuela en Nueva York durante los días del paro, entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, y que fue así como empezó su interés por el proceso bolivariano.

Posteriormente, luego de asistir al Primer Encuentro Bolivariano de Solidaridad con la Revolución, fue contactada por el ahora ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, para que prestara asesoría legal en la Oficina de Información de Venezuela en Washington, despacho encargado de “educar al público acerca de la Venezuela contemporánea” –como se indica en su página en Internet– o, como han criticado sus detractores, de contrarrestar los comentarios negativos acerca de la revolución bolivariana en el exterior.

Además de apoyar abiertamente el proyecto político del presidente Chávez, de quien dice que es un “brillante líder” en su libro, Golinger ha ejercido como abogada de inmigración en Estados Unidos. De madre venezolana, nació en una base militar en Virginia, Estados Unidos y vino por primera vez al país en 1993, a la búsqueda de su familia, oriunda de Mérida.